185 familias perderían sus subsidios de vivienda en Soledad

No hay peor sufrimiento que esperar algo que quizás nunca llegué, pero la esperanza es lo último que se pierde. Para las 300 familias que todavía faltan por recibir su unidad de vivienda en el Conjunto Residencial Puerto Campana, en el municipio de Soledad, unos invasores y ladrones de tierras son lo único que se interpone entre ellos y su sueño de tener vivienda propia.

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Cuando la Constructora Bolívar comenzó a levantar los primeros apartamentos de esta edificación en el año 2022, el cronograma de trabajo fluyó sin contratiempo alguno y nadie esperaba que no se pudiera terminar el proyecto; sin embargo, un día común y corriente como cualquier otro llegaron varias personas a reclamar una parte del predio donde se construían las 11 torres y zonas comunes que faltaban para culminar el complejo.

Desde ese momento en adelante todo se convertiría en un martirio para las familias, porque no solo el proceso legal para desalojar a estas personas se extendería con el paso de los años, sino que también muchas de ellas se dieron cuenta de que podían perder el subsidio del Gobierno Mi Casa Ya si no se logra terminar el proyecto este año.

“Es una situación complicada. En un principio se estaban entregando las viviendas con normalidad y luego todo se suspende por unos invasores. Yo hasta pagué toda la cuota inicial que me pidieron como requisito para apartar el apartamento, fueron ocho millones de pesos y todavía no se ha construido nada porque no hay un fallo legal que lo autorice. Lo peor es que mientras no se haga esto tampoco podré acceder a mi subsidio, lo cual me costó bastante en su momento porque no se lo dan a cualquiera”, comentó a EL HERALDO una de las personas afectadas por el lío jurídico.

Esta misma persona también manifestó: “De alguna manera se ve frustrado el sueño que tiene uno como persona para salir adelante. Estuve ahorrando por varios años y me tracé la meta de tener mi hogar propio, comprar mis muebles, y todo eso, pero todavía no avanza el proceso para construir las viviendas que faltan. Actualmente vivo en arriendo y quería darle una mejor calidad de vida a mis hijos para su futuro. Tengo aspiraciones de que sí podré hacerlo este año”.

Mientras tanto, otra persona afectada por la situación en el conjunto Puerto Campana relató que pudo ver con sus propios ojos a los invasores que la separan de sus posibilidades de tener una vivienda propia.

“Yo ingreso al conjunto con frecuencia porque tengo una amiga en el lugar y fue triste ver esas invasiones que hicieron al predio, porque son otros vecinos los mismo que nos quitan la chance de tener una casa propia. Yo soy estrato 1, es muy poco lo que tengo, y la verdad esta era mi única posibilidad de salir adelante”.

Con sorpresa recibió también la noticia de que podría perder su subsidio de vivienda: “Yo apenas estoy completando la cuota inicial del apartamento y nadie me había informado nada sobre las consecuencias de que no se termine la construcción”.

Las razones por las que el proceso todavía no ha tenido un fallo y estas personas siguen esperando su vivienda se debe a que desde hace cuatro meses está pendiente por resolverse un recurso de apelación por parte de la Secretaría de Gobierno de Soledad a una decisión que tomó la Inspección Quinta de Policía Municipal.

En principio, los invasores que llegaron al predio comenzaron acciones legales por presuntos actos de perturbación, así que se realizó una inspección ocular en el terreno por parte de la Inspección Segunda (hoy Inspección Quinta), donde la misma Constructora Bolívar presenta un escrito que pedía la nulidad de todo este proceso, ya que no podía adelantarse contra “personas indeterminadas”, cuando la propiedad era de un fideicomiso que pone a la constructora como fideicomitente.

“Se emitió un fallo de primera instancia a favor nuestro, que declara la perturbación del predio por parte de los invasores, pero estos apelaron y la Secretaría de Gobierno de Soledad dejó sin efecto el procedimiento de la Policía, y ordenó que vuelva a reinstalar al invasor dentro del predio porque supuestamente hubo violación del debido proceso por no haberlos notificado, pero todo el mundo lo estaba, hasta las personas indeterminadas, y hasta se expidieron todos los documentos pertinentes a la ley como matrícula inmobiliaria y escritura pública de transferencia del fideicomiso”, explicó José Lombana, abogado de Constructora Bolívar.

