En Colombia, las asambleas de copropietarios son el escenario donde se toman las decisiones más relevantes para la administración de los conjuntos residenciales y comerciales.
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Aunque suelen realizarse en los primeros meses del año, estas reuniones no siempre transcurren en calma.
Asimismo, estas asambleas son la máxima autoridad dentro de la propiedad horizontal y su papel resulta crucial para garantizar la “buena convivencia” y el adecuado uso de los bienes comunes.
Por eso, expertos recomiendan que los propietarios lleguen informados y participen activamente, recordando que el objetivo principal es el beneficio colectivo.
El marco legal que regula este sistema es la Ley 675 de 2001, que define la propiedad horizontal como una forma especial de dominio en la que se combinan derechos individuales sobre bienes privados.
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“La presente ley regula la forma especial de dominio, denominada propiedad horizontal, en la que concurren derechos de propiedad exclusiva sobre bienes privados y derechos de copropiedad sobre el terreno y los demás bienes comunes, con el fin de garantizar la seguridad y la convivencia pacífica en los inmuebles sometidos a ella, así como la función social de la propiedad”, dice el artículo 1°.
¿Pueden los propietarios tener locales comerciales en su apartamento?
Uno de los puntos que más controversia genera es el uso inadecuado de las viviendas. No es extraño que algunos propietarios intenten transformar sus apartamentos en locales comerciales, buscando generar ingresos adicionales.
Sin embargo, la legislación establece que cada propiedad debe ser utilizada según la destinación prevista en el reglamento del conjunto, salvo que la asamblea apruebe el cambio.
El artículo 18 de la ley prohíbe a los propietarios “realizar actos que comprometan la seguridad o la estabilidad de los edificios. Por ello, destinar un bien residencial a actividades comerciales sin la debida autorización puede acarrear consecuencias legales”.
Puede acarrear multas económicas hasta restricciones en el uso de las áreas comunes. Asimismo, la Ley 1388 de 1997 prevé multas sucesivas que pueden oscilar entre 70 y 400 salarios mínimos legales vigentes.
