Con un sistema de salud deficiente, una situación estructural de vulnerabilidad derivada de la corrupción y la ausencia histórica del Estado, el Amazonas colombiano sufre en la pandemia la suma del olvido de las comunidades indígenas y la negligencia estatal sobre este territorio.

Este departamento tiene una de las tasas de infección más altas del país es el que mayor número de contagiados por el COVID-19 tiene en todo el país y pesar de las alarmas que se han despertado en los medios nacionales y por los líderes locales, el Estado en todos sus niveles, ha operado de forma lenta e ineficiente para responder al nivel de urgencia que se presenta en este territorio.

Colombia es un país sumamente diverso en el que cada región se enfrenta a sus propias realidades y cultura, por lo que asumir que medidas adoptadas desde el orden nacional serán suficientes para combatir la expansión del COVID-19 es llevarnos a la extinción. Tampoco se puede suponer que todas las ciudades o departamentos tienen la capacidad para gestionar las medidas locales correctas; habiendo ciudades afortunadas como Bogotá, Barranquilla y Medellín, que cuentan con administraciones sólidas y buenos gestores, hay otras que necesitan todo el soporte técnico que desde lo nacional se pueda prestar.

Leticia, vecina de calle de Tabatinga, no solamente vive la complejidad de una frontera que por su naturaleza no puede tener los controles propios de una clásica división político-administrativa, sino también la dificultad de tener un gobierno en Brasil que no ha tomado las decisiones correctas para afrontar la pandemia. Al respecto, el gobierno de Colombia tiene la obligación de tomar medidas apropiadas para controlar el virus, no siendo una de estas el cierre de la frontera, pero sí la provisión de ambulancias, el mejoramiento en atención, el incremento de camas hospitalarias del Hospital San Rafael de Leticia o nuevas infraestructuras. Asimismo, es necesario que se establezcan decisiones conjuntas entre Brasil, Colombia y Perú, para contrarrestar la ausencia de los Estados en estas fronteras y tomar acciones que protejan a las etnias, teniendo en cuenta los estándares internacionales en materia de protección de comunidades indígenas y tribales.

Las condiciones en las que se dio la muerte de Camilo Suárez, diputado del Amazonas por el partido Alianza Verde, mientras esperaba los resultados de las pruebas del COVID-19, son el reflejo de un Estado al que le pesan las piernas a la hora de dar los pasos necesarios. Nadie está exento de contagiarse y morir por este virus, pero en un sistema de salud como el del Amazonas colombiano, donde solo hay una unidad de cuidados intensivos, las probabilidades de recibir un tratamiento de salud digno son sustancialmente menores.

La discriminación y la miopía para ver los problemas fuera de las principales ciudades del país no puede seguir siendo la constante y, aunque como sociedad cueste reconocerlo, Colombia está lejos de ser un ejemplo en materia de protección de derechos de las comunidades indígenas, para la muestra un botón.

@tatidangond