Con el inicio del año 2026 se marca un punto de inflexión para el municipio de Soledad. Se trata de una nueva oportunidad, tras varios procesos fallidos, para la escogencia del operador que asumirá, durante las próximas tres décadas, la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, que en la actualidad cuentan con una cobertura del 87,9 % y 71,1 %, respectivamente.

Durante el mes de diciembre, en medio de las festividades de Navidad y cierre de año, el Concejo de este municipio entregó una serie de facultades a la alcaldesa Alcira Sandoval para dar inicio a un nuevo proceso licitatorio, que trasciende lo contractual y compromete, de forma directa, la calidad de vida de miles de ciudadanos y la competitividad de un municipio.

Durante las dos últimas administraciones, la prestación de estos servicios esenciales ha estado atrapada en medio de un vaivén de disputas administrativas y jurídicas derivadas del contrato de concesión suscrito a comienzos de este siglo con la Triple A.

Si bien dicho vínculo finalizó en 2021, varias prórrogas se han firmado para evitar la suspensión del servicio a causa de la imposibilidad de sacar adelante el plan de buscar un nuevo operador. La más reciente de estas extensiones fue por tres meses y estará vigente hasta marzo, cuando se espera que ya se haya definido el nombre del nuevo responsable de tan vitales servicios.

Para las autoridades locales, esta prórroga no se concibe como una extensión abierta ni como un beneficio al concesionario, sino como una herramienta transitoria de la que se ha hecho uso ante la necesidad de asegurar una transición ordenada que no afecte la continuidad ni calidad del servicio para los habitantes.

También se trata de un tiempo prudencial para que la planta de tratamiento de agua potable Cruz de Mayo, que a la fecha está ejecutada en un 100 %, sea entregada al municipio, tal como se contemplaba en el contrato inicial. Y es que dicha infraestructura se visiona como pieza clave para beneficiar directamente a miles de usuarios ubicados en las zonas del casco viejo y Oasis, quienes actualmente dependen del suministro proveniente de Barranquilla.

Sin embargo, el camino que queda por recorrer es, como bien dice el refrán, largo y culebrero. No solo por la complejidad técnica del proceso, sino por las tensiones jurídicas y políticas que inevitablemente acompañarán la definición del nuevo modelo de prestación. Más aún cuando actualmente está activo un proceso arbitral en la Cámara de Comercio de Bogotá, donde se disputa una porción del territorio denominada ‘Zona Triple A’.

Se trata de cerca de 35 barrios tales como Los Cedros, Villa Las Moras, Villa Estadio, Nuevo Horizonte, Los Robles, Villa Katanga, Las Colonias, Las Trinitarias, Las Gaviotas ll y El Éxito que –de acuerdo con los argumentos de la empresa de servicios públicos– cuentan con redes de la Triple A desde antes de la entrada en vigencia del contrato de concesión. Es decir, los usuarios allí localizados conforman un mercado de su titularidad, no sujeto al proceso de reversión.

Ante esta gran encrucijada, que puede poner en jaque el proceso de licitación, la postura del municipio ha sido contundente: el contrato de concesión abarca la totalidad del territorio, sin distinciones ni exclusiones de zonas específicas.

Asimismo, desde la administración municipal se ha señalado que la estructuración del proceso licitatorio exige contar con estudios técnicos actualizados y rigurosos, así como la definición de eventuales soluciones transitorias que permitan atender las zonas hoy en controversia, en caso de que el Tribunal de Arbitramento aún no haya emitido un fallo definitivo al momento de adjudicar el nuevo contrato.

Lo que está en juego no es un simple cambio de operador ni un debate técnico reservado a los despachos jurídicos. Se trata de una decisión estructural que marcará el rumbo del municipio durante los próximos 30 años. Por ello, el proceso que hoy se inicia debe estar guiado por criterios de transparencia, rigor técnico y planeación de largo plazo, lejos de improvisaciones, presiones políticas o intereses particulares.