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Según la ONU 1.000 excombatientes han solicitado medidas de protección sin tener ninguna respuesta.
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El proceso de paz a través de las cifras de la ONU

Organismo presentará este jueves el informe ante Consejo de Seguridad. Asegura que la prioridad es garantizar vida de líderes y ex-Farc.

Este 21 de enero la Misión de Verificación de la ONU en Colombia presentará un informe ante el Consejo de Seguridad de esta organización en el que mostrará un balance de los logros del Acuerdo Final de Paz tras cuatro años de implementación, en especial, la situación de excombatientes, las garantías de seguridad para estos y la profundización en elementos fundamentales para avanzar en la implementación del Acuerdo en general.

El representante especial del secretario general de las Naciones Unidas y jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, dio a conocer en la tarde del lunes las cifras que presentará en el documento e instó, una vez más, “a la implementación integral de los acuerdos, ya que sus instrumentos brindan oportunidades de desarrollo, seguridad y paz a comunidades”.

En ese sentido, recomienda como primera prioridad para el 2021 asegurar la protección y seguridad de excombatientes, comunidades afectadas por el conflicto y líderes sociales y los defensores(as) de los derechos humanos. Teniendo en cuenta que “en los últimos meses la seguridad de estos en las zonas fronterizas se ha deteriorado considerablemente”. Agrega el secretario que “los grupos disidentes de las Farc-Ep han aprovechado la limitada presencia del Estado para ampliar su ámbito de actuación en los últimos meses y están amenazando y atacando a excombatientes, cooptando sus proyectos económicos y saboteando sus iniciativas políticas y sociales”

El informe señala que, desde la firma del Acuerdo, la Misión ha verificado 248 asesinatos de excombatientes (incluidas seis mujeres),  55 tentativas de homicidio contra estos y 20 desapariciones forzadas. También se especifica en lo que respecta al homicidio de reinsertados que el 75% de estos hechos ocurrieron en zonas rurales y que en los últimos seis meses la mayoría de estos crímenes ocurrieron en los departamentos de Meta,  Valle del Cauca, Cauca, Chocó, Putumayo y Nariño. Asimismo, el 35% de los asesinatos de excombatientes en 2020 se ha producido en nuevas áreas de reincorporación o en sus inmediaciones. Por esta razón, el secretario General afirma que es clave “adoptar una estrategia enfocada en brindar seguridad a las nuevas áreas de reincorporación, incluso a través de despliegues efectivos de la fuerza pública alrededor de ellas”.

Aunque la Misión de Verificación de la ONU en Colombia destaca la labor de la Unidad de Investigación Especial de la Fiscalía, que ha emitido 34 condenas,  49 órdenes de captura, 20 juicios y 27 capturas de sospechosos en el esclarecimiento de hechos relacionados con homicidios de excombatientes, critica duramente la labor de la Unidad Nacional de Protección (UNP), ya que 25 ex-Farc fueron asesinados mientras esperaban respuesta a la solicitud de medidas de protección y otras mil solicitudes siguen en espera de evaluación e implementación.

Líderes Sociales

Asimismo, la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos conoció que en el periodo que comprende de septiembre a diciembre de 2020 en el país se presentaron 42 homicidios de líderes(as) sociales y defensores(as) de derechos humanos (otros 74 en proceso de verificación) y 13 masacres (con 10 más bajo verificación). Para fortalecer la protección de líderes(as), defensores(as) y comunidades, el secretario General insta a todos los actores a responder de manera oportuna y efectiva a los riesgos identificados en las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, en particular a través de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT).

El documento expone además que durante el 2020 la Defensoría del Pueblo emitió el mayor número de alertas tempranas en distintos municipios de Chocó, Antioquia y Cauca, los cuales se encuentran en la alerta naranja de esta organización.

En este orden de ideas, la organización expone que desde la implementación del acuerdo de paz en Colombia han asesinado 378 líderes sociales, de estos 69 eran indígenas, 44 mujeres, 15 afros y 6 de la población Lgbti.

Cabe destacar que otras organizaciones llevan un registro de 1.126 activistas sociales y defensores de los derechos humanos asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz.

La JEP

En el informe se agrega, además,  que la JEP informó que a mediados de 2021 emitirá sus primeras sanciones definiendo responsabilidades de personas por delitos cometidos durante el conflicto dentro de algunos de sus macrocasos.

Frente a esto, Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, había anunciado que “los primeros autos de determinación de hechos y conductas (que son las primeras conclusiones de los casos de secuestro y falsos positivos) se van a conocer prontamente”.

Esta organización ha sido blanco de críticas en los últimos días, la más reciente lanzada por el expresidente Andrés Pastrana, quien tildó de “nefasto” el acuerdo pactado en La Habana y afirmó que “si las Farc fueron ante un tribunal de la Justicia y faltaron a la verdad deberían pasar de una justicia transicional a una justicia ordinaria. Llevamos cuatro años y no hay una sentencia importante de la Justicia Especial para la Paz contra ninguno de los líderes”.

Duque pide extender la misión

El presidente colombiano, Iván Duque, pidió este sábado al secretario General de la ONU, Antonio Guterres, extender la misión encargada de la verificación de la paz en el país para que esta haga un seguimiento a la aplicación de sanciones por parte de la justicia transicional.

“Le pedimos al secretario General de la Organización de Naciones Unidas que extienda el mandato de la Misión de Verificación que tiene en Colombia, para que se haga un seguimiento minucioso y se verifique la aplicación de sanciones por parte de la justicia transicional y que verifique el cumplimiento efectivo de las mismas”, expresó el mandatario.

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