A menos de dos semanas de la segunda vuelta presidencial en Perú, la masacre de 16 personas en la región cocalera de Junín atribuida al grupo terrorista Sendero Luminoso– perturba por completo la recta final de una campaña plagada, en sí misma, de hostilidades. Partidarios de los candidatos en contienda, el profesor rural Pedro Castillo, del partido izquierdista Perú Libre, y de la excongresista derechista de Fuerza Popular Keiko Fujimori, confirman el escaso nivel del debate político en el país al usar este repudiable hecho criminal como arma arrojadiza para atacarse tratando de obtener réditos electorales que les arañen unos puntos a su favor en las encuestas.

Al clima de inestabilidad política, social y sanitaria del Perú, país que arrastra una profunda crisis de legitimidad institucional desde hace años debido a los gravísimos hechos de corrupción que involucran a seis de sus presidentes, se le suma ahora esta espantosa matanza que los retrotrae a su pasado más doloroso cuando padecieron lamentables episodios de violencia perpetrados por organizaciones terroristas en zonas rurales y urbanas, así como sistemáticas violaciones de derechos humanos durante el largo mandato de Alberto Fujimori, hoy condenado por crímenes de lesa humanidad.

Panfletos hallados en el sitio de los asesinatos en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, conocido como Vraem –donde se produce la mayor cantidad de cocaína del país– convocan a un boicot en contra de los comicios del próximo 6 de junio y acusan de traidor a quien vote por Keiko Fujimori, quien se apresuró a pedir a los ciudadanos “no ceder ante la amenaza del terrorismo” posicionándose como una abanderada en esta lucha. Un discurso que, por su origen y herencia política, la curtida política sabe manejar bastante bien. Del otro lado, su rival, el señor Castillo, a quien sus detractores señalan de querer instaurar en Perú un estado comunista, está siendo cuestionado –sin pruebas– por sus supuestos vínculos con el terrorismo. Ahora que este asunto se convirtió en una de las claves de la elección, su postura será decisiva y podría inclinar en su contra la balanza que hoy lo ubica como el preferido de los votantes.

No es la primera vez que estos remanentes de Sendero Luminoso intentan boicotear las elecciones presidenciales de Perú. En 2011 y 2016, horas antes de los comicios, sus ataques dejaron al menos 15 personas muertas. Una estrategia que los reafirma como una amenaza de extremo cuidado que se resiste a desaparecer, a pesar de no contar con el reconocimiento de Abimael Guzmán, el camarada Gonzalo, fundador y máximo líder de esta organización terrorista –que libró una lucha armada contra el Estado peruano entre 1979 y 1992– y quien paga actualmente una condena a cadena perpetua.

Perú está a punto de tomar una decisión de la que dependerá su futuro, en medio de la tensión política y social desatada por una disputa electoral ausente de planteamientos y repleta de insultos, descalificaciones y serias acusaciones entre los bandos. Un espejo en el que el resto de nosotros debería verse. Las radicalizaciones solo perturban el análisis decantado de las propuestas y alimentan el odio, las divisiones y de paso la violencia, haciéndonos olvidar que después de la elección el ganador tendrá que gobernar para todos, vencedores y vencidos.