El pasado 6 de octubre la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios aseguró que la tarifa de energía de la empresa Air-e —intervenida por el Gobierno hace un año a través de esta entidad— bajó un 25 %, calificando esta reducción como un hecho “histórico”.
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Según la entidad, lograr que el kilovatio/hora pasara de estar en agosto de 2024 a $1.072 —destacando que era una de las más altas en el país en ese momento— a $796 en septiembre de 2025, fue gracias a la articulación institucional entre el Ministerio de Minas y Energía, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), la Superservicios y la comercializadora Air-e.
En ese sentido, el Superintendente Felipe Durán señaló que “el marco de la intervención redujo también otros costos asociados a los componentes de la tarifa de energía, tales como el desmonte del régimen tarifario especial, el ajuste del cargo de comercialización y la ampliación del plazo de la opción tarifaria”.
El Gobierno también destacó que el mecanismo de contratación directa con los generadores, establecido por la Resolución 101-082 de 2025 de la Creg, ha contribuido a estabilizar los precios y a garantizar el cumplimiento de los contratos y los pagos.
Si bien es cierto que el valor de la facturación de Air-e, que atiende a cerca de 1.3 millones de usuarios en los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira, el crédito por esta reducción no es solo del Gobierno nacional, sino en un trabajo en el que se deben tener en cuenta muchos factores.
Así lo aseguraron varios expertos consultados por EL HERALDO, los cuales agregaron que la disminución reportada por la Superservicios obedece a una combinación de varios de ellos, ya que el sistema eléctrico en la región Caribe es altamente complejo e interdependiente. Además, atribuyeron la reducción a la participación de actores públicos, privados y mixtos.
Para los consultados, atribuir el resultado a una sola causa es impreciso y no refleja la realidad del mercado energético.
Un ajuste técnico
El experto en temas energéticos, César Uparela, fue el primero cuestionar el anuncio del Superintendente, alegando que la reducción es más un efecto técnico y no por la gestión de esta entidad.
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Recordó que la primera “reducción” visible en la factura se vio luego de que el primer interventor de Air-e, Carlos Diago, a través de un acto administrativo, decidió diferir la opción tarifaria —a la cual únicamente restaban solo tres meses por cancelar— a 10 años. Es así que este cobro pasó de estar alrededor de 500 pesos a estar hoy en cerca de 13 pesos.
“Esa medida redujo temporalmente el valor del kilovatio hora a unos $805, por lo que los usuarios percibieron una baja en sus recibos. Sin embargo, esa disminución no fue real, sino un ajuste contable y financiero. En otras palabras, la tarifa no se redujo, solo se reprogramó el pago: bajó por tres meses, pero los usuarios deberán asumir ese valor durante una década; es un aspecto técnico que crea confusión”, dijo.
Uparela enfatizó que, de acuerdo con los análisis que él hace mes a mes a la facturación, en los estratos 1 y 2, donde no se cobra opción tarifaria, el valor del servicio ha aumentado un 5,2 %.
“En síntesis, las tarifas no han bajado. Lo que ha ocurrido es un ajuste técnico y financiero que se interpreta erróneamente como una reducción”, recalcó.
Decisiones judiciales
En esa misma línea, Norman Alarcón, coordinador de la Liga de Usuarios de la región Caribe, aseguró que el Gobierno no “cuenta la historia como realmente ocurrió”.
Alarcón se refiere a que la Superservicios menciona el desmonte del régimen tarifario especial como uno de los factores para que las tarifas hayan bajado, pero no explica que esto fue gracias a una orden del Tribunal Administrativo del Atlántico.
“El desmonte del régimen tarifario especial no fue una decisión del Gobierno, sino una orden judicial impulsada por los usuarios”, insistió.
El líder de los usuarios recalcó que el alivio del bolsillo de los usuarios ha sido gracias a la lucha de la misma comunidad, los gremios y las fuerzas vivas de la región Caribe.
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“Durante más de cinco años venimos insistiendo en la derogatoria de ese régimen, y finalmente se logró a través de una acción popular presentada por los personeros distritales de Barranquilla, Santa Marta y Riohacha”, señaló Alarcón.
Recordó que dicho régimen, incluido en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Iván Duque, y que se extendió en el actual Plan de Desarrollo del presidente Gustavo Petro, fue un esquema reglamentado para Air-e y Afinia, el cual introdujo tres elementos que explican por qué las tarifas en la Costa Caribe subieron por encima del promedio nacional.
Estos elementos son: el traslado a los usuarios del costo de las pérdidas eléctricas asociadas a hurtos y fraudes, el cobro anticipado de las inversiones futuras y una sobretasa del 20 % en el componente de comercialización, cargos que no se aplican en otras regiones del país.
Es de anotar que estos cobros quedaron sin efecto, gracias a que el Tribunal Administrativo en agosto de 2024 decretó medidas cautelares para que la Creg tomara medidas y comenzara a desmontar gradualmente este régimen. Precisamente, es desde esa fecha que se observa en una gráfica presentada por el superintendente cómo las tarifas comenzaron a reflejar una tendencia a la baja.
