Descartar una posible manipulación de los resultados electorales en Colombia no es un acto de fe, sino una constatación institucional. No estamos hablando de Venezuela, donde jamás fueron publicadas las actas que le otorgaron la victoria al sátrapa de Nicolás Maduro, hoy preso en Estados Unidos. El corazón de nuestro sistema no está en softwares opacos ni en decisiones discrecionales de la autoridad electoral, sino en el trabajo de miles de jurados de votación que diligencian a mano las actas y en el de jueces de la República que realizan los escrutinios. Son esas instancias —ciudadanas y judiciales— las que definen, verifican y declaran los resultados oficiales de los comicios. Allí reside la garantía democrática del país.
La arquitectura del proceso comicial que ha permitido las elecciones de quienes —desde lo más alto del poder político— insisten hoy en deslegitimarla es firme. El preconteo entrega datos de manera preliminar y rápida para dar tranquilidad a la ciudadanía; el escrutinio, en cambio, es el verdadero momento decisorio, público y controlado, sustentado en actas físicas contrastables o verificables. ¿Y los sistemas informáticos? Estos cumplen una función instrumental de consolidación y divulgación, sometidos además a auditorías y observación. Por eso, aunque se diga lo contrario, no existe margen real para alterar la voluntad popular.
Así funciona. Preocupa, entonces, que a pocos días de que Colombia acuda a las urnas para elegir Congreso y candidatos presidenciales, la discusión pública adquiera un rumbo tan peligroso. Mientras las instituciones del país y misiones internacionales refuerzan mensajes de integridad electoral y exhiben controles inéditos de transparencia, el presidente Petro insiste en sembrar todo tipo de sospechas sobre un supuesto fraude sin aportar evidencias, solo desinformación. En una nación con una historia marcada por episodios de dolorosa violencia política, como el asesinato del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, un gesto de tamaña irresponsabilidad atenta contra la confianza ciudadana y tensiona, innecesariamente, la estabilidad democrática cuando más se requiere de coordinación interinstitucional para conjurar riesgos, efecto de la gobernanza criminal en los territorios.
La Registraduría, la máxima autoridad electoral, ha sido clara y coherente ante el relato del fraude. Con precisión y paciencia de Job, a decir verdad, el registrador Hernán Penagos ha detallado el engranaje técnico e institucional que no deja espacio para teorías conspirativas.
Como nunca antes, la entidad blinda el proceso con auditorías informáticas internacionales, exposición y congelamiento del renombrado código fuente, anuncio de publicación masiva de las actas, simulacros diarios de todos los sistemas y aclaraciones del papel de la ‘bestia negra’ de Petro, la multinacional Thomas Greg & Sons, en el andamiaje electoral, como el propio Penagos lo cuenta hoy en EL HERALDO. Su válido cuestionamiento sobre el “altísimo costo social” de las elecciones es irrebatible: “¿Por qué a Colombia le tiene que costar tanto la democracia y la ciudadanía tiene que pagar tanto por elegir sus gobernantes en cuanto a vidas, degradación de las instituciones, confianza inversionista o en términos económicos?
Al mentir sin vergüenza para desacreditar o atacar sin sustento a la Registraduría se golpea al alma del sistema democrático. Y ese es un serio problema porque deslegitimar al árbitro equivale a poner en duda el partido antes de jugarlo. O lo que es lo mismo, le abre la puerta a otros escenarios de máximo riesgo, incluido el desconocimiento de resultados electorales.
La democracia no se defiende debilitando sus instituciones, sino enfrentando con decisión a quienes, desde la ilegalidad o el abuso del poder, buscan secuestrar la voluntad popular. En este momento crítico, cuando la injerencia de grupos criminales va en aumento, la mayor obligación del Gobierno y líderes políticos es cuidar la confianza ciudadana, no dinamitarla. En esa misma línea, la Procuraduría de Gregorio Eljach promueve la estrategia de Paz Electoral para proteger la legitimidad de los comicios y garantizar respeto por los resultados
Es elemental. Dejemos de caer en el deliberado desvío o distracción de la atención pública hacia fantasmas tecnológicos o la tinta de los lapiceros y traslademos el foco a los riesgos reales: compra de votos, constreñimiento al elector, financiación ilegal de campañas, uso indebido de recursos públicos, participación política de funcionarios e injerencia y coacción de estructuras violentas. Ahí está el fraude real, el que distorsiona la representación y encarece la democracia. La responsabilidad es colectiva y la salida a este laberinto en el que nos metió el jefe de Estado es institucional: reglas claras, controles efectivos, rechazo a la desinformación y respeto por lo que decidan las urnas. Colombia merece elecciones libres, transparentes, seguras y en paz.
