En un país donde las razones de la violencia han tenido estrecha relación con la doctrina de que el adversario político es el enemigo, la apertura política y las garantías para quienes representan las variopintas visiones del pueblo, se convierten en la piedra angular para la consolidación de una sana democracia. Pronto se conocerá la decisión de la Corte Constitucional en la que se reconocerá la personería del movimiento de la Colombia Humana, a partir de una acción de tutela presentada por Gustavo Petro contra la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de denegarle el reconocimiento de partido político a este grupo.  

La decisión del CNE se encuentra fundada en los requisitos exigidos para el reconocimiento de los partidos, entre estos, que los movimientos alcancen un umbral de votos en las elecciones legislativas. En estricto sentido la Colombia Humana no cumple con estos requisitos, no obstante, Gustavo Petro, líder de esta organización, obtuvo una votación notablemente importante en la segunda vuelta de las pasadas elecciones presidenciales. Esta votación es la que le permitió ocupar una curul en el Senado de la República, y de este hecho, se deriva la petición de Petro de que su movimiento sea reconocido como partido. 

En un contexto social e institucional donde la participación haya sido históricamente garantizada para los líderes de todas las corrientes de pensamiento, no deberían hacerse excepciones a las reglas electorales establecidas, pues ello supondría ventajas subjetivas que no deberían concederse a nadie. Por el contrario, en Colombia ha existido todo tipo de trabas e impedimentos para la representación política, en especial, aquellas ligadas a las corrientes de izquierda, lo que implica hacer un ejercicio de apertura política que suponga alteraciones a la rigidez legal en pro de la democracia. 

Por miedo, ingenuidad o por ambición en Colombia los partidos tradicionales y sus derivados excluyeron durante décadas a los movimientos de izquierda, pensando que con ello evitarían la perversión de una revolución sociopolítica. Sin embargo, lo que ello generó fue la consolidación de un sinnúmero de personas que se sentían identificadas con las ideas de izquierda, pero que estaban institucionalmente huérfanas de representación política. Todo Colombia conoce hoy los efectos que tuvo la doctrina del odio contrainsurgente – que expone Renán Vega Cantor en su informe para la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas- y que derivaron en un conflicto armado que todavía no hemos logrado superar. 

La apertura política, establecida también en el Acuerdo de Paz, supone para Colombia una necesidad de abrir los caminos para que los movimientos, cualquiera que sea su ideología, tengan un espacio para participar y las garantías necesarias para ello. El caso de la Colombia Humana y su reconocimiento como partido se da en desarrollo del espíritu de la Constitución, el cual es la soberanía popular y la democracia participativa como los ejes centrales del Estados Social de Derecho. 

@tatidangond