El venerable padre Cirilo, ciertamente uno de los hombres más buenos y bien intencionados de los que existen sobre la faz de Barranquilla, asume su mediación en el diálogo sociojurídico entre el Gobierno nacional y las estructuras criminales de ‘Costeños’ y ‘Pepes’ sin punto de partida claro, más allá de reforzar el componente social de un espacio en incipiente construcción. Dicho de otra forma, cómo el mismo le expresó a EL HERALDO, aún evalúa cuál sería el alcance de su papel, en aras de hacer realidad el sueño de contribuir a pacificar al Atlántico, y en particular a la ciudad que lo adoptó desde hace casi medio siglo.

La guerra urbana que desangra a Barranquilla y a los municipios, sobre todo los de su área metropolitana, es una tragedia cotidiana que no admite discusión. Cada persona asesinada, cada comerciante extorsionado, cada familia acosada por el miedo, ratifican que el crimen organizado impone su ley con atroz violencia. Bajo esa certeza, todo intento por frenarla merecería ser examinado con rigor. Sin embargo, cualquier proceso solo ganará legitimidad si combina diálogo con resultados verificables y una acción decidida contra la delincuencia.

El Gobierno sigue abierto al diálogo con las estructuras criminales, mantiene aplazados los traslados de sus máximos jefes y promete ahora una hoja de ruta “concertada” con el territorio. El mensaje de la Consejería de Paz busca corregir sus improvisaciones previas y bajar la tensión institucional, pero deja intacta la principal inquietud ciudadana sobre los vacíos de una negociación que genera desconfianza por los fracasos de la paz total de Petro.

Por el camino, aparecen sus funcionarios: Lemus, el ya ex director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI); el comisionado Patiño y el ministro Idárraga. Cada uno, en su afán de protagonismo, se ha esforzado por defender lo indefendible hasta acabar enredados o chocando entre ellos y dejando en evidencia que no tenían ni idea de cómo darle continuidad a la tregua entre dos actores, uno de los cuales —Digno Palomino— se les bajó del bus ante la complejidad de hacer viable una salida para la disputa territorial por las rentas criminales.

Es un diálogo de sordos, en el que lo único que cabe es su sometimiento a la justicia, lo cual es una paradoja porque ‘Castor’, Digno y el Negro Ober’, de los ‘Rastrojos Costeños’, están presos, respondiendo por sus delitos, mientras sus herederos se matan por poder, en tanto arremeten contra comunidades vulnerables, transportadores o empresarios. Por cierto, ¿tiene el comisionado la certeza absoluta de que los jefes de siempre aún ejercen el control?

¿Qué pasará ahora que la supuesta tregua terminó? Cuidado con confundir propaganda con información, como insiste el Gobierno, al afirmar que la extorsión o los asesinatos selectivos son ya cosa del pasado. Esa afirmación, sustentada en una pretensión de intencionalidad política, no resiste un debate ni un análisis en profundidad. Hay que evitar consignas electorales impuestas desde visiones interesadas de quienes desconocen la realidad local, donde hay temor por la presencia de estos sujetos en cárceles de la ciudad. El riesgo por un reacomodo criminal, el fortalecimiento de redes delictivas o los mensajes de impunidad que se generen son preocupaciones justificadas que el Ejecutivo no tendría que menospreciar.

Es irrespetuoso que exhorten a las autoridades locales a cumplir sus competencias para combatir el crimen y garantizar seguridad ciudadana porque “los colombianos merecen unos carnavales en paz”. ¡Pero si son ellos los que han alborotado el avispero! No sean descarados: su diálogo con las bandas criminales no desplaza ni exime su obligación como Estado de ejercer autoridad y de salvaguardar la integridad de la gente en nuestro territorio.

Este gobierno, al que le faltó liderazgo e iniciativa para orientar una respuesta de seguridad y defensa contra el crimen organizado, ha intentado hacer la paz con insistencia. Fue una promesa de campaña. No obstante, su recurrente fórmula sin método, diseño, ruta, marcos jurídicos claros ni una política pública es ya un fracaso. Visto lo anterior, esta mesa de paz urbana, como en otras regiones, podría convertirse en una cortina de humo para distraer de sus inagotables escándalos judiciales, caos de gobernabilidad e insólitas guerras internas.

Y entonces, ¿qué hace el padre Cirilo avalando un plan sin rumbo? Seguramente, confirmar que su bondad no tiene límite, como su vocación para “trabajar y aportar todo lo posible para que por fin tengamos paz”, según sus propias palabras. Sin embargo, cuando se navega sin dirección, la deriva decide y cualquier corriente terminará imponiéndose, como la de los violentos. Así que no podemos abdicar el timón y aceptar que otros nos señalen el destino.