Los presidentes de las altas cortes de Colombia inauguraron el primer panel del V Encuentro Nacional de la Jurisdicción Disciplinaria y I Encuentro Nacional de Altas Cortes, que se adelanta en Barranquilla hasta este viernes, con un mensaje acerca de la garantía de los derechos humanos para los colombianos.
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Durante un primer turno, el presidente del Consejo Superior de la Judicatura recalcó que la autonomía judicial es la que permite la garantía de construcción de un estado social de derecho.
“Yo creo que la judicatura tiene todo lo que ha se ha visto con la autonomía de la mano comercial como soporte, cerca de todos los jueces de la República, pero creo que esta autonomía depende un manejo del presupuesto. Esperamos que algún día así sea más tarde que nunca se haga efectiva la ley estatutaria del presupuesto de rentas y recursos del capital donde contemos con un presupuesto por mandato legal que no requiera estar en un lugar permanente con el programa de Corte Público”, declaró.
En ese sentido, mencionó que: “la idea es que desde la judicatura no tenga que depender de que se hace, sino que cada quien haga su trabajo asegurado bajo el mandato de la ley y pueda actuar con total independencia, sin interferencia externa pública”.
Al respecto, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ternera habló sobre la defensa de la separación de poderes en el país para defender los derechos de la ciudadanía.
“La voluntad autónoma de la separación de poderes pretende dar seguridad y garantías a la ciudadanía, y eso implica acercarnos a la justicia, lo que venimos haciendo en materia penal con la lucha contra la trata de personas, el maltrato animal; la protección los derechos humanos, los temas laborales, la economía del cuidado, y la eficacia en el traslado de las pensiones. La gente nos escucha y hay que seguir hablando de los temas que los protegen”, explicó.
Mientras tanto, Luis Alberto Álvarez, presidente del Consejo de Estado, señaló que esta institución es la garante de que haya una buena gobernanza en el país.
“A través de la acción electoral tenemos a cargo verificar la legalidad de los nombramientos de las elecciones por voto popular o aquellas que se efectúan por cuerpos electorales. Tenemos un rol de ser el supremo consultivo del gobierno, para que cumpla la tarea fundamental de hacer una buena administración pública una realidad”, dijo.
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De esta manera, se refirió al nuevo papel del Consejo de Estado en “precaver litigios y prevenir los daños, esa una panorámica muy amplia que refleja el compromiso de esta jurisdicción con un país donde los derechos sean la previsión fundamental y donde la justicia sea el servicio de la paz y de las libertades”.
Por su parte, desde la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, el mensaje fue claro: “el Estado somos todos. Las autoridades y particulares deben estar sometidos al orden constitucional. La tarea es establecer cuáles son esas funciones a las que nos debemos para nuestros derechos, y cómo sujetarnos a ellas. Nuestra corte es la orientadora, la que define los parámetros, y la que establece a su turno unas reglas de comunicación exponencial para que todos, como jueces constitucionales, garanticemos una buena administración.
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