La Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la organización Caribe Afirmativo instalaron en Barranquilla la Mesa de Seguridad y Protección para la Garantía de los Derechos de Personas LGBTIQ+ en el Caribe colombiano, ante el preocupante incremento de homicidios, amenazas y violencias basadas en prejuicio en la región.
El encuentro se llevó a cabo este martes 28 de octubre, en un salón del Hotel Windsor, ubicado en el norte de esta capital.
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La convocatoria tuvo carácter urgente debido al recrudecimiento de las violencias y la expansión de grupos armados ilegales que ejercen control sobre la población LGBTIQ+.
A la mesa asistieron delegados del Gobierno Nacional, representantes de las ocho gobernaciones del Caribe y organizaciones sociales, quienes analizaron el impacto de estos hechos y trazaron estrategias para fortalecer la protección institucional y comunitaria.
Durante la jornada se reveló que entre 2024 y lo corrido de 2025 se han registrado más de 50 homicidios de personas LGBTIQ+ en la Región Caribe, ubicándola como la tercera región del país con más crímenes por prejuicio, después de Antioquia y Valle del Cauca. Sin embargo, al analizar la proporción por número de habitantes, el Caribe supera incluso a Bogotá.
Las cifras señalan que en departamentos como La Guajira, Magdalena, Cesar, Bolívar y Córdoba, se han consolidado dinámicas de control violento, extorsiones, amenazas y desplazamientos, afectando gravemente la vida cotidiana de la población LGBTIQ+ y de líderes sociales y defensores de derechos humanos.
En diálogo con EL HERALDO, el director de Caribe Afirmativo, Wilson Castañeda, alertó sobre la imposición de normas ilegales contra esta población:
“Durante la jornada hemos recibido denuncias de que estructuras como el Clan del Golfo, ‘Los Pachencas’, ‘Los Costeños’, el ELN y disidencias de las Farc están imponiendo normas de ‘control moral’, restringiendo la movilidad de personas LGBTIQ+ y prohibiéndoles circular o expresar su identidad de género. En la Mojana sucreña, por ejemplo, se les estaría impidiendo a las personas trans vivir conforme a su identidad”.
“Aquí se han presentado denuncias y solicitudes. La idea es que esto derive en un plan de trabajo con resultados medibles a corto, mediano y largo plazo. El mejor indicador será que efectivamente mejore la calidad de vida de las personas”.
Compromisos institucionales
Como resultado de la sesión, el Procurador Delegado para los Derechos Humanos, el exministro de Justicia Néstor Osuna, anunció que se solicitará a los gobernadores y alcaldes del Caribe remitir, en un plazo máximo de cinco días, el estado actual de sus políticas públicas LGBTIQ+.
Posteriormente, Caribe Afirmativo realizará una verificación en los siguientes 20 días para confirmar el cumplimiento de los compromisos adquiridos.
El proceso tendrá un corte definitivo el 31 de diciembre, fecha en la que se espera consolidar un diagnóstico claro y establecer un plan de acción a dos años que comprometa a las instituciones y a la sociedad civil en la protección efectiva de esta población.
