Las autoridades de salud realizaron la primera mesa de seguimiento para resolver fallas en la prestación de los servicios a los cordobeses.
La Corte Constitucional tumbó la orden de la Superintendencia de Salud de la intervención, hecha en abril del 2024.
El alto tribunal falló en una acción de tutela presentada por varias entidades del grupo Keralty.
Por pedido de la gobernación de Córdoba la Supersalud llegó al territorio a atender las quejas de los usuarios de las EPS, en especial de Nueva EPS y Sanitas.
La entidad aseguró que actuó con independencia y sustentó su decisión en incumplimientos técnicos y de gestión.