Editoriales |

Espiral de violencia

El hallazgo de tres cuerpos sin vida, acribillados a balazos en San José de Uré es el capítulo más reciente en la escalada de violencia que sacude al país y que será, sin duda, el mayor desafío para el próximo ministro de Defensa.

Hace ocho meses, la Defensoría del Pueblo presentó un informe que presentaba a San José de Uré como el municipio más violento del país. Esa violencia se manifestaba no solo en el número de asesinatos –se reportaban 32 hasta ese momento–, sino en la cantidad de familias desplazadas.

Muchos consejos de seguridad se han celebrado desde entonces para abordar el grave problema de inseguridad en Córdoba, y muy en particular en ese municipio de poco más de 11 mil habitantes situado el sur del departamento. Pero la sombra de la violencia sigue sobrevolando esta zona tomada por las más sanguinarias organizaciones criminales.

 En las últimas horas fueron hallados los cuerpos sin vida de tres personas que habían sido sacadas a la fuerza de sus viviendas en zonas rurales del municipio. Los tres registraban múltiples impactos de bala. El macabro hallazgo se produjo apenas un mes después de otro triple asesinato en Córdoba, en esa ocasión en el municipio de Canalete.

Al parecer, lo que sucede en la región es una guerra abierta por el control del territorio entre ‘los Caparros’ y el ‘Clan del Golfo’, dos de las organizaciones ilegales más poderosas que se mueven hoy por la geografía colombiana. El telón de fondo de este enfrentamiento es, como no podía ser de otra manera, el dominio del negocio ilegal del cultivo de coca y de rutas para sacar la droga del país a los mercados internacionales.

Estamos, no cabe duda, ante un escenario de recrudecimiento de la violencia en Colombia, frente al cual no hay otra opción que responder  con la máxima contundencia con todos los instrumentos punitivos que permite la ley.

Casi no pasa día sin que trascienda alguna información sobre un episodio violento causado por las organizaciones criminales, sean estas las derivadas del paramilitarismo o de la desmovilizada Farc, o del aún activo grupo guerrillero Eln. A ellos hay que añadir la irrupción en nuestro país del tenebroso cartel mexicano de Sinaloa, que, según diversas fuentes, se está convirtiendo en uno de los actores centrales de la nueva espiral de violencia que recorre el país.

Este es, quizá, el mayor de los retos del próximo ministro de Defensa que designe el presidente Duque, tras la dimisión, el pasado miércoles, de Guillermo Botero.

El Gobierno tiene razón en afirmar que el aumento exponencial de los cultivo de coca que heredó del anterior Ejecutivo explica en gran medida el aumento de la criminalidad organizada. Pero ya ha pasado el momento de mirar por el retrovisor. Lo que se espera del Gobierno es que actúe con cada vez mayor determinación contra los criminales y frene la escalada de violencia.

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