La Procuraduría General de la Nación suspendió de sus funciones a 11 concejales del Municipio de Río de Oro, al sur del Cesar, que en 2012 declararon persona no grata al Obispo de Ocaña, monseñor Jorge Enrique Lozano, tras la decisión del jerarca católico de destituir al párroco del pueblo.
La medida cobija con un mes de suspensión a ocho ediles y con dos meses a los tres restantes, al considerar el Ministerio Público que los concejales transgredieron las prohibiciones establecidas en los numerales 6 y 8 del artículo 4 de la ley 136 de 1994, que establece la imposibilidad que tienen los concejos de decretar actos de proscripción contra personas naturales o jurídicas y el tomar parte en el trámite o decisión de asuntos que no son de su competencia.
Los afectados con dos meses de suspensión son José Elí Santana, quien para la época de los hechos era el presidente de la corporación y los concejales Jhonny Peinado Flórez y Antonio José Meneses; mientras que los suspendidos por 30 días son Luis Fernando León Suárez, Wilson Arias Barbosa, José Emiro Zapardiel Quintero, Mauricio Guerrero Téllez, Alberto Atuesta Mindiola, Pedro Antonio Picón Rincón, Guzmán Alfonso Osorio Herrera y Juan Bernardo Cárdenas.
Ellos en su calidad de coadministradores aprobaron la proposición 002 del primero de febrero de 2012 para declarar persona no grata al clérigo, según indicaron, escuchando la queja de los habitantes de la localidad que rechazaron la destitución del cura.
'El pueblo nos abordó para pedirnos que declaráramos persona no grata al Obispo, y como ustedes saben el Concejo es la voz del pueblo y el pueblo es la voz de Dios. La gente de Río de Oro está inconforme con el Obispo por haber declarado insubsistente, sin ninguna justificación, a un ilustre de nuestro Municipio como lo es el reverendo Tulio Grimaldo, que es una eminencia', sostuvo el concejal José Elí Santana.
Dijo que los ocho concejales a los que se sancionó prácticamente cumplieron con el término, porque en este tiempo no hubo sesiones, entonces ahora como son mayoría pueden seguir, mientras los que fuimos cobijados con dos meses tendremos que esperar'.
Trascendió que el fallo será apelado ante la segunda instancia, en este caso la Procuraduría Regional de Cúcuta.
Monseñor Lozano, interpuso una acción de tutela que le correspondió al Juzgado Segundo Civil del municipio de Ocaña donde se decretaron tres días de arresto y una multa económica de tres salarios mínimos legales vigentes, además de obligarlos a derogar la proposición 002, contra los concejales que inicialmente no acataron la decisión, a lo que el Obispo presentó un recurso por incidente de desacato para obligarlos a cumplir.
