La comunidad del Canal del Dique, representada en ciudadanos del sur del departamento del Atlántico y el norte de Bolívar, impetraron acción de tutela contra el presidente de la República, Gustavo Petro, así como de varios de sus ministros y la empresa concesionaria Sacyr, para que procedan a realizar en el menor tiempo posible los procesos para atender la emergencia ambiental que se vive en ese sector de la región Caribe.
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La tutela fue aceptada para su estudio por parte del Consejo de Estado y de momento no concede medidas cautelares ante las peticiones de los afectados. La misma fue presentada por los ciudadanos Uriel Ávila, Margarita Vargas De la Rosa y Félix Peluffo Escobar.
Además del presidente Petro, los otros mencionados en la acción de tutela son los ministerios de Agricultura, Ambiente y Trasporte, la Agencia Nacional de Infraestructura y el concesionario de las obras para el canal del Dique, Sacyr.
Los derechos tutelados por parte de los ciudadanos son “a la vida, a la igualdad, a la seguridad personal y de petición”, los cuales consideran fueron vulnerados.
Uriel Ávila, expresó que “hemos venido haciendo un llamado a las entidades departamentales, nacionales, y también municipales, debido al mal mantenimiento de los canales de drenaje. Vimos cómo el gobernador se atrevió a decir en los medios que habían limpiado 150 kilómetros de canales de drenaje y de riego, lo cual es totalmente falso. En las limpiezas que han hecho, no han llegado ni siquiera a los 75 kilómetros de canales. Inclusive, para nosotros como campesinos, nosotros consideramos esto como una burla”.
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Además, Ávila hizo un “llamado también al gobierno nacional y departamental a que tomen cartas sobre el asunto. ¿Cómo es posible que todavía ellos no tengan un estudio de la Gaceta Número 6, que nos tocó a nosotros como comunidad solicitar a la sociedad de ingenieros y a la empresa Cisco que vinieran a hacer unos estudios? Y no vemos solución de parte, no ha comenzado una sola obra, pero sin embargo vino la Gobernación diciendo entre los medios que tenían maquinaria que estaban haciendo y no están haciendo absolutamente nada por el canal del Dique”.
En corto tiempo el Consejo de estado tendrá que pronunciarse si le concede las pretensiones a los ciudadanos.