El jurista también resaltó que “en todo este trámite la constructora pone de presente que la Secretaría de Gobierno llegó a informar que en su base catastral aparece el predio en cuestión con un titular denominado Sociedad Valcasa S.A.S., la cual vendió a Constructora Bolívar el terreno, pero no solo eso, el mismo informe deja claro que el inmueble mencionado por el invasor en su querella no aparece registrado en la base oficial”.

Sumado a esto, Lombana fue enfático en que “hasta los anteriores propietarios del predio, denominado Farruca, habían obtenido amparos policivos por perturbación a la posesión. No entendemos por qué la Secretaría de Gobierno tomó esa decisión”.

Otra de las preguntas que se hizo el representante legal fue la razón por la que en su momento se resolvió un lío jurídico en la zona enmarcada del predio invadido para canalizar un arroyo, y no se pudo hacer lo mismo con las unidades de vivienda.

“La canalización de este arroyo se estaba viendo afectada por la invasión ilegal y tocó parar, pero como a la Alcaldía sí le interesaba sacar pecho por la obra entonces resolvió todo de manera rápida para este aspecto, y es que hay toda una malla vial que permanece inhabilitada para construir, pero que tiene tres entradas donde los invasores hicieron una pared posterior y empezaron a construir varias casas”, dijo.

Sin tener una respuesta a todos sus interrogantes sobre la decisión de la Secretaría de Gobierno, Lombana contó que se hizo una última apelación, la cual no ha tenido una respuesta en más de cuatro meses.

“El problema con el último fallo que ordenó a los invasores volver al lugar es que es incluso más inentendible que el anterior, porque este especifica que nadie es invasor, es decir, en realidad no tiene intención de resolver nada, porque hay un verdadero perturbador que son los que invadieron el predio de la constructora.

El litigante de la constructora manifestó, además, que oficialmente quedan por entregar 300 unidades de vivienda, pero 185 de estas son de personas con subsidio de Mi Casa Ya. “Ya hemos hablado con algunos afectados y sentido su preocupación por perder el subsidio. Lo que sucede es que si no se entrega esta unidad de vivienda en 2025 se pierde el beneficio, y lo peor es que no podrán acceder a otro porque no se puede entregar dos veces, entonces sí o sí tienen que esperar que se resuelva todo”.

Agregó que hay esperanza de que esto salga adelante jurídicamente y podamos empezar las obras este mes. También estamos hablando con los afectados para ver qué se puede hacer por ellos”.

Ante esta situación, esta casa periodística trató de contactar a la Alcaldía de Soledad para obtener más información sobre el caso o algún avance jurídico sobre la última apelación, pero no obtuvo respuesta.

Para José Lombana, abogado de Constructora Bolívar, es muy raro todo lo que está pasando alrededor del caso de invasión del predio para el conjunto de Puerto Campana, y confesó que el representante legal de los invasores fue puesto en custodia por las autoridades durante el entramado de robo de tierras que salió a la luz pública hace dos semanas, y que dejó como resultado 17 capturados, entre ellos exfuncionarios de la Alcaldía de Soledad, abogados, tramitadores y miembros de notarías.

En ediciones anteriores de esta casa periodística se dio a conocer que esta red de robo de tierras, que operaba principalmente en el municipio de Soledad y otras zonas del departamento del Atlántico, supuestamente se dedicaba al robo sistemático de tierras mediante falsificación de documentos, suplantación de propietarios y maniobras jurídicas ilegales.

Las autoridades revelaron además que la estructura criminal llevaba al menos dos años operando con total impunidad. A través de escrituras fraudulentas, registros adulterados y testigos falsos, los implicados lograban presuntamente apropiarse de terrenos públicos y privados, para luego venderlos a terceros de buena fe o simplemente reclamarlos como propios.

En detalle, estas actividades delictivas provocaron afectaciones en cerca de 277.000 metros cuadrados, los cuales fueron adquiridos fraudulentamente y posteriormente parcelados. Además, provocaron afectaciones a cerca de 1.800 familias que viven en las zonas afectadas, de estratos bajos, en Soledad.

El nivel de afectación de los propietarios de unidades de vivienda en Puerto Campana no se puede medir, pero todos han cargado con una cruz por la invasión que se hizo del predio.

De acuerdo con Constructora Bolívar, 800 familias que hoy habitan las torres del conjunto que se lograron construir no han podido disfrutar como corresponde de las zonas comunes porque estas iban a estar ubicadas en la zona actualmente invadida.

Adicionalmente, 120 trabajadores que iban a ser contratados para esta fase del proyecto también perdieron la opción de tener un empleo formal.

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