Mediante documento público que fue divulgado el martes en acto realizado en el teatro de Comfamiliar, sede centro, la Registraduría Nacional se comprometió con una serie de puntos orientados a garantizar un proceso electoral transparente en el Atlántico.
Fueron testigos, porque así lo quiso esta entidad, los voceros de Protransparencia y de la Misión de Observación Electoral, MOE.
Suscribieron el compromiso los delegados del Registrador Nacional, Orlando Caballero y Patricia Cárdenas; los registradores especiales de Barranquilla, Boris Polo y Carlos González, y los registradores de todos los municipios del Atlántico.
El texto que firmaron los registradores contiene dos puntos básicos: cumplir lo que dice la Constitución, la ley electoral, el calendario de las elecciones y las disposiciones de la Organización Electoral, y hacer visible las actuaciones de la institución en todas las etapas del proceso electoral, para lo cual la Registraduría garantizará facilitar el acceso a la información electoral y su oportuna entrega; hacer pública la planeación y organización de los comicios en todas sus fases; divulgar la selección de jurados de mesa, el sorteo de estos, su capacitación y el cumplimiento de los mismos; dar a conocer el proceso de selección del personal supernumerario, e informar sobre la atención a la ciudadanía, los candidatos, los partidos y movimientos políticos.
Aunque los compromisos de la Registraduría son obligaciones de esta establecidos en la Constitución y la Ley, es plausible, de todas maneras, esta manifestación de explícita voluntad de acatar estas obligaciones por parte de los registradores de esta sección del país.
Como a la gente hay que creerle, asumimos que el acto organizado por la Registraduría es un acto de genuino compromiso por la transparencia electoral y no una manera hábil de conjurar algunas críticas a la entidad, sobre todo por la forma en que transcurrió el proceso de zonificación reciente en el Atlántico, contra el cual hay denuncias en 22 municipios del Departamento, exceptuando Barranquilla, pero no porque no se registraran de nuevo en esta capital delitos electorales sino por falta de pruebas recolectadas, según lo ha expresado la MOE.
Desde luego, la transparencia electoral no solo es responsabilidad de la Registraduría: a ella también deberían contribuir, y de manera decisiva, los partidos políticos que son las estructuras que proveen los candidatos a los distintos cargos de elección popular y movilizan a los electores, y que ahora en virtud de la reforma política no podrán otorgar avales a personas contra quienes cursen investigaciones judiciales. También es responsabilidad de la ciudadanía, pues de ella se espera que actúe de manera libre, consciente y autónoma en los procesos electorales.
Desafortunadamente, factores como el bajo nivel político y la pobreza contribuyen de modo determinante en el detestable mercadeo del voto al que, por décadas, se ha habituado la mayoría de los políticos en el país.
La Registraduría, desde tiempos inmemoriales, ha sido vista en Colombia como símbolo del fraude, del ‘chocorazo’, del ‘quien escruta elige’. Y esa imagen no ha cambiado del todo a pesar de los avances que proclama la entidad, sobre todo en el período del actual Registrador Nacional, el jurista tolimense Carlos Ariel Sánchez, quien reivindica, entre sus logros, los siguientes: la depuración del censo electoral, la introducción de la llamada identificación biométrica que evita el fraude por suplantación, la adopción de mapas de riesgo en las zonas del país más vulnerables, la divulgación rápida del preconteo de los votos, la aplicación de la ley del voto bajo techo, el rediseño de la tarjeta electoral, la culminación del proceso de renovación de cédulas, y la actualización del archivo nacional de identificación.
Todos estos avances han dado lugar a afirmar que Colombia ha progresado en el continente en transparencia electoral, pero falta mucho trecho por recorrer. Buena esta señal que ha enviado la Registraduría a través de sus representantes territoriales y es de esperar que sean consecuentes con los compromisos que han adoptado. El compromiso es ante la ciudadanía del Atlántico, y organizaciones veedoras como Protransparencia y la MOE tienen la tarea de monitorear que efectivamente se cumpla. La Registraduría, a la que en las encuestas de percepción sobre las instituciones del país no le ha ido mal en los últimos años, tiene el reto de seguir trabajando para merecer mayor confianza.
