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Aunque se espera un concepto rápido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre su decisión de otorgar o no medidas cautelares al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, para evitar que se violen sus derechos políticos, la experta en derecho internacional consultada por EL HERALDO, Jomary Ortegón, aseguró que la posición de la CIDH puede tardar entre una y dos semanas.

Ortegón explicó que si el concepto del organismo es favorable a Gustavo Petro, el Estado colombiano está obligado a acatarla, lo que en la práctica quiere decir que quedaría suspendida, mas no anulada, la destitución y la inhabilidad decretada la semana pasada por el procurador Alejandro Ordóñez. Esto, mientras la CIDH estudia de fondo el proceso con el fin de determinar si las facultades otorgadas al Ministerio Público en la Constitución Nacional son contrarias a lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José.

Por el tiempo que puede llevar dicha diligencia, es factible que se lleven a cabo el próximo año las elecciones atípicas para definir la revocatoria del burgomaestre.