John y Katherine, los padres de Álisson Brigitte, la pequeña recuperada por la Policía.sEl director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, Diego Molano, interpuso una denuncia por el caso de John Franco y Katherine Gallego, padres de Álisson Brigitte, la recién nacida rescatada el sábado, para que se confirme si Franco, de 27 años, es el padre biológico de la pequeña y si los derechos de Katherine, de 14, fueron vulnerados en algún momento.
Al respecto, Molano señaló que “la sociedad colombiana debe tener claro que cualquier relación sexual con un niño o niña menor de 14 años configura un delito de abuso sexual, tenga o no tenga consentimiento”.
Sobre la decisión de un juez de garantías que el domingo dejó en libertad a la presunta secuestradora de la bebé, Liliana Marcela Castillo, por no considerarla un peligro para la sociedad, el Director del ICBF, aunque se declaró respetuoso de las decisiones judiciales, advirtió que no comparte las razones del juez que dejó en libertad a la sindicada y afirmó que se reunirá con la Fiscalía para pedir que se revise el caso.
Dijo que quien atenta contra un niño sí es peligroso y añadió que “la misma Constitución establece que los derechos de los niños prevalecen sobre los demás y por tanto las condenas contra quienes los vulneren deben ser ejemplarizantes”.
Recordó que tanto Álisson Brigitte como su mamá deben recibir protección del Icbf, pues ambas son menores de edad.
El ente, en un comunicado, informó que en 2012 atendió 337 niñas menores de 14 años que estaban embarazadas. La cifra corresponde al 5% del total de casos registrados por el Dane en sus estadísticas vitales.
Y reitera que el Código Penal Colombiano establece que aunque se trate de actos sexuales con menores de 14 años diferentes al acceso carnal, el responsable puede recibir entre 9 y 13 años de cárcel.
Juez defiende su decisión
El Juez 31 de Garantías de Bogotá, quien el pasado domingo dejó en libertad a Liliana Marcela Castillo, la presunta raptora de la pequeña Álisson Brigitte, por considerar que no representaba un peligro para la sociedad, señaló ayer, a través de un comunicado de prensa, que su decisión se dio conforme a la Ley y al derecho procesal. El funcionario judicial indicó que “la libertad concedida a Castillo, de 23 años, se dio en un contexto preliminar de la investigación penal”, y añadió que “dado que la medida de aseguramiento de detención preventiva no constituye una pena, su no imposición no puede equipararse a ausencia de respuesta estatal frente al delito”.
