Ricos o pobres: ley de financiamiento golpeará a todos los sectores

¿Es pertinente en estos momentos? ¿Está mal construida?, o incluso, ¿Será un nuevo caballo de batalla para la campaña política? Estas son algunos cuestionamientos que se le realizó a diferentes analistas económicos consultados por EL HERALDO sobre lo que le depara a la nueva reforma tributaria del Gobierno de Gustavo Petro.

Y es que el objetivo principal de esta reforma tributaria o también llamada Ley de Financiamiento, es intentar recaudar $26,3 billones y tapar el hueco que actualmente existe en las cuentas públicas.

Si bien la propuesta está orientada en garantizar los recursos estimados del Presupuesto General de la Nación (PGN) del 2026 y proteger la inversión social, la estructura de la misma ha despertado varias críticas por los efectos que su implementación podría tener en la economía tanto al ciudadano de a pie como al sector empresarial, que entre otros ha manifestado su rechazo rotundo a la radicación de este proyecto de ley.

Bajo la opinión de José Manuel Restrepo, ex ministro de Hacienda y actual rector de la Universidad EIA, la reforma tributaria del Gobierno nacional está mal estructurada.

“¿Por qué está mal estructurada? Porque eleva el costo de capital una vez más, lo que ya había sucedido en el año 2022, y con eso, disminuye el apetito por inversión en nuestro país, tanto inversión extranjera como inversión local”, señaló Restrepo a este medio.

Acto seguido, expresó que esto termina afectando a ciudadanos pero con una “lógica ideológica” atacando a través de impuestos indirectos a ricos vs pobres en una forma de odio y resentimiento a través de los mecanismos tributarios. Me parece que el camino para ajustar los tributos indirectos tiene que ser mucho más riguroso y técnico, y no lo es en la forma como está concebida”, puntualizó Restrepo.

El presidente del centro de pensamiento económico Anif, José Ignacio López, expuso durante el Congreso Nacional de Exportadores el por qué algunos de los puntos de la reforma tributaria del Gobierno de Gustavo Petro son perjudiciales para el país y la economía.

“Hay un problema de legitimidad, pues el Gobierno no ha logrado explicar cómo -sabiendo que tenemos unas deficiencias tan enormes en temas de seguridad, salud, subsidios- pide esa contribución de $26 billones. En términos generales es muy difícil salir a defender esta Ley de Financiamiento con este déficit de legitimidad, ese problema mismo de legitimidad lleva al Gobierno a presentar en buena parte iniciativas donde los temas son impuestos y unos impuestos que son ‘confiscatorios’ para varios sectores”, sostuvo López.

En ese sentido, el presidente de Anif recalcó que esta es una reforma en contra de la inversión y el crecimiento del país.

“Es un gran paquete de estímulos fiscales a la mano y si seguimos con ese tipo de tributación, lo que vamos a tender es que muchos colombianos sigan emigrando y sigamos exportando capital”, detalló.

La presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, sostuvo que la solución a la crisis fiscal no puede ser más impuestos a las mismas empresas y ciudadanos.

“Colombia necesita disciplina del gasto, crecimiento e inversión para sanear las finanzas públicas de manera sostenible. La salida sostenible a la crisis fiscal requiere austeridad y eficiencia en el gasto, con un Estado que contenga sus costos de funcionamiento y priorice la inversión productiva antes de exigir nuevos esfuerzos a los contribuyentes”, indicó Lacouture.

Y es que también se ha hablado sobre las probabilidades de que esta reforma tributaria tenga vida en el Congreso. Según José Ignacio López, esta ley de financiamiento tiene pocas probabilidades de pasar en el Congreso.

“El Gobierno, frente al sector privado, frente a la sociedad civil y frente al público en general, creo que no ha logrado explicar cómo sabiendo que por un lado tenemos unas deficiencias tan enormes en temas de presencia del Estado, tema de seguridad, en tema de salud y en tema de subsidios, piden esa contribución de $26 billones que es una cifra obviamente no menor. Yo creo que sí se enfrenta un problema de legitimidad. Entonces, yo creo que muchos colombianos no ven o no logran entender por qué estamos en esta situación fiscal cuando se nota una ausencia del Estado tan clara en muchos frentes”, socializó López.

Explicó que ese problema mismo de legitimidad lleva al Gobierno a presentar en buena parte iniciativas donde lo que prima son impuestos indirectos y unos impuestos que son confiscatorios para varios sectores.

Como aberrante calificó Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, el proyecto de Ley de Financiamiento, el cual representa, en los hechos, una nueva reforma tributaria que, según el dirigente gremial, afectará gravemente el bolsillo de las familias, el comercio formal y la estabilidad económica del país.

“Estamos ante una propuesta que busca resolver el desequilibrio fiscal no con eficiencia en el gasto, sino extrayendo aún más recursos de los ciudadanos y del sector productivo. Esto es insostenible y socialmente injusto”, afirmó el vocero de los comerciantes.

