El procurador delegado, Francisco Bustos, advirtió este jueves que la Fiscalía no ha logrado probar que el exjefe sucreño de las desmovilizadas Farc, Jesús Santrich, haya interferido en su proceso de trámite de extradición a los Estados Unidos.
'Por las pruebas hasta ahora presentadas no se puede inferir que Seuxis Paucis Hernández Solarte haya intentado o buscado interferir en el trámite del proceso de extradición en su contra', dijo.
El pronunciamiento se dio durante la continuación de la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra la supuesta red señalada de aparentemente vender procesos en la JEP, diligencia que se cumplió en el Juzgado 22 de Control de Garantías de Bogotá, el mismo despacho que decidirá el próximo jueves 14 de marzo si los cinco detenidos van a la cárcel.
Para el representante del Ministerio Público, si bien hay evidencias para determinar que los detenidos se estaban concertando para cometer delitos, no es claro que estos estén relacionados con el proceso de Santrich.
'En toda esta evidencia no se encuentra nada que permita vincular este tema con el caso de Jesús Santrich (…). No hay claridad de cómo llegó el asunto de Santrich al interior de este caso. ¿Cuál era el interés de la fuente en plantear ese tema, quién es la fuente y qué contactos previos tuvo?', dijo Bustos.
La Procuraduría, no obstante, avaló la solicitud de medida y pidió, en consonancia con la Fiscalía, detención en establecimiento carcelario por los delitos de concierto para delinquir, cohecho y prevaricato –que no fue imputado- para el ex fiscal de la JEP, Carlos Bermeo; el exsenador Luis Alberto El Tuerto Gil y el líder político Luis Orlando Villamizar.
'La Fiscalía ha dicho que la medida de aseguramiento contra estas personas debe imponerse de manera urgente, y es así, para impedir que hagan obstrucción a la justicia, y sobre todo por los otros miembros de la red que no habrían caído', indicó.
Ana Cristina Solarte –pareja de Bermeo-, para el delegado, solo actuó como coautora del delito de cohecho, por lo que se le debe imponer medida no privativa de la libertad y, además, solicitó excluir del proceso a Yamit Prieto, conductor de Gil.
Consideró así mismo el procurador que no está acreditada la comisión del punible de tráfico de influencias por parte de los cinco aprehendidos.
'Esto se ha prestado para afectar a la JEP, y lo que hay es el comportamiento aislado de un funcionario', puso de presente el representante del Ministerio Público.
Finalmente, se apartó de la tesis de la existencia de una organización para el tráfico de drogas a Italia y dijo que no se acreditó por parte de la Fiscalía que el negocio se concretara.
La Fiscalía ha dicho que la DEA denunció la existencia de la supuesta red que vendía procesos en la JEP y por ello el ente investigador infiltró la organización, que a cambio de US$2 millones iba a retrasar trámites en la extradición de Santrich. La defensa asegura que todo es un montaje y que no se trató de un agente encubierto sino de uno provocador, que inicialmente les proponía a los detenidos averiguar información del estado del proceso de Santrich.
El magistrado Hormiga
El fiscal General Néstor Humberto Martínez aseguró el jueves que el magistrado José Miller Hormiga, de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, aparece mencionado en los audios del caso.
No obstante, precisa que 'se han mencionado varios nombres pero no hay evidencia'.
El togado, de inmediato, citó a rueda de prensa, negó los nexos con la supuesta red y dijo que 'la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP no tiene ningún conocimiento de los trámites de garantía de no extradición, tampoco tiene competencia directa sobre exmiembros de las Farc que se han sometido a la JEP. Mi sala se ocupa de miembros de la fuerza pública, otros agentes del Estado y terceros'.
Hormiga representa a las comunidades indígenas en la JEP y antes de entrar al tribunal de paz era asesor jurídico del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric.
El magistrado tiene una licenciatura en Literatura y Lengua Española, de la Universidad del Cauca, y es abogado de la misma alma mater.
Fue abogado de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Territorial Cauca y personero de Piendamó y Timbío, ambos en Cauca.
No tenía competencia. Óscar Muñoz, defensor del fiscal de la JEP, Carlos Bermeo y de su pareja, Ana Solarte, aseveró que su cliente no tenía ni la competencia ni la facultad para retrasar el proceso de extradición del sucreño Jesús Santrich, exjefe de las desmovilizadas Farc.
'El fiscal Bermeo no tenía ni competencias ni la facultad para retardar la extradición de Santrich, y por eso la Fiscalía no lo ha podido acreditar. (...) Un fiscal de apoyo tiene la mínima jerarquía en la JEP, son meras manifestaciones las de Bermeo', dijo el abogado.
Frente al episodio de la carta de solicitud de pruebas para la extradición, que iba dirigida a EE.UU., pero que terminó en Panamá, el legista afirmó que lo que se escucha en los audios es 'carreta' del fiscal del sistema de justicia transicional.
'La Fiscalía no ha acreditado que las funciones del fiscal incluyan la posibilidad de retrasar la carta de Santrich. Lo único que hay son manifestaciones falsas de Bermeo. Es decir, si Bermeo dice que mató a Pedro Pérez, ¿también lo procesamos por homicidio? (...) La demora de la carta de Santrich se ocasionó en el correo 472. Y así lo dijeron la ministra de Justicia y la presidenta de la JEP. No pudo ser el fiscal. Hay una empresa dedicada a eso. ¿En dónde está la prueba de que Bermeo hizo lo de la carta?'.
Y acerca de los señalamientos del negocio de drogas, Muñoz dijo que el mexicano, puente con el agente infiltrado, según la Fiscalía, es quien habla sobre el asunto.
'En las transcripciones aparece el mexicano respondiendo, sin que le pregunten nada, 'un contenedor'. Luego en el audio hay ruido ambiente. Y es el mismo mexicano quien habla de 120 kilos, sin que nadie diga de qué se tratan esos kilos. ¿Es un agente encubierto? No. Es un agente provocador', concluyó.
Finalmente, critica el acervo probatorio del ente acusador: 'Sorprende que la Fiscalía habla de una organización pero no tiene un mapa jerárquico, una distribución de funciones o roles, ni sabe quiénes son los jefes. Y tampoco se ha acreditado que estuvieran delinquiendo desde antes'.
Las pruebas son ilegítimas
Gabriel Porras, defensor del exsenador Luis El Tuerto Gil, advirtió este jueves que las pruebas contra la supuesta red que al parecer vendía procesos en la JEP, son 'ilegítimas', porque fueron recopiladas 'por un agente provocador'.
'¿Quién se dio a la tarea de citar las reuniones?, ¿quién paga la plata?, ¿cuál es su amparo legal? Si antes del 25 de febrero hubo visitas a Gil, ¿cuál es el soporte de dicha actividad? El 27 de febrero de 2019 es la fecha de la resolución que autoriza el agente encubierto en este caso. Entonces, antes de esa fecha no actuó un agente encubierto sino un agente provocador, propio de la justicia norteamericana. En Colombia no está permitido inducir el delito en las operaciones encubiertas', dijo el jurista.
Y agregó que, por lo tanto, 'las pruebas de la Fiscalía contra Gil y mi defendido Yamit Prieto y demás, son ilegítimas, nulas de pleno derecho. Se vulneran la intimidad, las comunicaciones y el domicilio. El agente provocador actuó rayando el derecho penal'.
Puso de presente además Porras que hubo motivaciones políticas del Estado en este caso.
'Es satánico cuando se induce a alguien a cometer un delito, y es execrable cuando esto lo realiza un agente del Estado, y además por motivos políticos, dentro del caso del desmovilizado Santrich', indicó.
