En video | Quito arde en medio del toque de queda

“Esto facilitará la actuación de la fuerza pública frente a los intolerables desmanes de violencia”, escribió el mandatario a través de su cuenta de Twitter.

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“Esto facilitará la actuación de la fuerza pública frente a los intolerables desmanes de violencia”, escribió el mandatario a través de su cuenta de Twitter.

El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, impuso el toque de queda y la militarización de Quito y sus alrededores, ante las protestas que encabezan los indígenas contra ajustes económicos pactados con el FMI. 

La medida, que empezó a regir a partir de las 15H00 locales (20H00 GMT), prohíbe la circulación por esta capital de 2,7 millones de habitantes.

“He dispuesto al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, inmediatamente, tomar las medidas y operaciones que sean necesarias”, señaló el mandatario en un breve mensaje a la nación flanqueado por su vice, Otto Sonnenholzner, y el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín. 

El mandatario endureció en Quito el estado de excepción nacional que había impuesto el 3 de octubre y bajo el cual movilizó a las Fuerzas Armadas, en un intento por contener el estallido social iniciado hace 11 días.

Amparado en esas facultades, que en principio permiten restringir algunos derechos por 30 días, ya había dispuesto el toque de queda nocturno alrededor de los edificios públicos de la capital. 

La drástica medida siguió al anuncio del movimiento indígena de aceptar el diálogo directo propuesto por el mandatario para buscar una salida a la severa crisis, en medio de nuevos y cada vez más violentos focos de violencia. 

Las manifestaciones derivaron en el asalto al edificio de la Contraloría, que fue incendiado y saqueado por manifestantes encapuchados. La sede quedó envuelta en una espesa humareda.

Cerca de ahí, en los alrededores de la Asamblea Legislativa, manifestantes indígenas levantaron barricadas con troncos y escudos de madera para enfrentarse a policías que lanzaron una lluvia de gas lacrimógeno, según periodistas de la AFP. 

La fuerza pública reforzó el control en esa zona tras el breve asalto del Congreso el pasado martes por manifestantes. 

Moreno sigue la crisis desde el puerto de Guayaquil, adonde trasladó la sede de gobierno después de declarar el estado de excepción.

Diálogo en ciernes

 En su corto mensaje, Moreno agradeció la decisión de los indígenas de sentarse a dialogar cara a cara, aunque no reveló ni cuándo ni dónde comenzarán las conversaciones. 

El presidente insistió sin embargo en que restablecerá “el orden en todo Ecuador” y decretó la militarización completa de Quito cuando miles de manifestantes estaban en las calles.

El gobierno dio un plazo de media hora para que los indígenas que protestan se concentraran en un coliseo y centros de acogida en universidades. 

Desde que estallaron las manifestaciones han muerto seis civiles y se registran 2.100 heridos y detenidos, según el más reciente balance de la Defensoría del Pueblo.

En medio del rebrote de la violencia, la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) dijo que había decidido finalmente “participar” en un encuentro con el mandatario después de “un proceso de consulta con las comunidades”.

El viernes había dicho que la propuesta “carecía de credibilidad” e insistía en que solo se sentaría a conversar cuando se derogara el decreto que eliminó los subsidios de los combustibles y encareció los precios en hasta 123% de la gasolina y el diésel.

Sin embargo, la Conaie reconsideró su negativa inicial e incluso se mostró dispuesta a conversar sobre “la derogatoria o revisión del decreto”.

Los indígenas también habían rechazado un primer acercamiento planteado por el gobierno a instancias de la ONU y la Iglesia católica. Y decidieron radicalizar sus acciones mediante el bloqueo de vías y la toma de instalaciones ante la muerte de un responsable indígena. 

“Frenar la violencia”

  El descontento social con sus reformas económicas sumió en una espiral de caos a Quito e interrumpió el transporte de petróleo -la mayor fuente de divisas- por el principal ducto del país a causa de la ocupación de pozos en la Amazonía.

Además del fin de subsidios, las medidas prevén recortar derechos a empleados públicos.

“Es indispensable frenar la violencia”, clamó Moreno el viernes después del llamado de la dirigencia a radicalizar la protesta y abrir la opción de una negociación directa.

En el poder desde 2017, el gobernante enfrenta su mayor crisis debido a los ajustes económicos que impuso a cambio de préstamos por 4.200 millones de dólares que contrajo con el FMI para aliviar el pesado déficit fiscal que achaca al derroche, endeudamiento y corrupción del gobierno de su antecesor y exaliado Rafael Correa.

