En las últimas décadas, la participación de las mujeres en la política ha crecido en distintas partes del mundo. Cada vez más países promueven su presencia en los espacios de decisión, ya sea mediante cuotas, reformas legales o políticas públicas que buscan reducir las brechas históricas de representación.
Colombia no ha sido ajena a ese proceso. Para las elecciones legislativas de hoy, 1.234 mujeres se inscribieron como candidatas al Senado y a la Cámara de Representantes, lo que significa 39,2 % del total de aspirantes, el porcentaje más alto registrado hasta ahora y por encima del mínimo del 30 % que exige la ley de cuotas.
La cifra marca un avance en términos de participación femenina, especialmente en un país que, pese a los cambios institucionales y sociales, nunca ha tenido una mujer presidenta.
Desde la Constitución de 1991, Colombia ha aprobado más de 150 leyes orientadas a garantizar los derechos de las mujeres y las niñas, con el objetivo de fortalecer su presencia en distintos ámbitos de la vida pública.
Sin embargo, la participación política femenina sigue enfrentando barreras. Uno de los principales obstáculos es la violencia política de género. El estudio ‘3000 voces por la democracia’, realizado por la Mesa de Género de la Cooperación Internacional con el liderazgo de ONU Mujeres, la Embajada de Suecia, la Registraduría Nacional y la Defensoría del Pueblo, revela cifras que muestran la magnitud del problema.
De acuerdo con la investigación, el 78,8 % de las candidatas encuestadas afirmó haber sufrido violencia política durante el ciclo electoral, lo que significa que casi ocho de cada diez mujeres han enfrentado agresiones, ataques o intentos de deslegitimación por su participación en política.
Esto produjo que el 46,1 % de las candidatas hayan desistido a volver a presentarse a una elección después de vivir esta experiencia negativa.
“Ese es un dato de alta preocupación. Muchas mujeres que participaron en campañas o que hoy ocupan cargos de elección popular no quieren continuar en la política debido a las condiciones que enfrentan”, dijo a EL HERALDO María Inés Salamanca Vidak, representante de ONU Mujeres en Colombia.
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Entre las cifras más alarmantes está que el 25 % de las mujeres consultadas reportó haber sufrido agresión sexual en el contexto de su participación política.
“Hoy todavía necesitamos avanzar en la implementación de una ley que elimine la violencia contra las mujeres en la política. Si no avanzamos en garantizar que las mujeres tengan las mismas condiciones de participación que los hombres, estamos afectando la calidad de nuestras democracias”.
También se evidencia que 3 de cada 10 (30 %) señaló que su ubicación en listas para Asambleas y Concejos se dio sin criterios claros. “Muchas veces las mujeres son ubicadas en circunscripciones donde no tienen posibilidades reales de ganar o no se les da la oportunidad de encabezar las listas”, anotó Salamanca Vidak.
¿Qué acciones tomar?
Para Salamanca el primer paso debe ser la aplicación efectiva de la normativa existente. “El llamado al Estado es a una aplicación plena de la ley de violencia contra las mujeres en política, la Ley 2453 de 2025, que garantiza los derechos políticos de las mujeres en estas elecciones”, señaló.
Salamanca explicó que no basta con que la ley exista. También es necesario que se conozca y se aplique en todos los niveles institucionales. “Es necesario prevenir, atender y sancionar cualquier hecho de violencia, hacer seguimiento a la situación y un monitoreo permanente”.
Insistió en que muchas instituciones y organizaciones todavía no conocen plenamente esta normativa. “Es una ley relativamente nueva, pero necesitamos que sea ampliamente conocida por las organizaciones de mujeres, por las instituciones en los territorios y por las autoridades locales”, explicó.
Además, 3 de cada 10 (30 %) calificó el apoyo de su partido entre 1 y 3 (“nada de apoyo”). “Es importante que los propios partidos conozcan la ley y prevengan las posibles acciones o manifestaciones de violencia política”.
A esto se le suma otro factor estructural que es la carga de cuidados. El 93,1 % de las candidatas asumió responsabilidades de cuidado no remunerado durante la campaña, y para una de cada cuatro esto se convirtió en un obstáculo directo para postularse.
“Las mujeres siguen teniendo una sobrecarga muy alta de trabajo doméstico y de responsabilidades de cuidado, y esas tareas no están bien repartidas en la sociedad. Cuando se niega la justicia a las mujeres y a las niñas, se está limitando el acceso a los derechos en todos los ámbitos”.
Desventajas estructurales que limitan la participación femenina
Las cifras que muestran las dificultades que enfrentan las mujeres en la política colombiana reflejan la existencia de desigualdades estructurales que siguen marcando su participación en los procesos electorales. Luis Trejos, doctor en Estudios Americanos con mención en Estudios Internacionales, explicó que esta situación no tiene relación con las capacidades o la formación de las mujeres.
“No se trata de sus estudios ni de la ausencia de ellos, sino del hecho de ser mujeres”. Mencionó que uno de los aspectos más preocupantes es que muchas de estas situaciones empiezan a verse como algo normal dentro de la política.
“Lo más grave es que parece estarse presentando una naturalización o normalización de estas situaciones”. Estas dificultades terminan desmotivando a muchas mujeres a participar en procesos electorales. “Muchas veces las mujeres se abstienen o se marginan de forma voluntaria de participar”.
