Una jueza federal estadounidense frenó este jueves la construcción del nuevo centro de detención migratoria ‘Alligator Alcatraz’ (Alcatraz de los caimanes) mientras analiza una demanda de grupos ambientales contra el sitio, que abrió hace un mes en medio de la zona naturales de los Everglades de Florida.
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La jueza Kathleen Williams del Distrito Sur de Florida suspendió de “inmediato” por 14 días trabajos que se realizan en el sitio, al oeste de Miami, como la instalación de nueva infraestructura, pavimentaciones, excavaciones y cercado, expuso Friends of The Everglades, asociación que lidera la demanda contra el lugar.
La demanda de esta organización, la Tribu Miccosukee y Center for Biological Diversity busca frenar por razones ambientales el centro, abierto el 3 de julio pasado y con una capacidad actual para 2.000 personas que espera crecer a 4.000, según expuso el mes pasado la División de Gestión de Emergencias de Florida (DEM).
La orden no impide continuar con la operación del sitio, que se construyó de forma “precipitada” y sin una evaluación de impacto ambiental, según Friends of The Everglades, lo que afecta un área natural con 36 especies de Florida amenazadas como la pantera floridana, la cigüeña de madera, y el caimán americanos.
“Nos complace que la jueza haya visto la urgente necesidad de pausar la construcción adicional, y esperamos que avance nuestra meta final de proteger al único y amenazado ecosistema de los Everglades de mayor daño causado por este centro de detención masiva”, expuso Eve Samples, directora de Friends of The Everglades.
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La preocupación de los ambientalistas aumentó tras el anuncio el 25 de julio del gobernador de Florida, Ron DeSantis, sobre que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) comenzó a operar vuelos con deportados desde el sitio, donde hay un aeropuerto que no se usaba, del que han expulsado al menos a 600 migrantes.
Samples ha denunciado las “amenazas graves que representa este campo masivo de detención en el corazón de los Everglades”, al señalar que los camiones trasladan combustible para aviones y desechos humanos, además de al menos 20 acres (casi 81.000 metros cuadrados) de pavimento nuevo.
La jueza Williams permitió a las asociaciones proseguir con la demanda que presentaron el 27 de junio mientras las partes interesadas completan las audiencias para exponer los argumentos a favor y en contra del lugar.
Esta es una demanda distinta a la que analiza el juez Rodolfo A. Ruiz II, también del Distrito Sur de Florida, y que interpusieron defensores liderados por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) que representan a migrantes detenidos por denuncias de violaciones a sus derechos humanos.
