La Contraloría General de la República reveló que el desmonte del antiguo puente Pumarejo, que aún permanece en el río Magdalena, tendría un costo aproximado de $110.000 millones, recursos que deberían ser asumidos por el Instituto Nacional de Vías (Invías).
La cifra se conoció durante una mesa de trabajo en Barranquilla, donde la vicecontralora en funciones, Lilibeth Aguilera, explicó que, aunque ya se tiene claridad sobre el valor de la demolición, el proceso enfrenta importantes vacíos. Entre ellos, la ausencia de licencia ambiental, la falta de trámites ante la Anla y la inexistencia de una hoja de ruta oficial para iniciar el proyecto.
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“Se niegan a utilizar mecanismos como el usual de explosivos para desmontar el puente. Lógicamente eso será un tema que deberá ser objeto de determinación de distintas autoridades y saber cuál es el mecanismo que se va a utilizar. Lo que ha expresado la Contraloría es la seria preocupación que tiene el órgano de control debido a que ese puente comprende una inversión significativa de recursos”, dijo.
Aguilera precisó que la Contraloría ve con seria preocupación que la permanencia del antiguo puente limite la navegabilidad de embarcaciones de gran calado en el río Magdalena. De igual manera, encendió las alertas sobre el futuro del nuevo puente Pumarejo, inaugurado en 2019 con una inversión cercana a los $800.000 millones, debido a que la falta de decisiones frente al desmonte de la antigua estructura amenazaría con convertir la moderna obra en un “elefante blanco”.
“El nuevo puente no está prestando la funcionalidad para la cual fue construido. La permanencia del antiguo puente sigue bloqueando la navegabilidad del río y, en consecuencia, pone en riesgo que esta megaobra se convierta en un elefante blanco”, advirtió Aguilera.
En la reunión sostenida este jueves en la capital del Atlántico participaron delegados del Invías, la Alcaldía de Barranquilla, la Gobernación y la Contraloría, pero hicieron falta actores clave como el Cormagdalena, la Anla y los gremios económicos vinculados al transporte fluvial.
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La funcionaria indicó que se han escuchado propuestas como la posibilidad de desmontar parcialmente la estructura para conservar un tramo con fines turísticos. Sin embargo, aclaró que no existe un documento formal que defina tiempos, responsabilidades ni fuentes de financiación adicionales.
“Lo importante es garantizar que esta gran inversión no pierda su razón de ser. El puente debe cumplir con la función para la cual fue construido: mejorar la navegabilidad y la competitividad del río Magdalena y de toda la región Caribe”, concluyó Aguilera.
Aguilera aseguró que el objetivo de la Contraloría es convocar a todas las partes para diseñar un plan de trabajo que permita definir quién aporta los recursos, cuál será el cronograma y de qué manera se ejecutará el desmonte.
