El Consejo Gremial Nacional expresó su solidaridad con los departamentos afectados por la actual emergencia invernal y con los colombianos que atraviesan dificultades a causa de esta calamidad. No obstante, el gremio rechazó de manera categórica que el estado de emergencia sea utilizado para expedir disposiciones que, a su juicio, exceden el objetivo de conjurar la situación.
Señala que las medidas tomadas en el marco de la emergencia “introducen modificaciones estructurales en materia tributaria, ambiental, financiera, operativa y sectorial”.
Según el gremio, este tipo de medidas desborda el carácter transitorio y excepcional que la Constitución Política, en su artículo 215, asigna a las facultades del Ejecutivo durante los estados de excepción, al tiempo que invade el ámbito del debate y trámite legislativo ordinario.
El organismo señaló que principios como la seguridad jurídica, la separación de poderes y la confianza legítima son pilares fundamentales del orden constitucional y del desarrollo económico del país. En ese sentido, cuestionó la imposición de cargas sobre ingresos brutos, la creación de tributos extraordinarios, la alteración de compromisos contractuales y la modificación de condiciones regulatorias estructurales —como una eventual reforma a la jurisdicción agraria— bajo la figura de emergencia, al considerar que constituyen un precedente institucional de máxima gravedad.
El Consejo Gremial Nacional subrayó que la inversión en Colombia requiere reglas claras, previsibles y estables. “Cuando el marco normativo puede alterarse de esta modo, el mensaje es inequívoco: aumenta el riesgo institucional y disminuye la confianza”, indicó. Por ello, hizo un llamado al Gobierno Nacional para que comparta de manera transparente los costos estimados de la emergencia y detalle cuáles gastos superan lo presupuestado por la Nación para 2026.
Finalmente, el gremio reiteró su reconocimiento a la necesidad de atender con responsabilidad los efectos de los fenómenos climáticos y sociales, pero insistió en que debe respetarse de forma estricta los límites constitucionales del estado de excepción y preservarse el equilibrio institucional. “La estabilidad jurídica no es un interés sectorial, sino un activo estratégico de la Nación”, concluyó.
