Una pionera ley australiana que prohíbe a los menores de 16 años tener cuentas en las principales redes sociales entra en vigor esta semana en el país austral, medida que, según la representante de la juventud australiana ante la ONU, podría “cortar la última cuerda” de apoyo de muchos adolescentes.
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En una consulta nacional coordinada por ONU Juventud Australia, Satara Uthayakumaran y su equipo escucharon a unos 5.000 jóvenes de todo el país. Sus testimonios han quedado recogidos en un informe que cuestiona la eficacia del veto y alerta de sus efectos sobre los colectivos más vulnerables.
“Llevamos a cabo el mayor ejercicio de escucha cara a cara con jóvenes en Australia antes de intervenir ante la Asamblea General de la ONU”, explicó Uthayakumaran en una entrevista con EFE.
“Este año, el tema que apareció una y otra vez fue la prohibición de las redes sociales y qué significaba realmente para su vida diaria”.
La ley australiana impide a los menores de 16 años abrir cuentas en grandes plataformas y obliga a las empresas a tomar “medidas razonables” para impedir su acceso, bajo amenaza de multas millonarias y con el objetivo de proteger la salud mental de los menores.
Sin embargo, el informe de ONU Juventud señala que, para muchos adolescentes -especialmente en comunidades rurales, indígenas, LGTBIQ+, con discapacidad o en el sistema de acogida-, las redes sociales no son un ocio prescindible, sino una infraestructura básica de apoyo emocional, social e incluso de seguridad.
“Lo que escuchamos una y otra vez es que, para muchos jóvenes, las redes sociales son una tabla de salvación”, resumió Uthayakumaran.
Mencionó el caso de un chico ‘queer’ de una zona remota de Australia Occidental que vive en un entorno conservador: “nos decía que la única comunidad que le acepta tal como es está en línea. Sin eso, se queda completamente aislado”.
Algo similar ocurre con jóvenes con discapacidad que dependen de Internet para encontrar amistades o redes de apoyo, o con quienes viven en regiones alejadas sin centros juveniles ni espacios físicos gratuitos donde reunirse.
“Hemos visto cómo cierran centros juveniles y otros espacios seguros; muchos adolescentes ya solo tienen el entorno digital para relacionarse fuera del hogar, la escuela o el trabajo”, señaló.
El informe también subraya la importancia de las redes sociales para quienes han sido separados de sus familias o pertenecen a comunidades aborígenes.
“Jóvenes en acogida nos contaban que usan las redes para mantener el contacto con familiares biológicos de los que fueron apartados muy pequeños”, explicó Uthayakumaran.
“En el caso de jóvenes aborígenes, internet es a veces la única vía para mantener vínculos con su cultura, su tierra y su gente. Retirar esa herramienta no cura el trauma; lo profundiza”, añadió.
Riesgos en línea
La representante reconoce que los adolescentes son plenamente conscientes de los riesgos en línea: engaño por parte de pederastas (grooming), acoso, desinformación, radicalización o contenidos misóginos.
“Muchos entienden por qué el Gobierno quiere actuar y apoyan que se frene el ciberacoso o los abusos, pero se preguntan por qué se les castiga a ellos en lugar de responsabilizar a los adultos que perpetran el daño o a las plataformas que lo permiten”, dijo.
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Entre las alternativas señaladas por los jóvenes y recogidas en el informe destacan dos sugerencias: mayor responsabilidad de las empresas tecnológicas y apostar por la alfabetización digital.
“No tiene sentido prohibirles estar ahí y, al mismo tiempo, dejar intactos los algoritmos que impulsan contenido (nocivo) porque genera más clics”, dijo Uthayakumaran.
La propuesta de ONU Juventud aboga por regular esos sistemas de recomendación, limitar el uso de datos para perfilar a menores y obligar a las plataformas a retirar contenidos dañinos con rapidez y transparencia.
Paralelamente, reclaman módulos recurrentes de educación digital y pensamiento crítico en escuelas, institutos y universidades.
“Ahora mismo muchos jóvenes son lanzados a las redes sin ningún tipo de formación previa”, afirmó. “Si cumples 16 años y, de repente, se te permite usar redes sociales, pero nadie te ha enseñado cómo navegar de forma segura, el problema sigue ahí”.
Uthayakumaran también criticó el proceso de consulta previo a la ley, que muchos jóvenes perciben como insuficiente.
“La Oficina del Comisionado de Seguridad en Línea apenas habló con un puñado de jóvenes y el plazo para presentar aportaciones fue muy breve. Los mismos jóvenes que serán directamente afectados sienten que se les ha dejado fuera de la conversación”, dijo.
