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El Editorial | Pisando fuerte

Eduardo Cifuentes, nuevo presidente de la JEP, indicó que los cimientos del ente son “inmodificables e inderogables”, haciendo clara alusión al referendo que propone el expresidente Uribe para derogar la justicia transicional.

Arrancó el periodo del magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz al frente de la Jurisdicción Especial para la Paz. Su vasta experiencia como presidente de la Corte Constitucional y defensor del Pueblo le resultará útil para afrontar el enorme desafío de avanzar en las asignaturas pendientes de la JEP, entre ellas las esperadas resoluciones de determinación de hechos y conductas. Y sin duda, uno de sus mayores retos será ejercer como garante de una entidad ‘bajo fuego’ desde el primer momento.

Cifuentes Muñoz asumió el cargo pisando fuerte. Cuestionó con severidad a quienes, según él, intentan derogar el tribunal con “fines electoreros” y sentenció que la JEP es lo más parecido a un “tren de justicia que llegó para quedarse”. Como hizo la imperturbable magistrada Patricia Linares, la primera y saliente presidenta de la JEP, durante los tres primeros años de su existencia, el curtido abogado – amparado en argumentos éticos, morales y jurídicos – salió en defensa del organismo, convencido de que la implementación de la paz pasa por la justicia y garantiza el cumplimiento de los derechos de la población más vulnerable, la de la Colombia profunda, tan martirizada por décadas de infame violencia.

Desafiando a los grandes contradictores de la JEP, su primer gran pronunciamiento lo hizo en referencia directa al anuncio del expresidente Álvaro Uribe, quien reveló hace algunos días el borrador de referendo para derogarla o reformarla. Cifuentes Muñoz, veedor del cumplimiento del Acuerdo de Paz y de su Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, indicó que los cimientos de la JEP, incorporados a la Constitución y basados en normas superiores del derecho interno e internacional, son “inmodificables e inderogables”.

A pesar de las turbulencias que sus palabras desatarían, no ahorró una sola para expresar su curiosidad por la marcada intencionalidad de sectores políticos de ‘tumbar’ el tribunal ahora cuando comienza a descubrir verdad, a encontrar fosas y a hacer efectivos los derechos de las víctimas. Por eso, sin titubeos, pidió respeto y advirtió que el Estado colombiano y sus gobernantes tienen que cumplir con los deberes que emanan del proceso de paz. Al buen entendedor, pocas palabras.

Sin embargo, los cuestionamientos hacia el tribunal de paz, luego de una primera etapa en la que no se produjeron sanciones sobre los crímenes investigados, hoy no solo llegan de sus críticos más acérrimos. Cada vez son más los sectores de la opinión pública demandando celeridad en las resoluciones del tribunal llamado a resolver la situación de sus comparecientes, voluntarios y forzosos, a quienes exigen verdad y aceptación de responsabilidad para poder definir su situación jurídica.

Sin decisiones de fondo, la confianza en la JEP y en el mismo proceso de paz corre el riesgo de debilitarse aún más. Un escenario extremadamente peligroso por el escalamiento de la violencia en los territorios donde las comunidades están perdiendo la esperanza de vivir sin los rigores del implacable conflicto. El magistrado Cifuentes Muñoz, a quien le asiste el irrenunciable compromiso con las víctimas y apuesta por dejar una impronta de unidad, acción y resultados, anuncia decisiones, en 45 días, en los casos 01 y 03, sobre secuestro y falsos positivos. Un punto de inflexión esperado por los colombianos que reforzará el crucial papel de la JEP como órgano articulador de la esquiva reconciliación nacional.

Un nuevo frente de enorme controversia jurídica y política se abre en la JEP con el reconocimiento de responsabilidad de los ex-Farc en el magnicidio del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado y los atentados contra el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. El aporte a la verdad de los excombatientes será significativo, pero la JEP deberá demostrar su madurez y fortaleza obteniendo pruebas irrebatibles que demuestren la responsabilidad que se atribuyen. Que nadie tema a la verdad. El país merece conocerla para salir del embrujo de la mentira y la oscuridad en el que ha permanecido demasiado tiempo.

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