Que un grupo de miembros de la Policía Nacional haya visto con buenos ojos ilustrar uno de los periodos más horrorosos de la historia haciendo apología al Nazismo, es la muestra de que hay una crisis de valores entre integrantes de una institución que todavía no ha entendido que su labor es la garantía y respeto de los derechos humanos. El pasado jueves en la Escuela de Policía Simón Bolívar en Tulúa se realizó una actividad que buscaba ser un espacio pedagógico y que terminó convirtiéndose en un escenario que parecía más un elogio a los Nazis que un verdadero espacio de condena al Holocausto. La respuesta dada por el embajador de Estados Unidos en Colombia Philip S. Goldberg al tuit del presidente Duque, es más que acertada “ninguna explicación es suficiente” para entender las razones por las que un grupo de policías decide utilizar en una actividad oficial símbolos que solo conmemoran un flagelo que la historia jamás deberá olvidar y que siempre tendremos que rechazar con absoluta vehemencia.

El gobierno nacional anunció que tomará medidas para responsabilizar a las personas que estuvieron detrás de este hecho que ha consternado al país y a la sociedad internacional, sin embargo, valdría la pena preguntarse si este es un hecho aislado o si existe en esta institución una carencia de valores que se replica entre los diferentes niveles de la policía y que desconoce que la única forma legítima del uso de la fuerza es para la defensa de la dignidad humana y la protección de las personas.

Si esto es así, las medidas que deberá adoptar el gobierno nacional no deberán limitarse a retirar de la Policía a los responsables directos, sino que deberá tomar acciones que busquen promover de una manera efectiva los derechos humanos, la reivindicación de los derechos de las víctimas de la violencia y el reconocimiento de la dignidad humana como el centro y pilar de su actividad. Este hecho no debe pasar desapercibido, en tanto es un acto ignominioso en contra las víctimas del Holocausto como también una afrenta contra los valores universales supremos en los que debe primar la paz y la vida.  

Lo sucedido en Tulúa debería ser un motivo adicional para introducir las reformas estructurales en los procesos de formación de los miembros de la Fuerza Pública, que garantice a los colombianos el cabal cumplimiento de su deber bajo observancia absoluta de los derechos humanos. Esto, indudablemente requiere del liderazgo y la voluntad política del gobierno nacional a través del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Educación – que certifica los programas de formación dentro la Fuerza Pública-.

@tatidangond