El Tribunal Supremo de Israel determinó este domingo elevar a 100 el límite de asistentes al Muro de los Lamentos de Jerusalén, el lugar más sagrado del judaísmo, en el marco de las restricciones a las reuniones por la guerra con Irán, informaron medios israelíes.
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La decisión se produce poco después de que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, cargara contra la corte por permitir la celebración de manifestaciones contra la guerra (con hasta 600 asistentes en Tel Aviv y un máximo de 150 en ciudades como Jerusalén) pero limitar la asistencia al lugar sagrado.
Aunque la petición para ampliar el límite de fieles abarca también la Explanada de las Mezquitas, el diario israelí Yedioth Ahronoth advierte que el Supremo no se ha pronunciado aún sobre el complejo para el culto islámico.
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El Supremo convocó una nueva audiencia de emergencia para el jueves, asegurando que la discusión con los representantes de la Policía y el Comando del Frente Interno (el órgano militar que establece las directrices de seguridad para la población) sobre la asistencia a los lugares sagrados aún “no se ha agotado”.
“Increíble. Mientras que a los judíos se les prohíbe rezar en el Muro de las Lamentaciones durante la festividad (Pésaj, pascua judía), el Tribunal Supremo aprobó una protesta de izquierda en Tel Aviv”, escribió Netanyahu contra el tribunal en la red social X.
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La decisión del Supremo se produce menos de dos horas después de la publicación del mensaje.
Líderes religiosos israelíes presentaron la petición de ampliar (hasta 150 personas) los asistentes al Muro de las Lamentaciones y el Monte del Templo (como se refieren a la Explanada de las Mezquitas) como respuesta a que el tribunal permitiera las manifestaciones contra la guerra el sábado, dispersadas violentamente por la Policía.
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Esta misma noche, miles de judíos ultraortodoxos se reunieron en un evento religioso en Bnei Brak, en la periferia de Tel Aviv y un lugar que registra impactos regularmente por los ataques iraníes.
La Policía israelí reconoció en un comunicado que había negado inicialmente los permisos para realizar el acto en la calle a sus organizadores, y que conoció poco después que este se había llevado a cabo “en el segundo piso de un edificio subterráneo” en el que “no existía ningún peligro”.
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Sin embargo, aseguró haber intervenido “para negociar la reducción del número de participantes” o la cancelación del evento, ahora en dispersión.
