Las escandalosas denuncias de la ex directora del Dapre Angie Rodríguez, hoy cabeza del Fondo Adaptación y otrora mano derecha del presidente Gustavo Petro, estremecen los cimientos de su gobierno. Y es así porque sus afirmaciones, conocidas ya por la Fiscalía, ponen en evidencia una de las irregularidades más graves en una democracia: la existencia de una red corrupta de carácter criminal que opera desde el núcleo duro del poder estatal.

Lo que describe trasciende episodios aislados de intrigas palaciegas o de fuego amigo, que este Ejecutivo ha tenido de sobra, para definir, según sus propias palabras, una estructura organizada de 20 personas dentro de la Casa de Nariño que disputa cuotas burocráticas e instrumentaliza el Estado para saciar sus intereses particulares, saquear recursos públicos y consolidar control político vía mecanismos irregulares. Entre esos, extorsión, espionaje, presiones ilegales o campañas de desprestigio, orquestados por integrantes del círculo de confianza de Petro: su jefe de gabinete, Raúl Moreno; el director de la Ungrd, Carlos Carrillo, y Juliana Guerrero, imputada por el delito de fraude procesal tras usar títulos universitarios falsos de la Fundación San José para posesionarse como la viceministra de las Juventudes.

Rodríguez lo califica, sin dudarlo, de un concierto para delinquir que busca su “exterminio público y físico”. De modo que la dimensión de su señalamiento es demoledora, al sugerir patrones de coordinación, persistencia y un claro propósito de captura institucional. Además, afirma, de manera explícita, que teme por su integridad y la de su familia e insiste en que “no tiene ninguna intención de suicidarse”, en una inquietante alusión a la extraña muerte del coronel Óscar Dávila en 2023, pieza clave en el caso de las chuzadas a Marelbys Meza. Ese nivel de gravedad obliga a activar todos los resortes institucionales de la nación.

Más allá de la veracidad de lo dicho por Rodríguez, que deberán establecer las autoridades competentes, el solo contenido de sus acusaciones muestra un alarmante deterioro de los estándares éticos y de control del Ejecutivo. La idea de un engranaje articulado que opera bajo las sombras, con Capacidad de presión, manipulación y retaliación, remite a dinámicas incompatibles con un Estado de derecho. Si a ello se le suma la denuncia de un supuesto “delirio por el poder y la plata” de personas que se mueven con facilidad en la Casa de Nariño, el cuadro que emerge es el de una red que desbordó cualquier límite institucional.

En ese escenario, la responsabilidad polí tica por acción u omisión del jefe de Estado no puede eludirse. Si en su entorno más cercano se consolidan rutinas de esa naturaleza, la pregunta inevitable es si hubo incapacidad para controlar, tolerancia frente a los hechos o, en el peor de los casos, algún grado de conocimiento. Cualquiera de estas hipótesis resulta profundamente lesiva para la legitimidad de un gobierno que se ufana de su carácter moral.

Es tan vergonzoso como lamentable que una administración que ascendió al poder con la promesa de cambio, transparencia y honestidad enfrente, una vez más, cuestionamientos por sus manejos irregulares o por la influencia espuria de círculos de poder paralelos que reivindican “vínculos con el Eln” como método de coacción, de acuerdo con el testimonio de Rodríguez sobre el modus operandi de Juliana Guerrero. En suma, la narrativa anticorrupción del Ejecutivo se convirtió en una fachada retórica frente a prácticas que reproducen —y hasta profundizan— los tantos vicios que se comprometieron a erradicar.

En consecuencia, la respuesta del Estado no admite dilaciones ni ambigüedades. La Fiscalía y la Procuraduría deben actuar con celeridad, rigor y total independencia, es carbando hasta el fondo porque Rodríguez también salpica a las siempre objetables DNI y UNP. Colombia tiene derecho a saber la verdad, exigir justicia y, si es del caso, que se produzcan sanciones.

La democracia descansa, en buena me dida, en la vigilancia permanente del poder. Cuando aparecen denuncias de este tipo desde el corazón del Gobierno, lo que corresponde no es el cierre de filas ni la descalificación automática, tan usual en el presidente o en el petrismo, sino la apertura de investigaciones serias que nos libren de la impunidad. De lo contrario, se corre el riesgo de que los gobernantes de turno normalicen prácticas que socavan la lega lidad e impongan autoritarismos mafiosos o sistemas cleptocráticos como garantía de poder. En el fondo, esa es la marca de quienes apelan a presiones indebidas, se pliegan ante intereses oscuros y terminan legitimando la corrupción, como si fuera un negocio político.