Sostuvo que el panorama fiscal del país ya es alarmante: déficit proyectado de 6,2 % en 2026 y 7,1 % en 2027, una deuda pública que llegaría al 68,9 % del Producto Interno Bruto (PIB) al cierre de 2024, y una ejecución de inversión que no supera el 57 %.

“A pesar de ello, el Gobierno insiste en alimentar un aparato burocrático costoso e ineficiente, proponiendo un presupuesto con un hueco de $26,3 billones. En lugar de apretarse el cinturón, el Gobierno Petro pretende que sean los colombianos quienes asuman el costo de su mala gestión fiscal”, dijo Cabal.

¿Tema político?

Para el ex ministro de Hacienda José Manuel Restrepo, más allá de un nuevo caballo para la campaña política, la ve esto como una excusa para victimizarse y no asumir las responsabilidades del derroche en gasto público.

“O bien, cuando el Congreso la niegue, porque seguramente lo va a negar, justificar eventualmente una emergencia económica sin ningún argumento, porque lo que justificaría la solución a esa eventual emergencia económica, sería controlar el derroche del propio Gobierno”, enfatizó Restrepo.

Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), expresó que a propuesta de la reforma tributaria, de aplicar un IVA del 19 % en servicios turísticos a los turistas extranjeros no residentes, un beneficio del que actualmente están exentos, afectaría gravemente el camino que ha venido marcando el turismo.

Dice Cortés que lo anterior indicaría que con la medida se haría un recaudo estimado de $70.000 millones, es decir USD17,4 millones, lo que equivaldría a 0,34 % de lo que el turismo generó en divisas en el primer semestre del 2025 y 0,18 % de lo obtenido en 2024, lo que cuestionaría su efectividad. “Esta iniciativa también dejaría a Colombia en desventaja en competitividad internacional como destino, teniendo en cuenta que países de la región como Chile, Perú y Uruguay, tienen 0% de IVA en servicios turísticos”.

De acuerdo con el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, este tributo no solo tendría un efecto en la canasta familiar, sino también en el transporte de mercancía y en los costos logísticos.

“Vamos a tener un solo impuesto que va a afectar toda la canasta familiar, va a afectar también a los pequeños negocios, va a afectar a las pequeñas empresas que van a necesitar transportar su gente y sus productos y no lo van a lograr hacer. Pero también va a afectar a los productores que logran exportar o que intentan exportar nuestros productos al quitarle competitividad y al generarle mayores costos logísticos”, indicó Mac Master.

El proyecto tiene que surtir varias etapas en su trámite. El primer paso es la designación de ponentes y la elaboración del texto de ponencia para primeros debates. Posterior a eso, se presentan las ponencias alternativas negativas para luego entrar a votar. En caso de que no se acepte ninguna o acogen la negativa, el proyecto sería negado.

La firma internacional Crowe Co elaboró un informe que detalla los puntos más sensibles del proyecto y su efecto en las finanzas de los ciudadanos. Como advierte Lina Gómez, gerente de Impuestos y Servicios Legales de la compañía: “La Ley de Financiamiento redefinirá cómo gastan, ahorran y disfrutan los colombianos. Su efecto será visible en cada recibo, cada compra y cada decisión de consumo”.

El alza de impuestos a los combustibles podría ser uno de los golpes más duros al bolsillo. ¿La razón? Hoy un galón de gasolina cuesta en promedio $15.800, pero con el IVA del 10% en 2026 y del 19% en 2027 —como plantea la Ley de Financiamiento— subiría a $18.800. En el caso del diésel (ACPM), el precio pasaría de $10.500 a más de $12.500 desde 2028, ello sin contar con el alzan del precio anual.

¿Y cómo se traduce esto en la vida diaria? Llenar el tanque del carro sería más costoso, el pasaje en bus podría aumentar entre $100 y $150, un domicilio en moto saldría hasta $500 más caro, y transportar alimentos encarecería el mercado en un 1,2%. Además, con el impuesto al carbono, la carga por galón casi se duplicaría, lo que también empujaría hacia arriba el precio de los tiquetes aéreos en 3% a 5%.

El ocio y el entretenimiento no se salvan del golpe. La cerveza, tan presente en la vida cotidiana, subiría un 50%: una botella que hoy cuesta $3.000 pasaría a $4.500, y una jarra de refajo en un bar o restaurante saltaría de $20.000 a $30.000. Incluso las maltas y cervezas sin alcohol sentirán el impacto, con un aumento del 25%.

La cultura y el ocio también se encarecen. Con el nuevo IVA del 19%, una boleta de $200.000 subiría a $238.000 y una VIP de $500.000 pasaría a $595.000.

El entretenimiento digital igualmente ajusta sus precios: Netflix estándar subiría de $32.900 a casi $34.000.