En desarrollo del proceso de intervención a la Comercializadora Credicaribe SAS, la Superintendencia de Sociedades ordenó la toma de posesión de sus bienes, haberes, negocios y patrimonio, por la captación ilegal de recursos del público por una suma que supera los $982 millones.
La medida también cobija a nueve directivos de la empresa creada en Barranquilla en 2005, la cual tenía como objeto social el negocio de las libranzas, en el que también estaban compañías como Élite y Estraval, las cuales fueron liquidadas por la Supersociedades.
De acuerdo con la información entregada por la Superintendencia las personas sujetos del proceso son: Gustavo Adolfo Cruz Sagbini, Antonio Fernando Sagbini Martínez, Tatiana Cecilia Ovalle Ávila, Erika Carolina Orozco Osorio, Gicela María Castro Coches, Claudia P. Sarmiento Maestre, Ramiro de Jesús Mozo Espriella, Wilber Guillermo Larrazábal Martínez y Sandra González Rodríguez.
Desde el pasado 9 de diciembre la entidad adoptó la medida de intervención administrativa por captación a Credicaribe y le ordenó la suspensión inmediata de sus operaciones.
El escándalo relacionado con las irregularidades en la compraventa de pagarés libranzas llegó a tal punto que el Gobierno reconoció que esta práctica 'ha venido proliferando de manera desbordada en el país' y con sofisticados sistemas que han dificultado las acciones de las autoridades. Por ello se expidió el Decreto 1348 de 2016 que establece mayor control sobre operaciones de libranzas extrabancarias.
Qué hacía la empresa
En desarrollo de la investigación realizada por la Supersociedades, se pudo determinar que Credicaribe recibió recursos en al menos nueve operaciones por $108 millones, por los cuales les 'efectuó pagos sin explicación financiera razonable' ya que no existían créditos relacionados con estas operaciones. Es decir que manejaron 'pagarés de créditos libranza inexistentes, sin recaudo y con pago de flujos a los compradores'.
Además, la empresa pagó $361 millones 'sin explicación financiera razonable', correspondientes a flujos con rentabilidad incorporada de 72 operaciones de compraventa de pagarés de libranza, en las cuales los créditos se encontraban extinguidos por el 'retanqueo' y su incorporación en nuevos créditos por los que se expidieron nuevos pagarés libranzas.
Adicionalmente pagó unos $512 millones 'sin explicación financiera razonable' como flujos de rentabilidad en 139 operaciones de compraventa de pagarés libranzas por créditos que estaban extinguidos ya que los deudores habían realizado el pago anticipado.
Alcances de la medida
La Supersociedades designó como agente interventor a Armando del Socorro Palomino Álvarez y ordenó a la Policía y autoridades locales el cierre de los establecimientos donde funciona Credicaribe.
Se decreta el embargo de oficio de todos los bienes, haberes y derechos de la compañía y sus directivos. Se ordena a la Fiscalía que ponga a disposición del interventor los bienes incautados en el proceso. El dinero aprehendido deberá ser consignado en una cuenta del Banco Agrario.
A los deudores de los intervenidos se les informó que solamente podrán pagar sus obligaciones al interventor. Quienes tengan pagarés libranzas por pagar deberán hacerse parte del proceso y presentar su reclamación para que sea resuelta.
El negocio de libranzas
La libranza es un mecanismo de recaudo de cartera con el que el deudor autoriza a su empleador a descontar de su nómina el pago de obligaciones contraídas en un préstamo (entidad financiera u otra).
1. El negocio de las libranzas es legal y se puede acceder a ellas a través de un banco o cooperativa.
2. La vigilancia la asume la superintendencia que corresponda según sea el caso.
3. El vendedor de libranzas debe revelar de manera clara y precisa al inversionista, los riesgos inherentes a las operaciones.
4. Las empresas que vendan cartera de libranzas deben contratar cuatro o más auditorías anuales.
