Pago de tasa de seguridad, ¿en vilo en inmuebles arrendados?

Más dudas que certezas se entretejen alrededor de la decisión adoptada por la empresa Air-e de realizar el cobro de la tasa de seguridad como un concepto aparte en la factura del servicio de energía, permitiendo así que el usuario sea quien decida si realiza el correspondiente pago.

Para los líderes gremiales y expertos en el departamento, varias son las inquietudes que aún no tienen respuestas frente a esta medida, que se empezó a implementar a partir del presente mes.

Silvia Padilla, presidenta de la Lonja de Propiedad Horizontal en Barranquilla, aseguró que la decisión de la empresa Air-e conllevará a “traumas” frente a la gestión de los servicios públicos en los edificios y conjuntos residenciales de la ciudad.

“No se está dando una solución al problema de las altas tarifas de energía. Lastimosamente no existe una cultura ciudadana alrededor del pago de los impuestos, por lo que habrá conflictos en la propiedad horizontal frente al pago de este tributo”, expuso la líder gremial.

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Para Padilla, la situación también puede complicarse en el caso de los inmuebles en calidad de arriendo, puesto que los arrendatarios podrían tomar la decisión de no pagar la tasa de seguridad, convirtiéndose en una obligación que deberá asumir el dueño del predio.

“Habrá muchos casos de arrendatarios que le dejarán pendientes las obligaciones a los propietarios, porque solamente van a pagar el servicio de energía. Es un impuesto que va a seguir y la gente no lo va a entender. Eso va a generar conflictos”, recalcó Padilla.

Luis Ruiz, abogado experto en servicios públicos, cuestionó que no ha habido pedagogía alrededor de la medida y los efectos que tendría su aplicación: “Con dejar de pagar, no desaparece la obligación; al contrario, se van a generar intereses, se van a generar sanciones, se pueden desarrollar procesos de cobro coactivo y va a ser una situación más gravosa”.

También se refirió a la situación de los predios en arriendo, siendo enfático que actualmente existe un vacío legal frente a quien corresponde esta responsabilidad. Puso de presente que previamente era asumida por el arrendatario, pero que esta coyuntura conllevaría a que no sea obligatorio.

“En los actuales contratos de arrendamiento no está previsto ese pago, puesto que se cobraba con el servicio de energía; ahora se puede trasladar esa responsabilidad al propietario, porque no puede hacerse exigible mediante una demanda por parte del arrendador, porque no está legitimado para el cobro”, explicó el experto.

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A pesar de estos escenarios, el jurista recomendó a los ciudadanos a que se hagan los pagos correspondientes, así como instó a la Gobernación del Atlántico y a la empresa Air-e para que de manera concertada se busque una solución que no genere afectaciones ni perjuicios a la ciudadanía y a los distintos sectores de la economía.

Aunque la compañía indicó que esta medida fue implementada para dar cumplimiento con la normativa vigente con relación al cobro de otros conceptos, las autoridades departamentales no han ocultado su preocupación debido a que la decisión fue adoptada de manera unilateral, a pesar de las mesas de trabajo que se venían adelantando para tomar una decisión al respecto.

Rachid Nader, secretario Jurídico del Atlántico, fue enfático al exponer que se vienen adelantando los trámites para solicitar a la empresa, por medio de una acción de cumplimiento, que cumpla con este proceso tal como se encuentra establecido en una ordenanza.

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El funcionario expuso que se está realizando una revisión exhaustiva del Estatuto Tributario para determinar las diferentes vías que permitan garantizar el recaudo de este tributo. Entre ellas, no se descarta la utilización del mecanismo de cobro coactivo a los deudores.

“Se generaría una deuda fiscal y por ende daría lugar al cobro coactivo por parte de la Secretaría de Hacienda, tal y como se hace con cualquier otro tributo departamental: impuesto vehicular, impuesto al consumo, impuesto al deporte, registro, estampilla y demás”, dijo.

Expuso que la mencionada ordenanza establece de manera expresa que los responsables deben liquidar, recaudar y declarar la tasa de seguridad de forma mensual, incluyendo los intereses percibidos, en los plazos y condiciones fijados por la Secretaría de Hacienda.

El funcionario puso de presente que los recursos que son recaudados por concepto de la tasa de seguridad son utilizados para financiar proyectos como la construcción de estaciones y comandos de Policía, así como la dotación de la fuerza pública y construcción de entornos públicos seguros.

