“Cárceles son para delincuentes, no para los adictos”: Santos en la ONU

El presidente Juan Manuel Santos dijo este jueves en la Sesión de la Asamblea General de la ONU sobre Drogas, que hay que replantear la política antidroga en el mundo.

"Aplicamos receta sobre lucha contra drogas basada en represión sin resolver el problema”, dijo Santos al recordar que Colombia es el país que más sacrificios y más costos ha pagado en la lucha contra las drogas.

En su intervención, el Presidente afirmó también que "el problema de las drogas es de salud pública y por lo tanto no amerita un tratamiento criminal".

"No hemos ganado la guerra contra las drogas después de tantos jóvenes marchitándose en las cárceles", dijo Santos.

Afirmó que  los países "debemos enfocar nuestra lucha contra las drogas en los eslabones más fuertes del narcotráfico...No bajaremos la guardia. Seguiremos combatiendo al narcotráfico. Hemos dado fuertes golpes a los carteles...Se debe proteger al ser humano y brindar oportunidades a las comunidades campesinas permeadas por el narcotráfico".

Santos también habló del proceso de paz que se realiza entre el Gobierno y las Farc. "Nuestro proceso de paz será el primero que tendrá un enfoque de desarrollo sostenible", comentó.

Dijo que Colombia avanza en diversos frentes para ser el país mejor educado para 2025, "lo que exige de alianzas globales".

"Qué bueno poder decir que los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ODM, contribuirán a la paz en Colombia", comentó el Presidente, quien también dijo que el país quiere fortalecer la cooperación internacional para lograr metas comunes con los países miembros de la ONU.

Este es el discurso completo del Presidente:

Señor Presidente, señores Jefes de Estado y de Gobierno, distinguidos delegados:

En 1912, en La Haya –cuando se suscribió la Convención Internacional del Opio– se declaró el objetivo de “continuar con la supresión gradual del abuso del opio, de la morfina, de la cocaína…”.

¡Ha pasado más de un siglo desde esa declaración!

Luego –medio siglo más tarde–, en 1961, en este mismo recinto se aprobó la Convención Única sobre Estupefacientes.

Y diez años después, el presidente Richard Nixon declaró la Guerra contra las Drogas.

Hoy estoy aquí para hablarles en nombre del país que más sacrificios y más costos ha pagado por esta guerra,

La primera pregunta que tenemos que hacernos –mirando esos esfuerzos de años, de décadas, ¡de siglos!– es ésta:

Después de tantas vidas segadas, después de tanta corrupción y violencia generadas, después de tantos jóvenes marchitándose en las cárceles… ¿podemos decir que ganamos esta guerra?

¿Podemos decir –al menos– que la vamos ganando?

La respuesta –infortunadamente– es NO.

NO la hemos ganado y tampoco la vamos ganando.

La lógica y el sentido común nos obligan –entonces– a repensar.

Si hemos aplicado una receta –basada principalmente en la represión– por tanto tiempo, sin resolver el problema… es hora de replantear el tratamiento. Y para eso estamos aquí.

En la Cumbre de las Américas de Cartagena –en 2012– hablé de la necesidad de hacer una revisión a fondo –basada en evidencias y desligada de prejuicios e ideologías– a la estrategia global contra las drogas y sus resultados.

En esa dirección avanzamos en el seno de la Organización de Estados Americanos.

A nivel mundial, propusimos –junto con México y Guatemala– realizar esta Sesión Especial.

Hoy adoptamos un documento que da un paso en la dirección correcta, acercándose a una visión más integral y equilibrada en la lucha contra las drogas.

Pero hay que reconocer que NO es suficiente, y que queda mucho camino por recorrer.

¿Qué se logró principalmente?

Se aceptó que las convenciones de drogas tienen un margen de flexibilidad en su aplicación, pues deben adaptarse a las circunstancias particulares de cada Estado.

Se avanzó, también, en garantizar el acceso a sustancias controladas para usos médicos y científicos –como ya lo estamos haciendo en Colombia–, y en procurar medidas para reducir los riesgos y el daño causado por el consumo.

¿Y qué sigue pendiente? Mucho todavía…

Sigue pendiente acordar que los derechos humanos –y las convenciones que los reconocen y protegen– NO pueden estar en segundo plano frente a las convenciones de drogas.

Muchos Estados del mundo –incluido Colombia– NO contemplan la pena de muerte en ningún caso, y debe llegarse, por lo menos, a una moratoria en su aplicación a delitos relacionados con drogas, mientras se alcanza un consenso para su eliminación.

Es otro avance –eso sí– que se haya consignado en el documento la opción de penas alternativas al encarcelamiento, y declarado la importancia del principio de proporcionalidad de las penas.

