Para el 31 de enero está previsto el retorno 100 % a la presencialidad de los estudiantes de colegios oficiales de Barranquilla, y en esa última semana del mes también deberá hacerlo la mayoría de colegios del país, teniendo en cuenta que desde el 21 de diciembre los ministerios de Salud y Educación dieron a conocer la Resolución 2157 de 2021, que consignó la eliminación de aforos en el servicio educativo, incluyendo los servicios de alimentación escolar, transporte y actividades curriculares complementarias, así como la educación para el trabajo y la educación superior.

Sin embargo, a pocos días de que las instituciones educativas oficiales retornen a las actividades presenciales, los sindicatos de maestros han manifestado sus reparos expresando que “no están dadas las condiciones” en muchas de ellas para hacerlo, y aseguran que “al gobierno le falta mucho por cumplir: desde agua hasta docentes”. Petición en la que están alineados los sindicatos de maestros de Barranquilla y el Atlántico, Adea y Adeba, que afirman que se debe esperar a ver cómo se comporta la pandemia con la expansión del virus por cuenta de la variante ómicron.

El llamado de los docentes encendió las críticas de diversos sectores que cuestionan su posición y consideran que ya no se puede seguir aplazando la total presencialidad en los colegios dada la afectación que ha significado para los niños y adolescentes la virtualidad y la creciente ampliación de las brechas por cuenta de la falta de acceso a un computador,  un dispositivo móvil o al servicio de internet  de muchos menores para poder conectarse y seguir las clases y actividades.

En ese sentido, aunque está claro que todavía queda mucha tarea por hacer para mejorar la cobertura y calidad de la educación en los territorios –hablando puntualmente de los casos de Barranquilla y el Atlántico– cabe resaltar los esfuerzos que se han venido adelantando en materia de inversión para continuar brindándoles la posibilidad a los estudiantes de volver plenamente a las aulas y tener la interacción con sus compañeros y docentes. Eso sí manteniendo, como al término de 2021, todos los protocolos de bioseguridad que estipulan las normas sanitarias y estimulando la vacunación como la clave para izar bandera en la batalla contra el virus de la covid-19.

Así, el Distrito ha logrado intervenir 160 sedes de escuelas públicas para la presencialidad y suministrarles dotación de elementos de bioseguridad. En la misma línea la Gobernación informó que se intervinieron 153 sedes educativas en el departamento con un presupuesto que supera los $23 mil millones de pesos.

Con lo anterior en el panorama, por el momento es prudente esperar que avance la vacunación y permitir que sean las evaluaciones epidemiológicas hechas por los expertos del Comité Asesor del Ministerio de Salud las que marquen la pauta y las decisiones a seguir. La  tarea es ir paso a paso, pero sin negar la posibilidad de acortar la inmensa brecha educativa que abrió la pandemia y empezar a asistir la salud mental de los niños, niñas y adolescentes que ya están haciendo su tarea con la vacunación bajo la esperanza de un regreso seguro a sus colegios.

Los cuestionamientos del sindicato de maestros generaron una oleada de críticas de distintos sectores que apuntan a que los docentes se niegan a retornar a las aulas.