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Al filo de la medianoche del jueves y en una maratónica jornada, la Comisión Primera de la Cámara aprobó en tercer debate, el proyecto de Acto Legislativo que reforma la Constitución Política para hacer más ágil y eficiente la administración de justicia en Colombia.

Uno de los puntos de mayor controversia es la mantención del fuero militar, tal y como lo aprobó el Senado.

Al respecto, hubo pronunciamientos de rechazo a este polémico artículo, que dejaría en manos de la justicia penal militar el inicio de todas las investigaciones contra los uniformados por faltas al servicio.

El representante, Germán Navas Talero, afirmó durante la discusión del artículo referente a la competencia de la Justicia Penal Militar, en relación a las declaraciones que hiciera un General del Ejército, en las que manifestaba que no confiaba en la justicia ordinaria y agregó 'si los militares, según titulares de la prensa, no confían en la justicia civil, pues yo tampoco confío es su justicia militar'.

Navas Talero, argumentó su rechazo a la propuesta de fortalecer el fuero militar, refiriéndose a múltiples sucesos acaecidos durante este año, en donde aparecen involucrados militares y policías, y que hasta el momento -muchos de ellos- no han tenido el debido proceso. Agregó que 'los falsos positivos se descubrieron, precisamente, por no estar en la Justicia Penal Militar'

Igualmente explicó por qué, teniendo en cuenta la jerarquía militar, no creía en la independencia de esa justicia y añadió que veía con desconfianza el manejo de las pruebas y su posible alteración, dada la calidad de quienes adelantarían el proceso.

Por último, Navas Talero sostuvo que 'no sé si por decir lo que estoy manifestando obligue a que me tripliquen la escolta. Pero me atrevo a decir que, como civil, no confío en la Justicia Penal Militar' y 'que no se diga aquí que Navas es terrorista por no apoyar en esto a las Fuerzas Militares'.

Entretanto, el representante, Iván Cepeda, dio que el 'parágrafo sobre fuero penal militar es un duro golpe a la justicia'

El congresista insistió, como lo ha hecho en otras ocasiones, en que los militares no deben gozar de privilegios jurídicos distintos a los establecidos. Indicó que 'pretender esto es, cuando menos irónico, teniendo en cuenta que el 98 por ciento de los casos de violaciones de derechos humanos cometidas por parte de miembros de la Fuerza Pública se encuentran en la impunidad'.

'La aprobación de este parágrafo es un duro golpe a la justicia colombiana, pues sustituye la justicia ordinaria por la militar, abriendo paso a más impunidad en casos como los mal llamados ‘falsos positivos’ y el abuso sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado', recalcó Cepeda.

El representante anunció que exhortará a la Plenaria de la Cámara para que no apruebe esta iniciativa en su último debate, y recordó que el próximo 7 de diciembre liderará un debate de control político sobre la situación actual de las ejecuciones extrajudiciales en el país, en el cual argumentará la inconveniencia de la ampliación del fuero penal militar en Colombia.

El debate, al cual están citados la Fiscal General Viviane Morales, los ministros del Interior Germán Vargas, de Justicia Juan Carlos Esguerra, y de la Defensa Juan Carlos Pinzón, se desarrollará en el salón Elíptico del Capitolio Nacional a las 9 de la mañana.

La silla vacía. Según lo aprobado por la Cámara ayer en el tercero de ocho debates que debe surtir la Reforma a la Justicia, en adelante cualquier delito que cometan los congresistas aplicará para la ‘silla vacía’. Se exceptúan los políticos y de participación ciudadana.

Aspectos generales
De acuerdo al texto de la iniciativa 'tiene como finalidad superar los problemas que presenta el actual Sistema Judicial Colombiano. Propone reformas para generar más acceso y oferta judicial, reducir la morosidad y dilación de los procesos judiciales, aumentar la eficacia y eficiencia del sistema en su conjunto y para promover la celeridad en la resolución de las controversias y conflictos'.

También 'busca contribuir de manera efectiva a la descongestión de los despachos y a superar la actual situación de inseguridad jurídica producida por la indefinición de derechos particulares'.
Además 'incluye instrumentos para evitar la politización de la justicia, mejorar la administración y ejecución del gasto de la Rama Judicial, superar la impunidad en materia penal y disciplinaria'.

Por Redacción Política