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El Editorial | Cuellos de botella del Pumarejo

Tras un año de funcionamiento, el puente Pumarejo afronta enormes desafíos que deben ser resueltos, previa concertación, entre los Gobiernos nacional y locales en beneficio de los usuarios y la Región Caribe.

Un año después de la inauguración del nuevo puente Pumarejo, la megaobra en la que se invirtieron casi $800 mil millones para mejorar la movilidad y conectividad vial de la Región Caribe, siguen sin ser resueltos varios cuellos de botella, responsabilidad del Gobierno nacional en algunos casos; y otros, del resorte del Distrito de Barranquilla, la alcaldía de Sitionuevo y el departamento del Magdalena, entre ellos la seguridad de la estructura –sometida a vandalismo y robos constantes– y la operación, consumo y mantenimiento del alumbrado público.

Inicialmente, el manejo de la infraestructura estuvo a cargo de la firma constructora Sacyr que el pasado mes de junio la entregó al Instituto Nacional de Vías (Invías), según lo acordado para que asumiera competencias vinculadas a su mantenimiento y el de sus accesos. Sin embargo, esta gestión ha estado marcada por desafíos inconclusos que empañaron el primer año del considerado puente más ancho de América Latina.

Como ocurría, un año atrás, el futuro del viejo puente Pumarejo está en el limbo por la falta de recursos para definir qué hacer con él. Antes, porque no se contemplaron fondos para su demolición y ahora, porque un bloqueo presupuestal en Invías frenó, durante meses, la financiación de un estudio para conocer si es viable desmontarlo en su parte central facilitando el paso de buques de gran tamaño, mientras sus extremos serían usados como miradores turísticos, a manera de prolongación del Gran Malecón del Río.

Si no se elimina la parte central del antiguo puente, no será posible cumplir con uno de los grandes objetivos de esta majestuosa estructura de casi 45 metros, más alta que el Golden Gate de San Francisco, como es el de facilitar el paso de enormes embarcaciones por ese punto del río Magdalena. Sin embargo, aquí aparece otro de los cuellos de botella que un año después de la inauguración del nuevo Pumarejo tampoco se ha resuelto: el calado del canal de acceso al Puerto de Barranquilla, a pesar de contar con una draga permanente. Con apenas un calado de 8,2 metros o incluso menos en la zona portuaria, los grandes buques terminarían encallados mucho antes de llegar a navegar por debajo del puente.

Solucionar este entuerto es prioritario, con o sin demolición del viejo Pumarejo. Clave lo que debe ocurrir mañana cuando Cormagdalena y Findeter firmen un contrato interadministrativo para garantizar la continuidad en el dragado del canal navegable, además se requiere conocer a quién y bajo qué condiciones se otorgará el contrato por $28 mil millones para adelantar estas labores en 2021; a la espera eso sí, del inicio de la licitación de la App del Río con la que se garantizará su navegabilidad 24/7, previsto para el primer trimestre del próximo año.

Es prioritario que este proyecto, bandera del plan Compromiso por Colombia del presidente Iván Duque, arranque en 2021, así como la construcción de los dos viaductos entre Ciénaga y Barranquilla, kilómetros 19 y 28 –los más afectados por la erosión costera– cuyos recursos por $700 mil millones acaban de ser aprobados por el Conpes. En tanto, la Gobernación del Magdalena analiza la viabilidad de una iniciativa privada para construir la doble calzada, una obra esencial para que se reduzcan los índices de accidentalidad vial y no se siga generando congestión tras el paso por el puente, en el que se movilizan a diario más de 8 mil automotores.

El puente Pumarejo, una de las obras de infraestructura más importantes de la historia reciente de Colombia, ícono de la Costa Caribe, presta un servicio fundamental en materia de movilidad, pero claramente mejorable en aras de impulsar cada vez más la competitividad de la economía regional y nacional. 2020, su primer año, especialmente complejo debido a la pandemia de Covid-19, marcó los derroteros a solventar en asuntos perentorios que deben ser concertados, con voluntad política y visión de futuro, entre los Gobiernos nacional y locales, apostando por el beneficio de sus usuarios y del desarrollo económico y social de la Región.

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