Los indígenas, que representan el 25% de los 17,3 millones de ecuatorianos, son el sector más castigado por la pobreza y en su mayoría trabajan en el campo. Con la liberación de los precios de los combustibles, deben pagar más para el transporte de sus productos al tiempo que temen una inflación generalizada.

“Estamos preocupados”

 Edthy Pinchao vive en Calderón, municipio a unos 45 minutos en un transporte público de Quito, con una familia colombiana (ver recuadro). 

Pinchao cuenta que tras el toque de queda están preocupados por la escasez de alimentos que en el mercado de su localidad se está presentando. 

En diálogo con El HERALDO, la mujer casada con un barranquillero contó que esta mañana los alimentos subieron de precio. 

Las verduras que antes compraba a 25 centavos de dólar, ayer las adquirió a 50 centavos, la lechuga pasó de 50 centavos de dólar a 75 centavos de dólar. 

“Los indígenas son los que producen lo que comemos en Ecuador, y están protestando. Esto me preocupa. La gente está  aprovisionándose de alimentos porque no sé sabe qué pasará. Por primera vez estoy viviendo estas marchas y por lo que uno ve en internet y redes sociales después de 10 días me preocupa. Todos estamos preocupados”, dijo Pinchao mientras preparaba unos alimentos en su vivienda ubicada entre las calles de las Begonias y de las Dalias. NRM con AFP

Familia barranquillera: no salimos de casa

La familia barranquillera Casares Espinosa vive hace 10 años en la parroquia (así le llaman en Ecuador a los municipios) Calderón, ubicada en la región de Pichincha a unos 10 kilómetros de Quito, y dicen que están encerrados en su vivienda por las marchas y protestas de los indígenas en Quito. 

“En esta semana no he podido ir a trabajar a Quito. Ya recibí la orden de mis jefes que tengo que esperar si el martes podré ir. El transporte está difícil por los bloqueos y las protestas indígenas”, cuenta Otálvaro Casares Martínez desde la azotea de su vivienda ubicada entre las calles de las Begonias y de las Dalias en diálogo con El HERALDO.  

A Ecuador Otálvaro Casares llegó procedente del barrio Las Moras en Soledad con su esposa y tres hijos hace una década. Una propuesta laboral de una empresa colombiana que se estableció en Quito lo llevó a la ciudad andina. Hoy, con cédula ecuatoriana, Casares cuenta que trabaja como electricista y después de vivir un paro de policías en Ecuador en 2009, dice que las marchas indígenas solo las ha visto de lejos.

“Soy extranjero y no puedo involucrarme. Me presenté este sábado al trabajo y tuve que irme en un transporte que me cobró hasta 40 centavos de dólar. Más costoso que lo que pagaba antes de la decisión de Gobierno de quitar los subsidios: 25 centavos. Para llegar a la empresa me tocó caminar unos 3 kilómetros y eludiendo los bloqueos, las quemas de llantas. Cuando llegué el vigilante me dijo que no abrieron la empresa hasta nueva orden”.

Sandy Casares Espinosa, su hija, le acompaña y cuenta que sus dos hermanos, quienes también trabajan, han vivido los efectos de las marchas y de los indígenas. Javier Casares, su hermano menor, es operario de una empresa de sacos industriales, y de regreso esta semana llegó en su moto con la gasolina justa. “En el camino para dejarlo pasar los que queman llantas y bloquean vías le decían que si no les daba gasolina, no seguía su camino”.

“¿Y cómo les daba gasolina? Chupaban del tanque. A otro tuvo que ayudarlo a levantar los troncos quemados”, agregó Sandy Casares, quien trabaja hace más de 4 años como operaria en una empresa que prepara flores preservadas. 

En Ecuador los obreros trabajan de lunes a viernes y un empleado debe trabajar ocho horas diarias para ganar un salario básico de 394 dólares. Los sábados son pagados el doble y las empresas pagan los décimos o primas en agosto y diciembre y reparten las ganancias de cada año en abril.  

“Algunas personas en Calderón también están protestando, invitando a manifestarse, la gente también se está aprovisionando en el mercado, comprando alimentos. Nosotros estamos en casa.

Encerrados esperando que se solucionen las cosas”, dijo Otálvaro Casares. 

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