“La detención de estas personas en suelo salvadoreño carece de fundamento jurídico”.
La ONG venezolana Provea exhortó a revisar los procedimientos de deportación y expulsión.
Según la OIM, al menos un 10 por ciento de todas las muertes fueron violentas.
La ley 11 habría permitido que unos 800.000 residentes permanentes (con ‘green card’, en inglés) y los llamados ‘dreamers’ -beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) a Estados Unidos- votaran para elegir al alcalde y otros cargos municipales.
El gobierno de Maduro señaló que el ciudadano que salió de su país lo hizo en busca de “alternativas de vida” y no los convierte en “terroristas”, como apunta la Administración Trump.