Reducir las tarifas de energía en el Caribe no ha sido una tarea fácil. Pese a las múltiples promesas del Gobierno nacional, los usuarios siguen sin ver un menor costo en sus facturas. Por este motivo, desde el Ministerio de Minas y Energía se está socializando el borrador de un proyecto de ley que no solo tiene la intención de lograr una focalización de los subsidios mediante una correcta estratificación, sino que también pretende hacer una modernización de todo el sector energético.
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En ese sentido, una de las medidas incluidas en el borrador corresponde a que la deuda de la opción correspondiente a los usuarios de estratos 1, 2 y 3, pueda ser asumida por aquellos con mayor capacidad de pago. Es decir, los usuarios de los estratos 4, 5 y 6, así como del sector comercial e industrial.
De igual manera, otro de los puntos establecidos corresponde a que “cuando el consumo promedio de un usuario subsidiado supere el doble del consumo de subsistencia, se deberá reasignar el estrato a uno sujeto de contribuciones”.
De esta manera, el texto especifica que los ahorros logrados con esta medida se deben destinar al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a financiar proyectos “en el marco de la transición energética”.
Con respecto a esto, José Camilo Manzur, presidente de Asocodis, mencionó que si bien esta es una buena medida, hay que calibrar cuál sería ese nivel de consumo.
“Creemos que es bueno que el consumo se tenga en cuenta, pero hay que calibrar bien esa medida, y que ese ajuste se haga de manera gradual para minimizar los impactos a los usuarios, ya que en Colombia hay unos niveles de pobreza energética bastantes grandes”, dijo,
Agregó, además, que en el caso del Caribe hay que darle un manejo diferente a este tipo de medidas. “Hay mucha diferencia en las regiones, porque en el Caribe hay niveles de pobreza energética más grandes y cualquier tipo de solución a la energía eléctrica en este sector debe ir mucho más allá de un tema tarifario o de un operador de red, llevamos más de 20 años con diferentes operadores y sigue la dificultad, así que hay mirar hacia las condiciones socioeconómicas de la región”.
Ahora bien, surgen interrogantes sobre si estas medidas y el ahorro que planean generar para los usuarios resolverán la insuficiencia de recursos para el pago de las deudas de la empresa Air-e.
Problemática de Air-e
De acuerdo con la Contraloría General de la República, a cargo de Carlos Hernán Rodríguez, la crisis administrativa y financiera de la empresa Aire-e ha puesto en evidencia las principales fallas en los esquemas de subsidios que ha planteado el Gobierno nacional durante los últimos 30 años para la región Caribe.
“El Gobierno Nacional desde 1994 no ha logrado diseñar un esquema de prestación eficiente y sostenible del servicio de energía eléctrica para el Caribe. La coyuntura actual que afecta a Air-e, que ya viene en un trabajo de intervención, consiste en un impedimento de suficiencia que amenaza a llevarla a la insolvencia y que se debe a la opción tarifaria, el aplazamiento de los pagos de facturas o ahorro a los colombianos más pobres por la pandemia. Así las cosas, el tema principal cuando se habla de entregar subsidios es la demora por parte del ejecutivo en su entrega y eso hace imposible una eficiencia en la administración de la empresa”, dijo.
Además, el funcionario detalló que: “cualquier propuesta para garantizar la eficiencia de Air-e o Afinia debe controlar el riesgo de insolvencia que hay por los subsidios del año en desarrollo que están aún sin pago, ni presupuesto asignado, así como las deudas que tienen las entidades territoriales como alcaldías y gobernaciones con Afinia, las cuales asciende a $341 mil millones al cierre de 2023”.
Por su parte, John Maya Salazar, presidente de Empresas Públicas de Medellín (EPM), hay que mirar lo que el Gobierno propone con el nuevo proyecto de ley y buscar la sostenibilidad de las empresas que garantizan el servicio.
“Es muy frecuente que con todos los problemas que vienen pasando en el sector energético se busque las maneras de alivianar las tarifas, pero tenemos que pensar en garantizar la sostenibilidad, porque de nada sirve meter recursos sin cesar, tiene que ser algo sostenible y eso se genera con las tarifas y de los subsidios”, expresó.
Debate para el proyecto
Menos palabras y más acciones. Esta es la posición que asumen algunos senadores de la República ante un posible debate del borrador de proyecto de ley que se viene socializando desde el Ministerio de Minas y Energía para reducir las tarifas en el territorio nacional.
En el caso de Paloma Valencia, si se quiere visualizar la crisis de energía como una problemática nacional, hay que hablar con todos los actores del país.
“Yo creo que los colombianos tienen una idea rarísima de que es que uno para cambiar las cosas tiene que escribirlas, pero no, uno para cambiar las cosas tiene que hacerlas, que es lo que le pasa al presidente Petro, que él quiere dejar todo por escrito y no ha hecho nada. Uno no soluciona con leyes, uno soluciona con acciones. Aquí hay que destinar unos recursos de la nación, hay que sentarse a hablar con alcaldes y con gobernadores de toda la región y poner una plata para solucionar lo de la deuda de subsidios”, comentó.
Hay conflicto también por otros puntos que plantea el documento como lo son eliminar el cargo de confiabilidad. De acuerdo con el senador Carlos Meisel, esto dificultará la llegada de nuevos generadores de energía al país.
“Esa es la principal causa de las altas tarifas de energía en el Caribe: la ausencia de oferta en generación. Hay que aumentar la oferta. Eso se ha dicho de todas las formas posibles y con todas las palabras”, recalcó.
Otros aspectos del proyecto
El borrador del Ministerio de Minas y Energía contempla también adoptar una serie de mecanismos tarifarios diferenciales para empresas públicas, que permitan “promover la estabilidad tarifaria y garantizar la accesibilidad a la energía eléctrica de forma asequible y justa”.
En ese sentido, la contratación de energía se plantea como una política pública que permita limitar la exposición de los usuarios regulados de las empresas públicas del Estado o grupos de empresas, así como se insta a implementar mecanismos que contribuyan a garantizar la confiabilidad y la estabilidad tarifaria en el servicio.
Además, se proyecta reducir el sesgo en la venta de energía para la demanda regulada “a través de mecanismos estandarizados para la compra de energía por parte de las comercializadoras que atienden a estos usuarios”.
Por otro lado, el documento propone cambios en la composición de la Creg. De tal manera que se incluye a un experto como representante de la academia, que será nombrado por el presidente para períodos de 4 años.
También se agrega a un representante de los usuarios y de los sindicatos, ambos tendrán dedicación exclusiva y deben ser elegidos por un concurso público adelantado por una universidad.
Por su parte, los expertos comisionados deberán sumar una experiencia de cinco años en cargos de dirección o coordinación en asuntos energéticos en entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales; o haberse desempeñado en otros asuntos energéticos.
Socialización del proyecto
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, comenzó con la socialización de este proyecto de ley sobre tarifas de energía eléctrica en Valledupar el pasado jueves; sin embargo, la iniciativa no solo será objeto de discusión en la región Caribe, sino que también estará al alcance de la ciudadanía antes de su radicación en el Congreso de la República.
El funcionario resaltó que se irán recogiendo las propuestas de la ciudadanía y gremios para la construcción de un proyecto que garantice la prestación del servicio de energía de manera eficiente, asequible y justa.
