Luego de adelantar una inspección judicial a la sede de la Registraduría, en Soledad, y recopilar pruebas sobre irregularidades en la expedición de registros civiles y cédulas para nacionalizar de manera fraudulenta a ciudadanos venezolanos en Barranquilla y Atlántico, en tiempo récord y mediante el pago de una tarifa acordada, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Fiscalía General de la Nación asumen el desafío enorme de desenmascarar, cuanto antes, a la red corrupta e ilegal que, de manera sistemática, comete estos delitos desde hace tiempo, según ha divulgado EL HERALDO en reiteradas oportunidades.

No es la primera vez que los organismos de control y autoridades electorales intentan actuar frente al accionar de estos delincuentes que, a pesar de capturas o golpes anteriores, no desisten de extender sus tentáculos a entidades como Migración Colombia y la Registraduría buscando corromper a funcionarios públicos para ponerlos a su servicio. Un ‘negocio redondo’, alimentado por tramitadores e intermediarios, toda una cadena de inescrupulosos lucrándose de la desesperación de migrantes urgidos de regularizar su situación en Colombia para conseguir un trabajo bien remunerado que les permita enviar dinero a su país. Adquirir la nacionalidad les ayudará a acceder, por ejemplo, a créditos bancarios, facilitando su inserción laboral, cuando se trata de un negocio por cuenta propia.

Las denuncias sobre ‘legalizacion’ de migrantes venezolanos en sedes de la Registraduría de Barranquilla son constantes. Se revelan cada cierto tiempo, desde hace al menos cinco años, coincidiendo con la diáspora procedente del vecino país. Nacionalizarlos según sus apellidos, ubicándoles ‘un progenitor colombiano’ en los archivos de la Registraduría de Soledad, como destapó EL HERALDO, redefine la modalidad de la irregularidad, pero es más de lo mismo. Vergonzosa ilegalidad que se resiste a ser erradicada y bien refleja el perverso alcance de la corrupción enquistada en lo público.

Sin contemplaciones, el registrador nacional, Alexander Vega, declaró insubsistentes a los registradores especiales de Soledad y ordenó el cierre de la sede por, al menos, dos meses. Sus actuaciones son investigadas para determinar responsabilidades disciplinarias y penales por una presunta comisión de delitos contra la fe pública. No se descarta complicidad de funcionarios de más dependencias de la Registraduría en el resto del Atlántico y las pesquisas se extienden a otras zonas del país, La Guajira, Arauca y Norte de Santander, donde se estarían cometiendo más irregularidades.

Además, los registros civiles y cédulas expedidos en Soledad serán revisados uno por uno. Se requiere conocer el fondo de esta podredumbre para abordarla como debe ser: un cáncer que debe ser extirpado, cueste lo que cueste. No más pañitos de agua tibia frente a un entramado de corrupción descomunal, al que se debe enfrentar como un asunto de seguridad nacional. No en vano, Fiscalía y Registraduría tratan de establecer si esta sucesión de nacionalizaciones irregulares de migrantes venezolanos, más allá de aspiraciones laborales de los interesados, pretendería alterar el censo electoral de cara a futuras votaciones. Gravísima hipótesis que merece ser aclarada lo antes posible porque su sola consideración es alarmante.

Colombia, sumida en una profunda crisis sanitaria, económica y social, no puede darse el lujo de abrir un nuevo frente de  debilidad institucional. Urge una acción coordinada de todas las entidades del Estado, sin perder de vista que el objetivo a vencer no son los migrantes, sino los corruptos, no importa su origen.