El Plan Transparencia es como ha denominado el Ministerio de Justicia colombiano el proceso de transformación del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), que anunció luego de los escándalos que sacudieron la entidad como las salidas del empresario Carlos Mattos y la fuga del narcotraficante alias Matamba, solo por mencionar algunos de la larga lista que ha acumulado en sus 30 años de existencia el organismo, creado en 1992 para administrar, inspeccionar y vigilar los centros de reclusión del país.
Las crisis desatadas en el Inpec han generado toda una serie de propuestas que van desde reformas que pongan el foco en el “componente humano” y en la resocialización de los reclusos, hasta su eliminación para dar paso a una nueva entidad “sin sindicatos“ o “con un régimen similar al de la Policía”.
Y en parte es lo que ha comenzado a explorar el saliente Gobierno nacional que, a pocos meses de finalizar su mandato, ha buscado en el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y en el Gobierno de los Estados Unidos apoyo y asesoría con el propósito de “mejorar los protocolos y procedimientos”.
El plan está en marcha y se anuncian cambios en las próximas semanas tanto en el Inpec como en la Uspec, que es la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios. A menos de cinco meses de finalizar este gobierno no generan mayores expectativas estos cambios que bien podrían ser estéticos y poco profundos por lo que se ve.
Un problema de 30 años no se resuelve de la noche a la mañana. Se trata de una institución con 12 mil guardias que debe atender una población de más de 97 mil presos repartidos en 127 centros penitenciarios, cuando solo tienen capacidad para albergar a 80.922 internos.
El hacinamiento es solo una arista del problema, y una muy grande. El verdadero trasfondo en Colombia está en la ausencia de una política criminal que apueste, como lo advierte el Centro de Investigación en Política Criminal de la Universidad Externado, “por una revisión exhaustiva del Código Penal para optar por descriminalizar las conductas menos lesivas, o aquellas cuya solución puede darse mediante otros tipos de justicia, desde aquella civil, hasta justicias restaurativas, comunitarias e indígenas”. Advierte también este centro de estudios que el plan vigente hasta 2025 no tiene propuestas estructurales, por lo que “no tendrá impactos reales en la crisis del sistema penal en Colombia”.
Lo que se ha hecho hasta ahora no ha producido frutos y por el contrario nos ha traído muchas vergüenzas. Será tarea del próximo presidente liderar un verdadero revolcón, sacudir el tablero de lo que hemos venido haciendo y trabajar desde el primer minuto en una política criminal estructural con cambios de fondo, en los que el Congreso tendrá que ser un actor protagónico para revisar, por ejemplo, el Código Penal, que “poco previene y nada resocializa”.
