El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, a través de una carta enviada a la agente interventora de Air-e, Diana Bustamante, le solicitó el “cumplimiento inmediato” de las obligaciones que le asisten como responsable del recaudo de la tasa de seguridad y convivencia ciudadana, de acuerdo con lo contemplado en el decreto de ordenanza 487 de 2024.
Esta misiva la envió el mandatario departamental luego que conociera, a través de un comunicado de la empresa Air-e, la inclusión de un cupón por separado para que sea el usuario quien decida si paga o no este tributo.
Verano señaló que, antes de entrar a realizar las precisiones jurídicas del caso y a explicar las razones por las cuales “la inconsulta decisión vulnera el ordenamiento jurídico”, quiere expresar su enérgico rechazo “a una decisión que fue tomada unilateralmente por Air-e S.A.S. E.S.P. y que no fue socializada con el Departamento del Atlántico como principal afectado con dicha determinación”.
En la carta subrayó que en reiteradas ocasiones la Gobernación le manifestó a la compañía que los recursos provenientes de la tasa de seguridad y convivencia ciudadana contribuyen no solo a la consecución de los fines esenciales del Estado y a alcanzar los propósitos fijados en el Plan de Desarrollo 2024 – 2027, sino que además dejar de contar con ellos de forma intempestiva supondrían un gravísimo impacto fiscal para el Departamento.
El mandatario departamental reiteró su rechazo a la acción tomada por Air-e de no comunicarles esta decisión oficialmente por los conductos de comunicación que siempre han tenido entre la Gobernación y la empresa Air-e.
“Merece nuestro categórico y fundado rechazo ante tan displicente conducta, máxime cuando en meses recientes las puertas del diálogo y el consenso siempre han estado abiertas de nuestra parte, pero haciendo énfasis – eso sí – en que cualquier determinación siempre debe estar amparada por lo dispuesto en la normatividad vigente”.
Lo que más llamó la atención para el gobernador Verano y su equipo jurídico es que la decisión tomada por Air-e no fue acorde con mesas de trabajo que realizó con la empresa durante el tiempo en que el agente interventor era Edwin Palma.
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Al respecto Verano dijo que entre la empresa y el Departamento se venían desarrollando mesas de trabajo, “pero en las mismas jamás se ventiló y mucho menos se acordó esta decisión que bajo ninguna circunstancia hubiera sido avalada por nosotros, pues la misma implica el desconocimiento y la abierta transgresión a disposiciones jurídicas de obligatorio acatamiento”, indicó.
Finanzas en riesgo
Por su parte, el secretario Jurídico de la Gobernación, Rachid Náder, advirtió que ahora la gran preocupación radica en el riesgo en que se encuentran las finanzas de la Gobernación del Atlántico, toda vez que con el recaudo de la tasa de seguridad y convivencia ciudadana se financian los proyectos en materia del sector seguridad, construcción de estaciones de policía, construcción de comandos de policía, dotación de la fuerza pública, construcción de escenarios de entornos seguros bajo la figura de escenarios de convivencia ciudadana.
En todos estos proyectos, señaló, la Gobernación tiene comprometidas vigencias futuras con base en este tributo. “Es decir que quedarían expuestos los créditos que actualmente se tienen con las entidades financieras y llevarían al ente territorial del Atlántico a una situación fiscal bastante riesgosa”, indicó Náder.
En ese sentido explicó que al Distrito de Barranquilla se le han transferido recursos importantes por 300 mil millones de pesos para inversión en espacios seguros como escenarios de convivencia ciudadana, además giraron recursos por el orden de los 200 mil millones para los municipios del Atlántico en el componente de policía departamental, inversiones que se han hecho con cargo a la renta, pero comprometiendo crédito.
“Al poner en riesgo la renta de la tasa, por supuesto que esto nos genera una situación de alarma a la situación financiera”, advirtió Náder.
En cuanto al recaudo por tasa de seguridad, indicó que en el 2024 fue de cerca de 168 mil millones de pesos, y para este año la meta es alcanzar los 174 mil millones, con los cuales ya se habían comprometidos unas vigencias futuras.
Voces de otros sectores
Carlos Diago, ex agente interventor de Air-e, respaldó en diálogo con EL HERALDO la decisión de separar el cobro del servicio de energía de la tasa de seguridad.
Recordó que fue él mismo quien, durante su paso por la compañía en octubre del año pasado, anunció que este recaudo dejaría de incluirse en la factura de energía.
Diago afirmó que el cobro que se venía realizando junto con la factura de energía —como ocurre actualmente con el alumbrado público, que hoy recauda Triple A— es abiertamente inconstitucional.
“El servicio de energía está elevado a la categoría de derecho fundamental y cuenta con una protección constitucional. Por eso, ningún acuerdo puede estar por encima de la Constitución. Todas las leyes o disposiciones que no estén alineadas con ella, son de por sí carentes de legalidad”, puntualizó.
Pequeños comerciantes
Orlando Jiménez, presidente de Undeco, dijo estar de acuerdo con la decisión tomada por Air-e porque este cobro aumentaba la factura hasta un 40 %.
Afirmó que esta medida beneficia especialmente a los pequeños comerciantes.
“Es una buena opción, porque le permite al comerciante decidir si la cancela o no. Nosotros venimos, desde hace veinte años o más, insistiendo en que esas ‘arandelas’ que le cuelgan al recibo de la luz no estén ahí, ya que incrementan la factura”, explicó.
Nuevo diseño de factura
La empresa Air-e dio a conocer el nuevo diseño que recibirán los usuarios a partir de ahora. En ella se puede observar un cupón adicional a los que habitualmente tiene la factura, en este se señala el valor a pagar en “Total mes sin tasa de seguridad”.