En el mismo sentido –y desde la perspectiva de derechos humanos–, falta definir que el consumo de drogas es un problema de salud pública y, como tal, NO amerita un tratamiento criminal.

Yo he hecho el siguiente ejercicio y les propongo que lo hagan ustedes: pregunten a cualquier madre –a cualquiera– si quiere que su hijo adicto a las drogas pase 5 años en una cárcel, o si prefiere que sea tratado por los servicios de salud para su rehabilitación.

Ninguna va a optar por la cárcel, porque quieren lo mejor para sus hijos, y porque las cárceles son para delincuentes, no para adictos, que –dicho sea de paso– en la cárcel se vuelven delincuentes.

Sigue pendiente reconocer que las medidas represivas han recaído de manera desequilibrada sobre los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico.

Los pequeños cultivadores, las llamadas “mulas” y los consumidores llenan las prisiones alrededor del mundo.

¿Cómo le explico yo a un humilde campesino colombiano que va a ir a la cárcel por cultivar marihuana, cuando cualquiera en los estados de Colorado o de Washington, en Estados Unidos, puede producirla, venderla y consumirla libremente?

¡No tiene sentido! Tenemos que enfocar nuestra lucha contra los eslabones más fuertes de la cadena: los grandes narcotraficantes, los proveedores de insumos químicos, las organizaciones que facilitan el lavado de activos…

A las mafias hay que golpearlas donde más les duele.

¿Cómo? Persiguiendo los dineros mal habidos y quitándoles esas utilidades exorbitantes que tanta violencia y corrupción generan.

Debemos reconocer, con la mano en el corazón, que –así como NO tenemos un mundo libre de alcohol, ni libre de tabaco, ni libre de violencia– NO tendremos un mundo libre de drogas.

Pero hay una gran gama de opciones que podemos explorar para mejorar nuestro desempeño frente a este flagelo, protegiendo al ser humano y brindando oportunidades a las comunidades campesinas presas del negocio del narcotráfico.

Colombia NO aboga por la legalización de las drogas ilícitas.

Colombia –que no quepa duda– seguirá atacando el crimen organizado, sustituyendo los cultivos ilícitos por lícitos, e interceptando barcos y aeronaves del narcotráfico.

Porque para Colombia la lucha contra las drogas no es solo un imperativo moral: es un asunto de seguridad nacional.

Hemos sido exitosos en muchos frentes. Doblegamos los grandes carteles –otrora invencibles– de Medellín, de Cali y del Norte del Valle.

Ahora mismo trabajamos para firmar la paz con grupos guerrilleros que han participado en la cadena del narcotráfico, y para convertirlos en aliados para la erradicación de cultivos ilícitos y la promoción de proyectos productivos alternativos.

Si lo logramos, este será un giro histórico y favorable no solo para Colombia sino para el mundo entero.

Y ahora luchamos contra pequeños carteles, porque los delincuentes se adaptan –se transforman–, y así debemos hacer los Estados que los combatimos. ¡No podemos bajar la guardia!

Señor Presidente y apreciados delegados:

Hoy hemos dado un paso valioso, pero tenemos que seguir avanzando.

El debate sobre las políticas de drogas NO termina con esta sesión especial. ¡El debate apenas comienza!

De aquí al 2019 debemos seguir acercando las posiciones divergentes para que ese año –cuando se haga un balance sobre el Plan de Acción del 2009– logremos el objetivo: un nuevo consenso global sobre la política frente a las drogas.

Y debe ser un debate ampliado: que involucre –además de la Comisión de Estupefacientes– al Secretario General y la Asamblea General de Naciones Unidas; al Consejo Económico y Social; a los organismos especializados en salud, derechos humanos y desarrollo. Y a la sociedad civil y la academia.

También ¬–para procurar la mayor objetividad– necesitamos el apoyo de un grupo especialmente dedicado a revisar las políticas y metas globales, a fin de prepararnos mejor para el 2019.

En este sentido, compartimos la iniciativa –que han promovido varios países– de solicitar al Secretario General la creación de un Grupo de Alto Nivel de Personas Eminentes que ayude a evaluar las bases de las políticas actuales y proponga las reformas necesarias.

Colombia, por su parte –y como lo ha hecho hasta ahora–, seguirá poniendo su mayor empeño en esta tarea.

Y seguiremos cooperando y colaborando con otras naciones que puedan beneficiarse de nuestra experiencia, como ya lo hacemos con varios países de Centroamérica y del mundo.

Hoy hemos iniciado un proceso irreversible de transformación de la política de drogas. Y vamos a continuarlo.

¡Tenemos que continuarlo!

Se lo debemos a la humanidad.