Al respecto, el personero de Barranquilla, Miguel Ángel Alzate, recalcó que esta baja se debe a 17 medidas regulatorias que comenzaron a entrar en vigor tras la orden judicial.
Entre esas medidas, el personero destacó la eliminación del cobro de las pérdidas técnicas y no técnicas; este último se refiere a los fraudes o robo de energía al sistema por parte de los usuarios —que en el resto del país no se cobra—, y representaba cerca de 90 pesos por kw/h.
Este componente adicional que estaba dentro del Plan de Pérdidas por Inversiones estaba destinado para las empresas que surgieron luego de la liquidación de Electricaribe, que conllevó a la entrada en operación de las empresas Air-e y Afinia para atender el mercado energético del Caribe colombiano.
El propósito, en cuanto a las técnicas, era modernizar la infraestructura de las redes eléctricas y usar la tecnología para mejorar la prestación del servicio, evitando las interrupciones de la energía.
Sin embargo, ante este incumplimiento por parte de la empresa, el cobro de este componente fue eliminado.
Factores climáticos
En ese sentido, otro experto en temas energéticos, Javier Lastra, explicó que la regulación permite que las empresas cobren por anticipado y después se comprometan a hacer las inversiones.
“En este caso, cuando se dieron cuenta de que no se están haciendo las inversiones, pues les toca bajar. La disminución del cobro correspondiente a las pérdidas de energía se debe al incumplimiento del plan de pérdidas por inversiones”, reiteró.
Lastra también señaló que la disminución se debe al componente de generación, teniendo en cuenta que el precio de energía en bolsa ha bajado.
Esto se debe a que, entre otros factores, después del fenómeno de El Niño de 2024, los embalses mostraron un crecimiento progresivo en su nivel de llenado. Al cierre de ese año alcanzaron el 68 % de su capacidad y, para agosto de 2025, el nivel agregado llegó al 82,75 % de la capacidad útil, superando en 7,45 puntos porcentuales la senda de referencia (75,30 %) establecida por la Creg.
Ese mismo mes, XM informó que la generación hidráulica con embalse aportó el 80,82 % de la energía dentro del total renovable del país, que fue de 87,94 %. Esto, reconoce el sector, se logró gracias a la gestión operativa “prudente” por parte de XM y los generadores.
Sostuvo además que “si bien el régimen tarifario no ha terminado, la tendencia a la baja responde a factores externos y circunstanciales más que virtud o estrategias de la compañía”.
¿Riesgo de un apagón?
Lastra, al igual que líderes gremiales y otros expertos, aseguró que por el momento la prestación del servicio de Air-e sigue ineficiente, con unas deudas que van en ascenso, una infraestructura que permanece deteriorada, lo que hace que un riesgo de apagón esté más latente que nunca.
Insistió en que la reducción de tarifas en la Costa Caribe debe analizarse con detenimiento, diferenciando entre las medidas coyunturales y las soluciones estructurales.
Air-e, intervenida en septiembre de 2024, ha tenido cuatro interventores, pero a la fecha ninguno ha logrado resolver la compleja situación financiera reflejada en una deuda acumulada de 1.4 billones de pesos.
Por eso han advertido los expertos y líderes gremiales que, en caso de que el Gobierno decida liquidar a la empresa Air-e, tendría que enfrentar graves consecuencias debido al pago inmediato de las deudas, lo que representaría un fuerte impacto fiscal y presionaría aún más el déficit del país.
Para algunos agentes de este sector, es necesario que haya una mayor oferta de energía para cubrir la alta demanda, con la puesta en marcha de los proyectos de generación y transmisión, los cuales, advierten, presentan retrasos significativos para la confiabilidad del sistema.
“La solución debe ser integral, mejorar la calidad del servicio sin comprometer la sostenibilidad de la empresa. Para ello hay que apelar al aporte económico de todos los actores de la cadena energética y de los gobiernos nacional y territoriales si pretendemos lograr ese objetivo, puntualizó Lastra.
SIC aprueba cambios a sobretasa al componente de comercialización
El personero Miguel Ángel Álzate explicó que el paso final para eliminar por completo el régimen tarifario especial consiste en suprimir la sobretasa del 20% aplicada al componente de comercialización, lo que significaría una reducción cercana a 50 pesos por kilovatio hora.
Este ajuste depende de que la Creg expida la resolución correspondiente, toda vez que ya recibió el concepto de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
Con la eliminación de este cobro adicional —que se realizaba exclusivamente en la región Caribe— también se dejaría de aplicar un 20% adicional a nivel nacional y se retirarían los 300 puntos básicos correspondientes a la cartera. En conjunto, estas medidas representarían para los usuarios de Air-e una disminución aproximada del 40% en ese componente tarifario.
