Una corte federal de apelaciones aprobó este jueves la solicitud del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, de extender la suspensión temporal del fallo de un tribunal inferior que anuló la mayoría de los aranceles anunciados por el mandatario el pasado abril.
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La Corte de Apelaciones del Circuito Federal decidió hoy que la medida dictada el pasado 28 de mayo por el Tribunal de Comercio Internacional de EE.UU. queda “suspendida temporalmente hasta nuevo aviso mientras este tribunal estudia los documentos de las mociones”, explica la orden.
Ninguno de los magistrados de la corte mostró su negativa a esta decisión, que ha programado además una vista para las argumentaciones de las partes el próximo 31 de julio.
El Gobierno de Trump ya había advertido que si el tribunal de apelaciones no mantenía la suspensión, solicitaría un recurso de emergencia al Tribunal Supremo, argumentando que la sentencia del 28 de mayo impedía ejecutar la política comercial del Ejecutivo en un momento en que Washington negocia con sus socios comerciales.
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Tras la decisión de hoy, se prevé que tanto la suspensión de la mencionada sentencia como el proceso ante el tribunal federal de apelaciones puedan durar meses.
El Gobierno de Donald Trump presentó un recurso ante esta corte el día después de que el Tribunal Internacional de Comercio emitiera su fallo, el cual dictamina que el presidente no tiene autoridad para aplicar de forma “ilimitada” la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales.
Trump invocó esta norma para aplicar gravámenes globales el 2 de abril (los mal llamados “aranceles recíprocos) así como otros para China, México y Canadá.
La extensión de la suspensión temporal supone un nuevo respiro para el Gobierno Trump, que ha denunciado una “persecución judicial” por parte de distintas cortes de EE.UU. que han dejado en suspenso varias de sus medidas más polémicas.
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En todo caso, tanto expertos, como miembros del Ejecutivo Trump han apuntado a que, independientemente de lo que los jueces acaben dictaminando, la Casa Blanca puede aplicar gravámenes recurriendo a otras leyes, aunque los procedimientos para activarlos serían algo más complejos y llevarían más tiempo.
