Estas son las principales discusiones de la actual legislatura

Una vez terminadas las vacaciones por Semana Santa, al Congreso le espera una cargada agenda legislativa en la que no solo deberá tratar los temas álgidos que vienen desde el Gobierno, como la discusión en plenarias del Plan Nacional de Desarrollo, la reforma al Equilibrio de Poderes o el anunciado proyecto de ley que pretende acabar con la Ley de Garantías, sino que además deberá estudiar las propuestas legislativas que hacen trámite en Senado y Cámara.

Según datos de Congreso Visible, entre el 20 de julio de 2014 y el 25 de marzo de 2015 se han radicado en el Congreso 237 iniciativas (incluye proyectos de ley ordinaria y proyectos de acto legislativo): 212 fueron radicadas por congresistas; 22 por el Gobierno nacional y 3 por entidades estatales (1 la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría; 2 la Fiscalía General).

Cabe destacar que la presente legislatura termina el 20 de julio y que dentro de la agenda del Congreso también se encuentran los debates de control político al Gobierno y las altas Cortes por la crisis de la justicia, así como las investigaciones que se adelantan en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por el caso del magistrado Pretelt.

Después de ser aprobado con gran rapidez en las comisiones económicas de Senado y Cámara, el Plan Nacional de Desarrollo 'Todos Por un Nuevo País' iniciará su trámite por las plenarias del Congreso, lo que traerá nuevos retos para su aprobación ya que el recorte de $90 billones al presupuesto ha despertado dudas entre los congresistas sobre que tan bien financiados estarán los ambiciosos proyectos que prevé el PND, como la inversión de $136,58 billones al sector educativo, cifra que supera el presupuesto en defensa y seguridad. La posibilidad de revivir el impuesto a los licores es otro punto de álgida discusión en lo que le resta al ‘Plan’, para ser aprobado.

Este lunes se espera la presentación de la nueva ponencia de la reforma que ya completó la primera vuelta por el legislativo. En la nueva ronda de cuatro debates, se buscan ajustes al proyecto para enfrentar la actual crisis a la justicia. La reforma acaba con la reelección presidencial, elimina el Consejo Superior de la Judicatura, acaba con la puerta giratoria en la elección de magistrados, y cambia la Comisión de Acusación de la Cámara por un Tribunal de Aforados que juzgue a las altas Cortes. No todas las medidas anunciadas por el presidente Santos podrán tramitarse con esta reforma, pues por principio de consecutividad, no se pueden incluir modificaciones a lo que ya fue aprobado en primera vuelta.

Para este 8 de abril fueron citados ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara los ministros del Interior, Juan Fernando Cristo; de Justicia, Yesid Reyes; y de la Presidencia, Néstor Martínez, para debatir la crisis que vive la Rama Judicial a propósito del caso del magistrado Jorge Pretelt, investigado por corrupción. También fueron invitados a participar del debate el Procurador General, el Fiscal General, Luis Vergara, presidente del Consejo de Estado; José Leonidas Bustos, presidente de la Corte Suprema de Justicia, y María Victoria Calle, presidenta encargada de la Corte Constitucional.

El anunciado proyecto para derogar la Ley de Garantías es otra de las iniciativas del Gobierno que deberá estudiar el Congreso antes del final de la presente legislatura. La polémica propuesta ha despertado voces a favor y en contra, unos por considerarla innecesaria después de eliminar la reelección presidencial, y otros por creer inconveniente derogarla porque podría traer desequilibrio en las elecciones de octubre. Habrá que esperar para saber si el proyecto llega con mensaje de urgencia y si alcanza a sortear todo el trámite antes del 20 de junio. Para cumplirle la promesa a los alcaldes Santos tiene los tiempos medidos.

En este momento hay dos proyectos que hacen curso en el Congreso que se refieren a la protección de los derechos de los animales. El primero de ellos, que ya fue aprobado unánimemente en primer debate por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, es promovido por el representante Juan Carlos Losada y pretende imponer multas de hasta $40 millones y penas de hasta 3 años de prisión a quienes maltraten animales. El segundo, promovido por el senador Armando Benedetti, pretende prohibir los actos públicos con animales como son 'el rejoneo, el coleo, las corridas de toros, las corralejas, las becerradas, las tientas y las riñas de gallos'.

El proyecto de ley presentado por el vicepresidente de la Cámara Efraín Torres, pretende eliminar la prohibición de cadena perpetua, contemplada en el artículo 34 de la Constitución, para los autores de crímenes atroces, especialmente los violadores y asesinos de niños. El proyecto, que busca reabrir un viejo debate aún, no ha comenzado su trámite por el Congreso, sin embargo un reciente sondeo realizado por la Misión de Observación Electoral (MOE) indica que su camino no será nada fácil, ya que solo un 31% de los congresistas se muestran a favor de la iniciativa y un 57% está en contra.

Este proyecto de ley, impulsado por el senador Armando Benedetti, pretende ampliar la figura de la unión civil de las parejas del mismo sexo para que tengan los mismos beneficios jurídicos que la figura del matrimonio civil. El proyecto, sustentado en la Sentencia de la Corte Constitucional C- 577 de 2011- que reconoce el derecho de las parejas homosexuales a constituir familia-, defiende instaurar una igualdad real y efectiva entre homosexuales y heterosexuales eliminando las distinciones de facto que existen actualmente. De ser aprobado se abriría la puerta a la adopción de niños por parte de parejas homosexuales.

Otra iniciativa, presentada por el senador Armando Benedetti, pretende imponer sanciones a los representantes legales de las EPS que sin justa causa omitan, impidan, retarden o nieguen la prestación del servicio de salud. Mediante la creación del delito de omisión o denegación de urgencias de salud, la iniciativa le apuesta a terminar con los denominados 'paseos de la muerte' en los cuales los pacientes son transportados de hospital en hospital. Impone penas de prisión de cuatro a seis años para los que incurran en el delito de omisión, además de inhabilidad para ejercer la profesión en el mismo rango de años.

Esta iniciativa conjunta del procurador, Alejandro Ordóñez y los senadores Claudia López (Alianza Verde), Carlos Enríquez (Conservador), Juan M. Galán (Liberal), Alexánder López (Polo) , Roy Barreras y Manuel Enríquez (La U), pretende prorrogar por el término de un año la vigencia del artículo 155 de la Ley de Víctimas, lo cual amplía el tiempo para las inscripciones en el Registro Único de Víctimas, y permite a los colombianos dentro y fuera del país declarar sobre los hechos por los cuales se consideran víctimas.