La Superintendencia Nacional de Salud, a través de la resolución 2025420000006846-6, ordenó la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa de la ESE Universitaria del Atlántico (ESE UNA).
La medida se aplicará, de forma inicial, por un periodo de un año, de acuerdo con el documento de 26 páginas que fue conocido por EL HERALDO. Es decir, estará vigente hasta el 19 de agosto de 2026 ante la crisis financiera y administrativa que ha arrastrado la entidad.
Tras una auditoría adelantada en el mes de marzo, la Superintendencia Delegada para Prestadores de Servicios de Salud identificó una serie de hallazgos que reflejan “una falta de cumplimiento de las disposiciones que rigen la gestión administrativa, financiera y contractual de la entidad, lo que impacta de manera negativa la adecuada prestación de servicios de salud”.
Entre algunos de los aspectos desglosados se encuentra que la ESE UNA no reconoce sus pasivos ni sus gastos y costos de conformidad con el marco normativo que le aplica y “en consecuencia no cuenta con información financiera relevante ni representa fielmente los hechos económicos”.
Por tal motivo, las cuentas por pagar a contratistas no fueron reconocidas en el periodo en el cual se prestaron efectivamente los servicios por parte de la entidad y existen registros contables que no corresponden o no explican los hechos económicos sucedidos en cada periodo.
Asimismo, los costos asociados a la prestación de los servicios de contratistas no fueron reconocidos en los periodos correspondientes aun cuando el mismo podía medirse con fiabilidad en razón a la existencia de contratos con honorarios pactados.
Además, la auditoría arrojó que desde la entidad no se garantizan las condiciones laborales justas y dignas que generan estabilidad del personal que trabaja en la entidad. A eso se suma que se incumplen disposiciones de la normatividad vigente al no contar con el talento humano necesario para los servicios habilitados y tener usuarios que son sujetos de especial protección constitucional en los servicios de internación, sin garantías de atención integral.
Y aunque la ESE UNA presentó un plan de mejoramiento a finales de abril, este no fue aprobado debido a que “las actividades y acciones planteadas así como los tiempos y responsables de la ejecución no apuntaban a subsanar los hallazgos identificados”.
Un mes después, las directivas de la entidad radicaron un nuevo plan de mejoramiento y se determinó que no estaba direccionado a subsanar los hallazgos, en especial, el compnente de riesgo.
En ese sentido, la Supersalud concluyó que se evidencia que la ESE UNA se encuentra incursa en una de las causales establecidas para la toma de posesión de los bienes de las entidades vigiladas. De tal manera, el Comité de Medidas Especiales recomendó que se ordenara la toma de posesión y la intervención forzosa administrativa.
Designan nuevo agente interventor
En dicho documento también se confirma la designación del cesarense Fredys Miguel Socarrás Reales como agente interventor de la ESE UNA, quien a partir de la fecha de su posesión ejercerá las funciones de representante legal.
“Tendrá la guarda y administración de los bienes que se encuentren en poder de la entidad junto con los demás deberes y facultades que le asigne la ley, y ejercerá las funciones propias de su cargo, de acuerdo con lo previsto en las normas del Sistema General de Seguridad Social, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y demás normas que sean aplicables”, se lee en un aparte de la resolución.
Entre las primeras responsabilidades que asumirá Socarrás corresponde a la elaboración de un inventario preliminar de los activos y pasivos de la entidad. Para tal proceso contará con un periodo de un mes, el cual deberá ser presentado posteriormente a la Supersalud.
En ese sentido, la entidad le ordenó al agente interventor que “dentro del término dispuesto en el artículo primero de la presente resolución ejecute las acciones necesarias para superar las situaciones que dieron lugar a la intervención forzosa administrativa para administrar la ESE UNA”.
Asimismo, dentro de los 30 días calendarios siguientes a la intervención deberá presentar el plan de trabajo de la intervención, el cual “debe contener las actividades a realizar con miras a subsanar los hallazgos que dan origen a la presente medida”.
Algunos antecedentes
Es de anotar que una de las principales problemáticas de la ESE UNA corresponde a cinco contratos suscritos con aliados a un término de 15 años, en los cuales se va casi el 80 % de lo facturado mensualmente por la entidad, que además tiene problemas en la recaudación y esto hace que no pueda cobrar eficientemente lo generado.
Los contratos a los que se hace referencia y que están ‘amarrados’ desde el momento de la creación de la empresa son los siguientes y que en su momento este medio dio a conocer. El primero corresponde al servicio de UCI por valor de $354 mil millones concedido a la UT UCI Pediátrica y Neonatal.
El contrato de servicios farmacéuticos por valor de $241 mil millones entregado a la UT Servicios Farmacéuticos del S&D. Así mismo, el contrato de imágenes diagnósticas por un monto de $303 mil millones para la Sociedad Ayudas Diagnósticas del Atlántico.
Otro es el aliado para alimentación, por un valor de $173 mil millones pactado con el aliado Servicios de Alimentos N.P. y, finalmente, para el laboratorio clínico por el orden de los $85.563 millones con la UT ESE UNA.
