La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) rechazó hoy la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y pidió a la Comisión Interamericana que le otorgue medidas cautelares y ordene la suspensión de la sanción en su contra.
'Rechazamos esta decisión desproporcionada, que vulnera tanto los derechos políticos de Petro como el derecho al voto de los ciudadanos que lo eligieron', afirmó en un comunicado el presidente de la FIDH, Karim Lahidji.
La destitución, según indicó ese organismo, se enmarca en un proceso disciplinario abierto contra él en junio de 2013 por la procuraduría, a raíz de presuntas irregularidades en la gestión del sistema de limpieza de la capital colombiana.
La FIDH, junto a la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), recordó hoy que aunque la legislación colombiana permite la sanción disciplinaria, esa medida es contraria al Derecho Interamericano, en virtud de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Corte, según ambos organismos, rechaza la posibilidad de limitar el ejercicio de los derechos políticos de un cargo sin que exista una sanción penal, es decir, establece que no se puede destituir a una persona electa por una vía que no sea judicial.
'Es una cuestión de respeto de las reglas democráticas (...). Por ello la FIDH y el CCAJAR urgen a la Comisión Interamericana a otorgar las medidas cautelares al Alcalde Mayor de Bogotá y a ordenar la suspensión de la sanción disciplinaria en su contra', indicaron ambos entes.
El comunicado dejó constancia de que desde que Ordóñez asumió su cargo en 2008, ha usado esa sanción administrativa en 'numerosas oportunidades', 'en hechos que podrían parecer constituir también abusos de autoridad'.
Gustavo Petro, exguerrillero del M-19, fue destituido el pasado lunes e inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 15 años por el procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, por el supuesto mal manejo de una crisis en la recolección de basuras ocurrida en diciembre de 2012.
