La unidad funcional 2 de la Gran Vía, antigua carrera 51B, en Puerto Colombia, pasó de ser un ilusionante símbolo de progreso, como lo es la primera etapa del proyecto, a convertirse en un vergonzoso caso de falta de transparencia, improvisación financiera y desgaste social.

Adjudicada al Consorcio Corredor Vial en diciembre de 2022 por $94.720 millones, recursos procedentes de regalías, esta infraestructura se le ‘vendió’ a la opinión pública como la continuación de una intervención estratégica entre el Club Campestre y la sede norte de la Universidad del Atlántico. Hasta ahí todo en orden. La obra arrancó en marzo de 2023, el tramo en cuestión debía entregarse inicialmente en septiembre de 2024, pero fue aplazado a 2025 y ahora se anuncia como nueva fecha el 30 de junio de 2026, según la Gobernación.

Sin embargo, la obra de escasos avances se encuentra hoy —literalmente— hundida en un gigantesco hueco polvoriento, lo más parecido al lejano oeste: deprimido, le llaman los ingenieros civiles. Pues, difícil un nombre más acertado para el adefesio porque así están sus vecinos y los transeúntes del sector, que en EL HERALDO se han expresado hastiados, cabreados e indignados de que les mamen gallo de una manera tan cínica como descarada, sin que nadie haya sido capaz de resolverles con solvencia y claridad sus tan legítimas dudas.

Caminar en esa zona es una actividad de máximo riesgo, porque implica esquivar zanjas, arena, desniveles y tramos sin andenes. El retiro del alumbrado oscureció las calles y sumó más riesgos para los actores viales. Comerciantes reportan cierres, en vista de que acceder a sus locales se volvió una odisea. Así que esta ya no es una incomodidad menor; es una afectación directa a la seguridad, la movilidad, la economía local y la paciencia de la gente.

Es de sentido común señalar que cada nueva prórroga erosiona la credibilidad institucional: la de la Gobernación del Atlántico, la de la Alcaldía de Puerto, la de Edubar, la de los contratistas… Los argumentos técnicos —compra de predios, traslado de redes de servicios públicos, excavación rocosa, etcétera, etcétera, que se esgrimieron durante las primeras dilaciones —explicaron las demoras parciales, pero ya no justifican la falta de información transparente ni la ausencia de un plan financiero sólido para culminar las intervenciones de urbanismo y de espacio público, que ahora se conoce no tienen los recursos garantizados.

La revelación del contratista, frente a la Contraloría y Procuraduría, de que no cuenta con la plata para realizar los trabajos complementarios es un escándalo, porque andenes, zonas peatonales, adecuación del espacio público no son “adornos”, sino parte esencial de la funcionalidad, la seguridad y la calidad urbana de un proyecto tan importante. Entregar un deprimido vehicular sin su entorno completo sería consagrar una obra pésima e inconclusa.

¿En serio, las autoridades lo van a permitir? La pregunta que surge es inevitable: ¿de dónde saldrá el dinero faltante o bajo qué condiciones se solicitará la adición presupuestal que hoy demanda el contratista? A ello se suma otra inquietud de fondo: ¿dónde ha estado la interventoría, el Consorcio Intercorredor Vial, contratada por más de $5.000 millones, cuyo rol es precisamente advertir, controlar y anticipar este tipo de crisis? Si el contratista llega a una mesa de seguimiento con los entes de control a decirles que no puede garantizar una parte sustancial de la obra, algo falló en la planeación, en la supervisión, o en ambas etapas.

Sí, la Gran Vía es clave para la conectividad entre Barranquilla y Puerto Colombia. Pero sin cronogramas realistas, ni cierre financiero claro, ni compromiso de autoridades exigiendo cumplimiento de los términos acordados, este proyecto seguirá siendo percibido como una irrespetuosa carga que le ha dificultado el día a día a la gente. Una infraestructura que no se gestiona con rigor termina costando mucho más no solo en dinero, sino en credibilidad.

A estas alturas, caminamos bajo la sombra de la sospecha con el temor de irnos de bruces por el hueco de la desconfianza hacia una obra que hasta ahora solo tiene apariencia de chambonada. La verdad es que nadie entiende cómo los contratistas de la unidad funcional 2 de la Gran Vía han abusado de la ciudadanía y, aún peor, por qué los llamados a garantizar los derechos de la comunidad se lo han permitido. ¿Hasta qué punto nos dicen la verdad o nos inducen al engaño? El embuste no puede ser un código de actuación. Si los que pueden detenerlo se lo toleran, luego no se quejen ni lamenten cuando la gente se harte de ustedes.