Un futuro poco alentador se vislumbra para Air-e. Líderes gremiales de distintos sectores y expertos del sector energético han venido advirtiendo desde el año anterior que no existe una solución clara para enfrentar la crisis de la empresa.
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A la crítica situación financiera que enfrenta la compañía, la cual, no ha mejorado tras su intervención en septiembre de 2024, se le suma el hecho de que el Fondo Empresarial —que sería su ‘tabla de salvación’— no cuenta con los recursos necesarios para “rescatarla”.
Así lo confirmó la auditoría financiera que realizó la Contraloría General de la República al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos para la vigencia 2024.
En el informe se establecieron diez hallazgos administrativos, de los cuales cinco tienen presunta incidencia disciplinaria y tres más incidencia fiscal en cuantía de $593.737 millones.
De esta cifra el hallazgo de mayor cuantía es por $593.352 millones. Este se configuró por la omisión de la actualización e indexación de sumas pactadas en contratos suscritos con la empresa Electricaribe, que se encuentra en liquidación.
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Durante la auditoría se identificó que en varios contratos suscritos de Electricaribe se evidenció que el Fondo “no ejecutó los procedimientos correspondientes ni adoptó medidas para garantizar el recaudo oportuno, lo que podría haber comprometido la adecuada gestión de los recursos públicos involucrados”, señaló la Contraloría.
Se trata de los contratos 134, 141 y 146 suscritos con Electricaribe S.A. E.S.P., en los cuales no se aplicaron las disposiciones que establecen los plazos pactados, las actualizaciones con una tasa igual al IPC del año inmediatamente anterior y los correspondientes intereses moratorios, indicó el ente de control.
Sostuvo, además, que pese a que los contratos incluían cláusulas específicas para el ajuste financiero de los montos prestados, “el Fondo no efectuó dicho procedimiento ni adoptó acciones para garantizar el recaudo oportuno, lo cual generó un deterioro del valor de los recursos públicos comprometidos”.
$161 mil millones disponibles
En el ejercicio realizado por el ente de control se evidenció que, al corte del 31 de diciembre de 2024, los ingresos del Fondo Empresarial cayeron en cerca del 90 % al pasar de $1.56 billones en 2023 a $161 mil millones en 2024, es decir, que en tan solo un año tuvo un déficit de $1.4 billones.
Además, en los gastos hubo un incremento del 7.42%; sin embargo, los excedentes del ejercicio, se evidenció una disminución por el 47.53% con relación a la vigencia 2023.
Esto significa, que este saldo es insuficiente para cumplir con las obligaciones laborales y operativas de las 13 empresas del sector que están intervenidas, —incluyendo Air-e—, y así confirmó el superintendente Yanod Márquez durante un debate político al que fue citado en mayo de este año, al advertir que el Fondo no cuentan con los recursos suficientes.
Cabe recordar que a finales de abril la ex agente interventora de Air-e, Diana Bustamante, le solicitó a la Superservicios un “salvavidas financiero” para cumplir las obligaciones con las generadoras y proveedores, y mantener la operatividad en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.
Voces de expertos
El exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, dijo que para Air-e, la Superintendencia de Servicios Públicos en lugar de ser parte de la solución se ha convertido en el problema”.
Y advirtió que podría ser en la primera “ficha en caer de un efecto dominó que nos conduzca a una crisis sistémica, que arrastre consigo a los demás eslabones de la cadena, ahora en la cuerda floja, mucho más difícil de sortear”.
Por otro lado, Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), explicó que la actual situación de Air-e es más por una falta de previsión y de gestión por parte de la Superintendencia de Servicios.
Recordó que en 2017, cuando se intervino Electricaribe, la Nación logró gestionar recursos por casi 2 billones de pesos, porque sabía que, al intervenirla, la empresa tenía que seguir funcionando y debía seguir pagando sus obligaciones diarias con el sector eléctrico.
“Hoy, la situación sigue siendo preocupante y seguimos viendo que Air-e continúa acumulando deudas con el sector. Y lo más grave es que no hay un horizonte claro: ni recursos para el fondo, ni un plan organizado por parte de la Superintendencia para solventar la situación de forma estructural”.
Castañeda advirtió que si vuelve el verano, los precios en bolsa van a subir y esa deuda se va a disparar nuevamente, “alcanzando los niveles que se veían mes a mes antes”.
A su turno, la directora ejecutiva de Asoenergía, Sandra Fonseca, dijo que más allá de la responsabilidad fiscal y administrativa, lo más preocupante para el sector es que no se tenga claro un “plan para la liquidación” y por el contrario se esté pidiendo un plan de mejoramiento.
“Es preocupante que el manejo del Fondo no sea claro y transparente porque afectaría los recursos disponibles para asegurar el funcionamiento de las empresas intervenidas hasta el momento de la solución final y definitiva”, puntualizó la líder gremial.
Así operó el Fondo durante la intervención de Electricaribe
El analista de energía, Javier Lastra, explicó que es a través del Presupuesto General se le pueden inyectar recursos al Fondo Empresarial. Puso de presente lo ocurrido durante la intervención de Electricaribe.
“El Estado —a través del Tesoro Nacional— le prestaba al Fondo Empresarial, y este, a su vez, le prestaba a Electricaribe. El Ministerio de Hacienda giraba al Fondo, y este, mediante contratos de mutuo, pagaba a los generadores y comercializadores”, dijo.
