Las amenazas de muerte y hostigamientos contra los candidatos presidenciales Paloma Valencia y Abelardo De la Espriella constituyen una señal inequívoca de deterioro del clima democrático que Colombia no puede tolerar ni pasar por alto. La circulación de contenidos intimidatorios en plataformas digitales —que simulan la muerte, incitan al odio o legitiman la violencia— representa una repudiable forma de violencia política que, sabemos de sobra, procura silenciar, amedrentar y distorsionar o descarrilar la contienda electoral. Permitir su normalización equivale a abrir la puerta a escenarios que la nación ha transitado con dolor.

Es simple de entender. Cuando circulan mensajes que llamar a odiar o sugieren eliminar al contradictor, se desnaturaliza la contienda y se instala un clima de miedo incompatible con la democracia. Ese camino, además de ilegal, es éticamente inaceptable, porque ninguna aspiración política puede construirse sobre la amenaza. De ahí la urgencia de reencauzar el debate electoral hacia su cauce legítimo: la confrontación de ideas, la argumentación y la palabra. Las diferencias —que pueden ser profundas y legítimas— deben tramitarse en el terreno de los programas, propuestas y la deliberación pública, no en el de las coacciones.

Cuando la política renuncia a la razón y apela al temor abdica de su esencia de hacerlo todo posible y acaba erosionando la confianza ciudadana. No es catastrofismo, más bien realidad. Sin duda, la gravedad se acentúa en un contexto marcado por antecedentes aún recientes. El magnicidio de Miguel Uribe Turbay, cuya autoría fue atribuida por la Fiscalía a la Segunda Marquetalia, confirmó la injerencia de estructuras armadas ilegales en la campaña política. No se trata, entonces, de algo anecdótico, sino de una amenaza estructural que pone en riesgo la integridad del decisivo proceso electoral.

Más aún cuando las advertencias trascienden las fronteras. El pronunciamiento del Departamento de Estado de los Estados Unidos —que exigió garantías para los candidatos y alertó sobre el impacto regional de la violencia política— se convierte en un llamado de atención que el Estado colombiano no debe desoír.

En ese escenario, la respuesta institucional tiene que ser tan inmediata como contundente. Es obligación de la Fiscalía esclarecer con celeridad el origen de las amenazas, identificar a los responsables y judicializarlos. La impunidad no puede ser una opción. Al mismo tiempo, las plataformas digitales tendrían que asumir su responsabilidad y actuar con diligencia para evitar la propagación de contenidos que incitan a la violencia, como lo exigió la Defensoría.

Tiene razón cuando señala que resulta inadmisible que mensajes de muerte circulen con tanta facilidad por redes, aún más en la cuenta regresiva de la primera vuelta presidencial.

El Gobierno nacional, por su parte, tiene el deber ineludible de garantizar condiciones de seguridad plenas para todos los aspirantes, sin ninguna distinción, sobre todo si se trata de sus antagonistas políticos. La democracia no se sostiene únicamente en las urnas, también en la posibilidad real de que quienes ejercen su derecho a ser elegidos lo hagan de manera libre y sin miedo. En el caso de Valencia, la amenaza adquiere una dimensión aún más grave: la violencia política de género que busca desalentar la participación de las mujeres en estos escenarios, perpetuar su exclusión en espacios de poder y restringir el pluralismo, lo cual exige protección reforzada y una condena unánime de todos los sectores ahora en disputa.

En medio de circunstancias tan desafortunadas, que cuestionan las garantías electorales, pretender obtener réditos políticos mediante la intimidación es moralmente inaceptable y profundamente antidemocrático. No cabe más que la unidad de los demócratas para presionar por una reacción articulada que sume justicia efectiva, protección integral y una solidaridad inequívoca de los sectores políticos y sociales para cerrar filas contra quienes promueven mensajes de odio. No basta con que el Gobierno insista en que los resguardos para una contienda segura, libre y transparente están dados, tiene que verificar que así sea.

Cuando el debate electoral carece de garantías y se contamina de violencia no solo peligra la seguridad física de los candidatos, lo cual ya es extremadamente grave, también se socava la legitimidad de la democracia en su conjunto. En este punto, se requeriría un acuerdo mínimo —explícito y verificable— para blindar las campañas de toda forma de violencia y estigmatización. Solo así será posible que la competencia se defina por la fuerza de los argumentos y no por el ruido de las amenazas que empujan al país a una deriva peligrosa.