Aunque la presidenta de la Comisión Cuarta del Senado, Angélica Lozano, de la Alianza Verde, ha dicho que la ponencia de tercer y penúltimo debate de la resucitada reforma laboral está lista y que solo se ultiman detalles, ha trascendido que aún hay una polémica al interior de la célula legislativa económica sobre los aspectos más álgidos del proyecto 2.0 del gobierno del presidente Gustavo Petro.
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Uno de estos asuntos controvertidos es el recargo nocturno, en el que se analiza la propuesta de que empiece a aplicarse desde las 7:00 p.m., incluyendo una tarifa especial para las micro, pequeñas y medianas empresas, mipymes. Y se plantea que el trabajo en domingos se remunere con un 100% adicional y en días festivos con un 75%.
También se baraja que las empresas con más de 10 empleados pagarían recargo nocturno después de las 8 p. m. en 2026 y desde las 7 p. m. en 2027.
Y se acoge una de las principales solicitudes de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, sobre regímenes excepcionales para sectores que operan en horarios nocturnos como bares, vigilancia y comercio.
Otro de los temas en cuestión es el de las plataformas digitales de reparto, en las que se permitiría que tanto las empresas como los trabajadores puedan definir de común acuerdo si el vínculo será mediante un contrato tradicional con subordinación o como trabajadores independientes.
De igual modo, en el articulado se mantendría la licencia menstrual propuesta, aunque se deberá presentar excusa médica para asistir a las citas médicas. Y permanece la figura de estabilidad reforzada enfocada en mujeres embarazadas y personas en condición de discapacidad, así como la priorización del contrato a término indefinido.
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El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, ha dicho que el tiempo previsto para la discusión es adecuado y que, si se mantiene el ritmo de trabajo, la reforma podría salir adelante en cuatro semanas, antes de que acabe la legislatura el próximo 20 de junio.
“Ojalá que la reforma no se hunda porque el tiempo para discutirla es suficiente de acuerdo con las programaciones de tiempo y de trabajo de la presidenta de la Comisión, Angélica Lozano”, señaló el dirigente gremial.
Por su parte, Rodolfo Correa, presidente de Acopi, que agremia a las micro, pequeñas y medianas empresas, dijo este viernes en la emisora Blu Radio que aunque es evidente que la situación actual requiere ajustes, la reforma sigue siendo negativa y, en sus palabras, “hemos escogido el mal menor”.
Agregó en este sentido que “muchas de las microempresas, que representan el 93,7% del total de empresas activas en el país, no pueden soportar las cargas adicionales que la reforma impone”, por lo que hizo un llamado a la “sensatez” a los legisladores, sugiriendo que se debe “excluir a las microempresas de ciertas disposiciones, como el recargo nocturno”, y enfatizó la necesidad de un “enfoque gradual en la implementación de cualquier cambio que afecte el costo del trabajo”.
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“No podemos celebrar la aprobación de esta reforma, pero la alternativa sería un desastre económico”, sentenció.
Y expuso que la informalidad laboral en Colombia es alarmante, con cifras que indican que el 65% de la población laboral es informal, por lo que, señaló, las reformas deberían enfocarse en formalizar este sector en lugar de poner en riesgo a las empresas que ya están.
A su vez, el presidente de Fenalco, que agrupa a los comerciantes, Jaime Alberto Cabal, dijo en el espacio digital ‘Vélez por la mañana’: “No puede ser que la reforma laboral antes era mala y ahora es buena. Le cambiamos de traje, pero es exactamente la misma reforma laboral perversa. (...) Esa reforma, de aplicarse, destruiría cerca de 454.000 empleos, no está orientada a generar empleo ni a combatir la informalidad, este es el premio de consolación que se le quiere dar al Gobierno”.
Añadió el dirigente gremial que esta reforma laboral “no crea empleo: lo destruye, entre 18 % y 35 % aumentarían los costos laborales, según estudios; el 8 % de los pequeños empresarios consultados afirma que tendría que cerrar, la mayoría reduciría personal o acudiría a la informalidad”.
Por lo que, concluyó Cabal, “el debate no puede centrarse solo en derechos laborales. También hay que pensar en los millones de colombianos que podrían quedarse sin empleo”.