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Además, el secretario Jurídico del departamento recordó que se han comprometido vigencias futuras con base a este tributo, lo que podría llevar al departamento a una situación fiscal “bastante riesgosa. Es de anotar que para este año se espera recaudar cerca de $174 mil millones, teniendo en cuenta que el año anterior se recaudaron alrededor de $168 mil millones.

Norman Alarcón Rodas, coordinador de Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios en la costa Caribe, expresó su respaldo a la decisión de la empresa Air-e, debido a que “la seguridad ciudadana es un asunto que le compete al Estado, es decir al Gobierno nacional, al que toda la ciudadanía le paga bastantes impuestos, varios de ellos regresivos e invisibles, como el IVA, que lo paga hasta el más pobre”.

Puso de presente, además, que el cobro de este tributo se convierte en un “golpe” a la mayoría de ciudadanos en medio de la crisis económica que estamos atravesando: “La situación se complica porque esta tasa de seguridad fue pignorada por varios años por parte del gobernador, cuando ya se veía venir este tipo de decisiones por parte de la empresa”.

Alarcón se mostró de acuerdo con el planteamiento hecho desde varios sectores para que la empresa y la Gobernación del Atlántico traten de concertar una salida a la situación de acuerdo a la legalidad y la conveniencia para todas las partes.

La interventora de la empresa Air-e, Diana Bustamante, fue enfática al defender la medida y aseguró que se constituye en un “paso importante” para que los usuarios tengan claridad de los conceptos que paga en su factura de energía mensualmente.

“Para el caso de la tasa de seguridad y convivencia ciudadana se hicieron diferentes mesas de trabajo con la Gobernación del Atlántico, para que esta entidad asumiera directamente el cobro de este tributo, así como también reconsiderara las tarifas que se fijan para algunos usuarios”, dijo.

Mencionó, además, que se vienen sosteniendo reuniones con alcaldes para abordar el cobro del impuesto de alumbrado público. Con relación al servicio de aseo, enfatizó que “son las empresas que lo prestan las que deciden seleccionar a Air-e como el agente a través del cual se factura y recauda este servicio”.

Bustamante recalcó que la tarifa de este tributo es fijada por la Asamblea, mientras que para el caso del impuesto de alumbrados públicos la tarifa la fija los concejos municipales y en el caso del servicio de aseo la tarifa la define la regulación respectiva y la empresa que lo presta.

La factura de energía de la empresa Air-e, a partir del mes de mayo, cuenta con un diseño nuevo, que comprende tres cupones. El primero corresponde a la facturación del servicio de energía, alumbrado público y aseo, en las poblaciones en donde aplique, sin el costo de la tasa de seguridad.

El segundo cupón tendrá los anteriores conceptos (energía, alumbrado público y aseo, más la tasa de seguridad, la cual aplica sólo en el departamento del Atlántico).

Mientras que el tercero corresponde a todos los conceptos, más las deudas que tenga pendiente por cancelar.

La Procuraduría General de la Nación dio a conocer que se evidenciaron “serias deficiencias” en el manejo que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) ha dado a la intervención de la empresa Air-e, que se encarga del servicio de energía en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.

En seguimiento a la intervención a Air-e, el Ministerio Público lideró una mesa de trabajo para atender inquietudes relacionadas con los argumentos que tuvo la entidad para intervenirla.

Según el informe, durante la reunión “la Superservicios no fue clara en sus explicaciones ni sustentó con suficiencia los informes financieros solicitados por el organismo de control; tampoco entregó datos concretos de las deudas a los acreedores ni del seguimiento que ha hecho a la empresa luego de haber sido intervenida”.

Entre las presuntas irregularidades detectadas, el ente de control señaló que, a varios meses de haber asumido el control de Air-e, la Superintendencia no ha elaborado un plan definitivo para garantizar la continuidad del servicio ni ha evaluado los impactos de la intervención. Tampoco pudo precisar el monto de la deuda que mantiene la empresa con las generadoras de energía, ni detallar su patrimonio y activos.

Adicionalmente, aseguró que la Superservicios ha incumplido las órdenes del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que solicitó información detallada sobre los análisis que sustentaron la modalidad de toma de posesión de la empresa.